La Junta asegura estar "muy tranquila" ante la declaración del ex interventor por el caso de los ERE

Comparecencia clave mañana para la investigación del escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. El ex interventor de la Junta, Manuel Gómez, declarará como imputado ante la juez que investiga el caso, Mercedes Alaya, y desde el Ejecutivo autonómico aguardan el resultado de esa cita con "absoluta tranquilidad". Al menos eso fue lo que aseguró ayer el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, porque en el seno del Ejecutivo reina la certeza de que Gómez dirá "toda la verdad".

Ésta no es otra, a juicio de la Junta, que la que Gómez ya ofreció en su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento en agosto de 2012, donde manifestó que "nadie de la Intervención General percibió menoscabo de fondos públicos". Según Vázquez, el Gobierno andaluz está "deseando" que el ex interventor comparezca "y deje muchas cosas claras para que, algunos como el PP, dejen de usar medias verdades e insidias que hacen mucho daño a personas honestas, íntegras y honradas" y que nada tienen que ver con aquellos que se han "aprovechado" de las arcas públicas.

El Ejecutivo tiene la confianza de que Gómez, "que ya declaró bajo juramento en el Parlamento y que no es cuestión menor, ratifique que nadie detectó menoscabo de fondos públicos, que nunca llegaron peticiones de Intervención a la Consejería de Hacienda, sino a Empleo y que todas las modificaciones presupuestarias que se hicieron tenían la firma de la Intervención General de la Junta", apuntado el portavoz del Ejecutivo.

No obstante, el Gobierno autonómico sigue defendiendo que la declaración del ex interventor general no debía producirse estando pendiente un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla presentado por la Junta ante el auto de la juez Alaya del pasado 28 de junio, en el que imputaba a más de 20 altos y exaltos cargos de la Administración andaluza.

"La juez Alaya ha decidido en su último auto que no debe aplazar la citación y nosotros somos respetuosos con la decisión", dijo Vázquez que, preguntado sobre si el Ejecutivo pagará la defensa de los altos cargos y exaltos cargos imputados, respondió que es un asunto que está sobre la mesa, que no compete al ámbito político y sobre el que se decidirá en su momento en función de la autonomía que tiene el gabinete jurídico de la Junta.

Sobre el último auto en el que, además de mantener la citación del ex interventor general de la Junta, Alaya también censura la actitud "más propia de una defensa" de la Administración andaluza, Vázquez subrayó que el Gobierno "disiente" sobre su contenido, aunque lo respeta, y que la Junta no se considera "juez y parte", sino que actúa como acusación particular porque lo que quiere es un "procedimiento garantista que permita llegar al final de la instrucción, que paguen los culpables y recuperar el dinero defraudado".

Sobre otras consideraciones de este último auto de la juez, el portavoz ha querido dejar claro que la Junta siempre ha planteado celeridad en la instrucción, "pero celeridad con seguridad jurídica". Y es que, en su opinión, "es mejor pararse un minuto para dar un paso firme y seguro que tomar una carrera que no sabemos dónde nos pueda llevar".

El coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, defendió ayer la "coherencia" de la Junta al presentar su recurso al auto en el que la juez Alaya imputó a una veintena de ex altos cargos. Maíllo aclaró que el caso de los ERE no pertenece a un acuerdo político y que la Junta "tiene que actuar siempre para esclarecer las responsabilidades, para que salgan los culpables, sean quienes sean, y devuelvan el dinero" y ha recalcado que considera que el recurso se ha presentado con "coherencia".

Maíllo dijo que de no haber sido así, o "si éste hubiera salido en defensa de alguien", su partido no lo hubiera compartido, al igual que no comparte que se pague la defensa o la asistencia jurídica de los imputados.