El nuevo frente de la Junta con las universidades: el polémico recorte de los 135 millones

La crisis del coronavirus empieza a hacer mella en la tesorería de las universidades públicas andaluzas, cuya situación ya de por sí no era especialmente buena debido a los recortes sufridos en años anteriores. La Junta de Andalucía anunció la semana pasada a bombo y platillo que iba a saldar la deuda acumulada con las universidades desde 2015, que asciende a casi 127 millones de euros. Pero en ese comunicado había una letra pequeña, un "ajuste" en el presupuesto de 2020 de 135 millones de euros.

Para atender la crisis social y económica por el Covid-19, el Gobierno andaluz prevé recortar 135 millones a las diez universidades públicas de Andalucía, unos fondos que representan casi el 10% de los más de 1.400 millones que recibieron las universidades este año de los presupuestos autonómicos.

Este recorte afectará a la partida de gastos corrientes, donde están incluidas las nóminas. Las universidades aún desconocen oficialmente en qué medida les afectará a cada una este recorte. En este sentido, las previsiones de la Universidad de Granada, una de las dos campus más grandes de Andalucía junto al de Sevilla, hablan de 30 millones menos en su presupuesto.

Estos 135 millones de euros es lo que aportan las universidades al Fondo de Emergencia Social y Económica contra el Covid-19 que la Junta de Andalucía acordó crear en el Consejo de Gobierno del 18 de mayo por un valor total de 700 millones de euros.

A esto se suma que, para hacer frente a este recorte, la Junta ha autorizado a las universidades por segundo año consecutivo a utilizar los llamados remanentes no afectados (importe no ejecutado de un presupuesto ordinario anterior), es decir, los ahorros de las universidades, y entrar así en un déficit controlado.

Si en 2019, el Gobierno andaluz permitió usar 40 millones de euros para gastos corrientes, en esta ocasión, se autoriza a las universidades a coger de sus ahorros 135 millones de euros. Al mismo tiempo se habilita una línea de inversiones de hasta 125 millones para infraestructuras y se les transfiere 127 millones de la deuda contraída.

Para acceder a estos 125 millones del plan extraordinario de infraestructuras, "se emitirán por parte de la Consejería competente en materia de Hacienda, previa solicitud de las Universidades Públicas Andaluzas, autorizaciones de generación contra remanentes", según señala el acuerdo del 18 de mayo de 2020 del Consejo de Gobierno, por el que se insta al consejero de Hacienda, Industria y Energía a iniciar las actuaciones necesarias para la dotación del Fondo de Emergencia Social y Económica contra el Covid-19.

Sin modelo de financiación y al borde de la quiebra

Universidades y sindicatos se quejan del gran esfuerzo que hacen las primeras para paliar los efectos económicos de la pandemia, ya que los 135 millones que aportan suponen el 19,3% del Fondo de Emergencia Social y Económico, dinero que eliminan de sus remanentes ideados en un principio para acometer grandes actuaciones estructurales. Sin embargo, el presupuesto total de las Universidades es de 1.446 millones de euros, es decir, el 3,8% del presupuesto total de la Junta (38.540 millones). Por lo tanto, el esfuerzo que hacen las universidades es cinco veces mayor a su capacidad, según lamentan estas instituciones académicas.

Además, el déficit en el que incurrirá el sistema universitario andaluz será de 260 millones: los 135 millones mencionados más los 125 millones que se plantean para inversiones. El total de remanentes no afectados de la Universidad reconocidos a 31 de diciembre de 2019, era de 434 millones, según fuentes oficiales. Esto quiere decir que si en 2020 se incurre en un déficit de 260 millones, las universidades andaluzas habrán consumido el 60% de sus ahorros en sólo un año.

Por otro lado, nada se sabe aún del tan ansiado modelo de financiación plurianual que se anunció en diciembre y que debía estar cerrado en la primera parte de 2020. Las universidades advierten que, con estas noticias y condiciones, la incertidumbre de su futuro es "tremendo" y que un escenario similar para el próximo año llevaría a la desaparición de todos los remanentes y a la quiebra de la universidad pública de Andalucía.

Aún no está todo decidido, especialmente cómo afectará a cada una de las universidades estas medidas. En las últimas horas se han producido varias reuniones entre la Junta y las universidades y próximamente habrá un nuevo encuentro entre la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad y los rectores andaluces para concretar los detalles.

La Junta niega los recortes

El consejero Rogelio Velasco asegura que los rectores que la crisis "requiere del esfuerzo conjunto, la responsabilidad y la solidaridad de todos" y que "las universidades andaluzas siempre cuentan con recursos para su correcto funcionamiento, algo que no va a cambiar".

La Junta niega el recorte de 135 millones y lo califica de "ajustes en el presupuesto". Además, ofrece una versión opuesta a las universidades: "En ningún caso es un recorte, puesto que se compensa (y se incrementan) las partidas destinadas a las universidades".

"Es importante resaltar el incremento del gasto sanitario y social derivado de la crisis del Covid-19. Como es conocido, los ingresos descenderán y el Gobierno central mantiene los mismos objetivos de déficit para las comunidades autónomas, además de asignar partidas que se consideran del todo insuficientes para Andalucía. Por este motivo hay que recurrir a fondos hasta ahora inmovilizados, como son los remanentes, para actuar ante una situación tan extraordinaria", explican desde la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad.

"Gracias a esta medida no se reducirán sueldos, ni gastos corrientes, ni la dotación para investigación.

Este Gobierno andaluz está absolutamente comprometido con las universidades, que no han sufrido recortes ni en 2020 ni lo hicieron en 2019. Nos situamos en ejercicios con la mayor cota de financiación para universidades públicas de los últimos 12 años", aseguran desde el departamento que dirige Rogelio Velasco.

El Ejecutivo afirma que destina 1.795 millones a universidad e investigación, pero en la última partida de 415 millones hay múltiples organismos beneficiados al margen de las universidades.

UGT amenaza con llegar hasta la vía penal

Los sindicatos también se han echo eco de esta situación y la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Andalucía (FeSP-UGT Andalucía) anunció este martes que defenderá a las universidades públicas andaluzas, "llegando hasta la vía penal" contra el "recorte brutal de 135 millones de euros" del Gobierno autonómico a las mismas, una decisión que "no tiene ningún sentido y denota intereses inconfesados de odio hacia lo público, hacia la enseñanza superior, hacia la investigación y de entrega fervorosa a las universidades privadas".

Según expone en un comunicado el sindicato, "cuando nadie lo ha pedido, ni Europa, ni el Gobierno de España habla de recortes, excepto la prensa de la extrema derecha", la Junta de Andalucía, "al rebufo" de la crisis del coronavirus, "cuando cree que la sociedad está más indefensa, aprovechando el dolor colectivo, ha comenzado un ataque desmedido contra las universidades públicas anunciando un recorte económico sin precedentes".

FeSP UGT Andalucía asegura que actuará con todos sus medios para oponerse a tal "recorte", e insta a los rectores de las universidades, a las demás centrales sindicales, a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto, a "formar un frente de rechazo a tales medidas".

"Además de su propia perversidad, tememos que esto suponga el primer paso para la liquidación de las universidades públicas de Andalucía y su entrega en manos de las privadas. El fervor con el que están apoyando su reciente crecimiento e implantación en Andalucía es un mal síntoma de todo ello", añade. "Nuestra oposición se realizará por todos los medios a nuestro alcance, la denuncia pública, como la presente, las movilizaciones, la huelga general o la denuncia ante la jurisdicción penal, contra una medida así, que va contra nuestras leyes más sagradas encabezadas por la Constitución", concluye UGT.