La Junta saldará con las universidades andaluzas su deuda pendiente desde 2015: 127 millones de euros

La Junta de Andalucía saldará con las universidades andaluzas la deuda acumulada que tiene pendiente desde el año 2015, una cifra que asciende a casi 127 millones de euros. Así se lo ha comunicado el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, a los rectores de las universidades públicas andaluzas a través de una reunión telemática.

"El abono de esta partida les permitirá a las universidades disponer de recursos extraordinarios para emplearlos en inversiones, una medida que contribuirá a fomentar la reactivación económica", destaca la Consejería en un comunicado.

El ejecutivo andaluz cifra actualmente este déficit acumulado del anterior Gobierno autonómico en 126,9 millones de euros. Las universidades andaluzas llevan varios años reclamando esta deuda, que llegó a alcanzar en el verano de 2013 su punto álgido: 932 millones de euros. Las universidades desconocen aún qué cantidad le corresponde a cada una, información que, en principio, conocerán este lunes.

Rogelio Velasco ha mantenido una reunión telemática con los máximos responsables de las diez universidades, en las que ha avanzado los principales cambios sobre el presupuesto de la Junta en esta materia, a fin de hacer frente al gasto sanitario y social derivado de la pandemia del coronavirus.

"Los ajustes propuestos servirán para contribuir al Fondo de Emergencia Social y Económica contra el covid-19 de 700 millones", apuntan desde la Consejería. Se trata, por una parte, de asignar la partida extraordinaria para el pago de la citada deuda; por otra, de habilitar una línea para inversiones de las universidades andaluzas dotada con 125 millones de euros; y en tercer lugar, se ajustarían 135 millones de presupuesto inicialmente previsto para 2020, cuantía que se compensará por la aportación de idéntica cantidad de los denominados remanentes no afectados.

Los remanentes no afectados son fondos que se nutren de los sobrantes de presupuestos con los que se dotan anualmente a las universidades cuando sus gastos son inferiores a los inicialmente previstos. En otras palabras, son los ahorros de las universidades, el dinero que las universidades han ido acumulando estos años gracias a una "gestión prudente", "un dinero que el gobierno andaluz prometió y que nunca llegó, según explicó el rector Miguel Ángel Castro a este medio.

La Junta autorizó a las universidades públicas en 2019 a utilizar un total de 40 millones de euros procedentes de los remanentes no afectados, de los cuales 11,3 millones fueron destinados a la Universidad de Sevilla y unos dos millones de euros a la Universidad Pablo de Olavide.

Esto se permitió ante la delicada situación económica de las universidades, los recortes en el presupuesto y la congelación del modelo de financiación. Lo que ha llevado a las universidades públicas andaluzas a incurrir en un déficit controlado. Los rectores de las dos universidades públicas sevillanas manifestaron entonces su desacuerdo con esta decisión.

La Universidad de Sevilla cerró 2019 en una situación de déficit "como consecuencia de la insuficiente financiación pública", señaló su máximo responsable, Miguel Ángel Castro; mientras que el rector de la Pablo de Olavide, Vicente Guzmán, llegó a acusar a la Junta de llevar a la Universidad a la asfixia económica.

El consejero ha asegurado que "la educación superior es uno de los servicios públicos básicos que la Junta de Andalucía garantiza presupuestariamente". "Las universidades andaluzas siempre cuentan con los recursos que necesitan para asegurar la prestación de ese servicio y su correcto funcionamiento, algo que no va a cambiar, ya que la labor que desarrollan las universidades públicas andaluzas constituye una actividad de alto interés para la comunidad autónoma y la base del sistema andaluz del conocimiento, que es uno de los pilares en los que se ha de fundamentar la competitividad empresarial y el desarrollo económico de Andalucía", ha añadido.

El ajuste de los remanentes y la nueva dotación para inversiones e infraestructuras será debatido con los rectores, con el objetivo de alcanzar "en la medida de lo posible" un consenso pleno en el reparto de todos estos recursos. Los criterios que se apliquen, en cualquier caso, responderán, bajo el principio de proporcionalidad, a la capacidad financiera de cada universidad, según informa la Consejería.