Justicia no renovará a los trabajadores de la violencia de género que no estén colegiados

Los médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las Unidades de Valoracíón Integral de Violencia de Género que no estén colegiados no serán renovados en sus puestos. Lo ha anunciado este jueves Juan Marín, vicepresidente de la Junta y titular de Justicia, en una comisión parlamentaria en la que ha revelado también que el refuerzo previsto para estas unidades y los juzgados de violencia de género se hará efectiva en los próximos días.

Marín ha explicado que sólo se prorrogarán los contratos que sean "imprescindibles" y que, cuando se hagan nuevas incorporaciones, serán con unos nuevos pliegos donde se contempla la obligación de colegiación para estos trabajadores. Una sentencia del Tribunal Constitucional obligaba a los empleados públicos a estar colegiados, pero este requisito no se ha puesto sobre la mesa hasta que Vox no ha puesto la gestión de las unidades de violencia de género sobre la mesa.

"Muchos son trabajadores altamente ideologizados", ha dicho en la comisión la diputada de Vox Ángela Mulas, que ha recordado cómo su partido solicitó, inicialmente, los datos personales de los empleados que realizan los informes periciales de los casos de violencia de género y de familia. A partir de esta denuncia, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia, y Administración Local, que dirige Juan Marín, elaboró un informe en el cual afloró que el 44% de estos trabajadores no estaban colegiados.

Tras conocer el dato, la propia Administración ordenó a los empleados, tanto externos como del sector público, que se colegiaran. La petición ha hecho efecto y, según Marín, sólo el 12,5% de los psicólogos, médicos forenses y trabajadores sociales de los equipos de valoración no están colegiados. Sin embargo, hay partidos que han restado importancia a este hecho. Y no todos son de la oposición.

"La colegiación no es garantía de especialización", ha defendido la diputada de Adelante Andalucía Inmaculada Nieto, que ha abogado por hacer prevalecer en los pliegos a aquellos aspirantes que tengan formación específica en violencia de género. A esta postura se han adherido, en primera instancia, la diputada popular Carmen Céspedes y la socialista Mercedes Gámez. El propio Juan Marín ha recogido el guante en su segunda intervención y ha anunciado que estudiará la situación.

La obligación de colegiación no es la única de las novedades adelantadas por el consejero de Justicia en su comparecencia, que ha anunciado que se unificarán los precios de estas valoraciones entre las diferentes provincias. En la actualidad, hay diferencias de hasta 100 euros entre unos lugares y otros. También se obligará a las empresas a que los psicólogos, médicos y trabajadores sociales que se dediquen a estas labores no sean subcontratados.