La Junta salvará 25.000 viviendas ilegales antes de las municipales

Sevilla/El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó ayer iniciar la elaboración del anteproyecto de ley que modificará tres artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para regularizar construcciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable. Se trata de la cuarta modificación de la LOUA desde 2002. Este anteproyecto se tramitará por vía de urgencia ante el Parlamento, por lo que estará aprobado en cuatro meses, según anunció ayer en rueda de prensa la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano. De esta manera, antes de las elecciones municipales de mayo, la presidenta andaluza, Susana Díaz, habrá cumplido con el compromiso adquirido a mediados de septiembre en el Debate sobre el estado de la Comunidad de levantar el veto a construcciones levantadas en parcelaciones, entre 20.000 y 25.000 según las estimaciones, gran parte en Almería y Málaga.

La propuesta de la presidenta en el Parlamento salió adelante gracias a la abstención del PP y con el voto desfavorable de IU, socio de Gobierno del PSOE en la Junta, por lo que en las últimas semanas ambos partidos han negociado en tiempo récord un posicionamiento común que permitiese la aprobación del Consejo de Gobierno.

El acuerdo incorpora el matiz de que las edificaciones estén destinadas a vivienda habitual, sin distinguir entre primera o segunda residencia porque, según Serrano, ese conocimiento es inabordable. La consejera por parte del PSOE habló de "pocas variaciones" a diferencia del énfasis que han puesto dirigentes de IU en que el proyecto va "más allá" de la propuesta de Díaz. Serrano zanjó con un "hemos traído un acuerdo, y punto" la insistencia de los periodistas por conocer qué partido había cedido.

La modificación del artículo 185.2 de la LOUA y los "colaterales" 68.2 y 183.3 levantará el veto a las construcciones que se han levantado en parcelaciones de suelo no urbanizable. Accederán a servicios básicos y podrán acceder al registro para su venta, pero no podrán ampliarse, por ejemplo, porque no serán legales. La Junta pone el acento en que se trata de una "regularización" y en los últimos días también habla de "alegal" por ilegal.

El relato de la Junta es que estas viviendas se quedaron fuera de la anterior modificación de la LOUA (en 2012, a escasos días de las elecciones autonómicas), mientras que otras viviendas diseminadas sí pueden acceder a la figura de asimilado a fuera de ordenación (AFO). Con este cambio se corrige esta "injusticia", siempre que estas viviendas tengan más de seis años y haya prescrito cualquier denuncia sobre ellas.

Para que estas viviendas se puedan regularizar, el municipio primero tiene que reconocerlas. Hasta el momento, sólo 60 municipios (un 7,8%) han aprobado sus avances de ordenación. Otros 48 están en trámite y 163 han emitido declaraciones de innecesariedad al entender que no cuentan con este tipo de asentamientos.

Ante este escaso seguimiento, la Junta incorpora una disposición adicional por la que da dos años a los municipios para inventariar sus viviendas ilegales. Terminado ese plazo, lo hará la propia Administración. Sólo en los municipios que inicien este proceso podrá comenzarse a regularizar viviendas, por lo que este anuncio de la Junta queda sometido a la voluntad de los ayuntamientos para incorporarse a este procedimiento.