La Junta dejará de pagar las reservas en residencias de mayores y discapacitados

La Junta de Andalucía dejará de pagar a partir de septiembre la reserva de plazas en los centros de mayores y discapacitados que tiene concertados en la comunidad. La falta de cobertura pública ha llevado tradicionalmente a la Junta a concertar con el sector privado y a reservar las plazas cuando los internos fallecen o cambian de centro, a la espera de poder derivar a otros usuarios. Pero la parálisis de la ley de dependencia provoca que la cifra de vacantes aumente, hasta el punto de que en la actualidad 2.800 de las 11.163 plazas que la Junta tiene concertadas en centros de mayores (el 25%) están vacías.

Ante esta situación, la Junta ha decidido extinguir la reserva de plazas como una medida de ahorro para el gasto público. En una carta remitida a las patronales y las grandes empresas del sector de atención residencial en los primeros días de agosto, la Consejería de Salud y Bienestar Social les informa de que considera "necesario eliminar la previsión de la financiación de la plaza concertada y no ocupada por falta de designación de su titular en relación a los centros de atención especializada para personas mayores y personas con discapacidad".

Salud modifica para ello las órdenes que regulan esta financiación desde 1996. Entenderá que la plaza está vacía y dejará de pagar cuando el residente supere los cuatro días de un permiso de fin de semana o vacaciones. También cuando el titular se encuentre ausente por enfermedad o internamiento en un centro hospitalario. Los interesados han tenido 15 días para presentar alegaciones y esperan registrarlas el lunes.

El anuncio ha dejado impactado al sector, principalmente a las residencias de mayores. En los centros de discapacitados, por ahora, se está cumpliendo con la tasa de reposición, es decir, se ocupan las plazas en cuanto se quedan libres.

Pero en las residencias (y en los centros de día, que también se verán afectados por el cambio de norma) hace meses que padecen retrasos. El sector culpa a la propia Administración andaluza de haber provocado esta situación, ya que desde hace año y medio guarda en un cajón los expedientes de los dependientes que piden ayudas. Hasta 40.000 solicitantes se encuentran a la espera.

Además, el sector lamenta que después de un año negociando la Junta haya aprobado esta medida unilateralmente y con agostosía. En mayo se dieron por rotas las negociaciones. El pasado verano la Junta y las diferentes patronales (Federación Andaluza de Atención a la Dependencia, Lares Sector Solidario, cooperativas de trabajo Faecta y las grandes empresas que trabajan en Andalucía) firmaron un acuerdo (no publicitado) por el que la Junta redujo su aportación un 12,5% y el sector "compensó" esta pérdida con una reducción del 20% en los puestos de trabajo.

Pero la Junta pidió más recortes.

Los sindicatos defendieron el empleo y las empresas las tarifas actuales mientras tengan que mantener la ocupación al 90%. La amenaza de una gran manifestación provocó un parón en la intención de la Junta, que se ha mantenido hasta este sorpresivo anuncio. Fuentes de la Consejería de Salud esgrimen que esta solución de extinguir las reservas es la menos perjudicial para hacer frente a las políticas de ajuste que le impone el cumplimiento del objetivo de déficit y el recorte del Gobierno central a las políticas de dependencia (213 millones menos en dos años).

En la práctica, la comunidad perderá 2.800 plazas concertadas de las que no anda sobradas, porque sólo da cobertura al 2,8% de la población. Salud confía en que se recupere la tasa de reposición y nuevos usuarios las ocupen, una quimera atendiendo al desmantelamiento de la ley de dependencia.

El sector avisa que no podrá soportar el recorte previsto para septiembre. La Junta aporta el 60% del coste de la plaza y el dinero va directamente a pagar al personal, aseguran las residencias. "Entre suministros y personal, el margen de beneficio de la atención residencial es muy reducido", exponen.

El sector prevé que esta medida disminuirá la calidad de la atención, abocará al cierre a muchas pymes y obligará al despido de entre 1.500 y 2.000 trabajadores, principalmente, de pequeñas residencias en entornos rurales, ya que las grandes empresas operan en las grandes ciudades.

"No nos importaría que nos dejasen de pagar las reservas si se cubren las 2.800 plazas concertadas que están vacías. Por eso decimos que no es de recibo que estén sin ocupar y haya 50.000 potenciales dependientes que ni siquiera tienen una respuesta", concluyen.

Salud no aportó la cuantía que se ahorra con esta medida.