La Junta recortará otra vez las extras a sus empleados y prevé más ajustes

Los más de 265.000 empleados públicos que trabajan para la Junta de Andalucía no recibieron ayer buenas noticias. Un día después de que la Junta cifrase en 1.200 millones de euros la menor disponibilidad para gastar que tendrá el próximo año como consecuencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, apuntó al empleo público y a la inversión como principales damnificados de las cuentas que tendrá que elaborar en las próximas semanas la Junta de Andalucía. Una frase al término de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno fue la sentencia: "¿De dónde vamos a desmontar gasto por este importe?", dijo Montero.

Estos 1.200 millones (400 por las menores transferencias y 800 por el nuevo límite de déficit al 1%) tienen que recortarse si no se encuentran nuevos ingresos y, como subrayó la consejera, "no existen varitas mágicas". Así que el capítulo de personal, que supone el 58% de un Presupuesto de 30.706 millones, y la inversión, que este año se quedó en 3.800 millones, los más bajos desde 2004, se prevén como dianas, una vez que Montero negó que quede "grasa" para disminuir ese gasto.

La consejera fue tajante en cuanto al recorte de la inversión, que "tendrá que comprender" IU, socio de Gobierno, y más difusa en cuanto a las medidas de personal. Montero no quiso ratificar que en 2014 volverá a recortar los complementos en las pagas extra de sus empleados públicos, que equivale a una tercera parte de la paga extra (el resto procede del Estado), pero dejó sobre la mesa que no habrá más remedio. Con este panorama, se hace difícil aventurar que la Junta pueda recuperar esta retribución, por la que gasta 700 millones menos.

De hecho, Montero matizó las palabras de la presidenta de la Junta, Susana Díaz: "El compromiso de la presidenta es que no haya recortes adicionales en 2014 frente a los de 2013 y que se minimice el recorte del empleo público". Y añadió: "El compromiso es que no haya disminuciones salariales añadidas, que es difícil, porque con 1.200 millones menos es difícil".

Los empleados públicos y las centrales sindicales confían en que en 2014 la Junta no recorte de nuevo estos complementos adicionales. Este año recortó su parte en julio y también lo hará en Navidad. El Gobierno central sólo lo hizo en Navidad de 2012 y por ello la Junta sólo quitó su parte en julio de ese año. La pérdida para un funcionario de la Junta oscila entre un 30 y un 40% de cada paga extra. De un sueldo de 1.800 euros mensual, el recorte sería de en torno a 1.500 euros por las dos pagas.

Además la Junta ni siquiera tendría que tomar esta decisión legalmente. El último texto aprobado por el Parlamento en octubre de 2012 señala que se estudiará a final de este año "el levantamiento de la suspensión" en función de la disponibilidad presupuestaria y la mejora de la economía. Es decir, habría que aprobar levantar la medida, no implantarla de nuevo.

Aunque Montero eludió ratificar la continuidad de esta medida, el escenario presentado lo hace imposible. Y, con suerte, el impacto sobre el personal de la Junta quedará ahí. Porque el recorte de 1.200 millones supone un 4% del Presupuesto actual. ¿De dónde pueden proceder más recortes a los empleados públicos? En las pagas extra ya no es posible.

Hay complementos salariales, como los de productividad o destino. O se puede explorar el aumento de la reducción de jornada de los interinos, que se quedó en un 10% pese a la intención inicial de un 15% que han aplicado otras regiones. Hay margen en las empresas públicas, donde los recortes salariales a los más de 27.000 contratados han sido desiguales y sueldos aún estratosféricos en consejos de administración y personal directivo, como en Canal Sur. Montero rechazó que haya eliminación de empresas públicas tras el proceso de reordenación de 2011 y señaló que seguirán explorando soluciones. "Todo está en revisión y todas las ideas son bienvenidas", señaló la consejera, para añadir: "Sugerencias de verdad, no coches oficiales, que me parece poco serio", en referencia a las peticiones del PP.

Ante las incertidumbres del Presupuesto de la Junta para el próximo año se adivina la certeza de que los recortes de la Junta irán a parar a la cuenta del Gobierno de Mariano Rajoy. Por primera vez en los últimos años, un Consejo de Gobierno analizó con detalle los Presupuestos Generales del Estado. Como era previsible, la Junta recurrió al agravio y a la "penalización" que les supone unas cuentas que, no obstante, aún no conoce con exactitud.

La Junta responsabiliza al Gobierno de las menores transferencias por los anticipos a cuenta, procedentes en su mayor parte del sistema de financiación. El conjunto de la recaudación en todo el país ha caído por la crisis y por lo tanto descienden las transferencias a las autonomías. Uno de los instrumentos de este sistema, el Fondo de Suficiencia, desciende en Andalucía un 25,4%, de 667 a 497 millones. Castilla-La Mancha o Canarias tienen descensos mayores. El Fondo de Competitividad, que sirve para compensar las desigualdades del sistema de financiación, desciende otros 45 millones. En total, por esta vía, 400 millones. En los últimos cinco años se perdieron mil millones por cada anualidad, aunque este descenso viene a acumularse.

La otra vía de recorte que cuantifica la Junta es el ajuste por el objetivo de déficit. Pasará de un 1,58% (que inicialmente era de un 1,3%) a un 1%. Calcula en 800 millones el menor gasto que podrá afrontar por esta vía. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, recordó ayer que la ampliación del límite de déficit este año ha dotado a la Junta de 400 millones adicionales.

La Junta tampoco conoce las transferencias finalistas que vendrán del Gobierno para programas sociales, aunque Montero anticipó "pesimismo" por el descenso en programas para discapacidad (-8,9%), servicios complementarios a la enseñanza (-71,8%), Educación Secundaria (-7%), acciones para inmigrantes (-1,2%) o violencia de género (-1,5%). Se desconoce por ahora la cuantía regional por programas con mayor volumen, como la dependencia o las políticas de vivienda.

Montero calificó de "opacos" los PGE, pero no supo aclarar por qué desde hace dos años las cuentas de la Junta no se provincializan y si ella será transparente. Dijo que esa fórmula podría alterarse en la ejecución si al final una inversión se atasca y hay que destinarla a otro proyecto, y expuso que sí se provincializa el número de dependientes atendidos, por ejemplo.

La razón real (es evidente) es la caída estrepitosa de la inversión de la Junta, que se repetirá de nuevo el próximo año. El clima previo a la presentación de las cuentas, mientras tanto, vaticina una hecatombe.