El plan de la Junta contra las puertas giratorias no convence a la izquierda

La propuesta del Gobierno andaluz buscaba el consenso para establecer un procedimiento por el que los ex altos cargos de la administración puedan pasar a trabajar en la privada sólo en determinadas circunstancias. Pero estos controles no han sido suficientes para ningún grupo de la oposición, ni a la izquierda ni a la derecha, que entienden que el decreto ley que este miércoles se convalida en el Parlamento andaluz no resuelve los problemas de las puertas giratorias. Más bien al contrario, introduce más confusión.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 28 de mayo un decreto-ley para modificar la Ley de Incompatibilidades y Retribuciones del personal Alto Cargo de la Administración como respuesta al intento del ex gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, de trabajar en la aseguradora Asisa con la que él mismo había contratado dentro de la Junta. Un claro conflicto de intereses que fue destapado por la prensa y que el Gobierno andaluz no quiere volver a repetir.

Con la ratificación del decreto ley, que sale adelante por la mayoría absoluta del PP en la Cámara, todos los ex altos cargos tendrán la obligación de pedir un informe de compatibilidad a la Inspección de Servicios de la Junta para pasar a la privada. Y este informe será negativo siempre y cuando ese alto cargo, sus superiores o sus subordinados (siempre que no sean funcionarios) hayan contratado siguiendo sus indicaciones con la empresa por la que pretende fichar.

La solución del Gobierno autonómico prevé que, durante los dos años siguientes a su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas (incluidas las que pertenezcan al mismo grupo societario) relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo.

Tampoco podrán firmar, ni por sí mismas ni a través de entidades participadas por ellas directa o indirectamente en más del 10%, contratos administrativos o privados de cualquier naturaleza con la Junta y sus entidades dependientes, en las que hubieran prestado servicios, siempre que guarden relación directa con las funciones ejercidas. En el mismo sentido, las empresas privadas que contraten a un ex alto cargo de la Junta que no cumpla estos requisitos, no podrán contratar con la administración durante dos años.

Las sanciones para los incumplidores están recogidas en la Ley de Incompatibilidades y establecen una inhabilitación para cargo público de entre 3 y 10 años, así como la devolución de las cesantías que hayan podido percibir y que están establecidas en un mes de salario por año trabajado con un máximo de 24 meses.

Chapuza

La oposición considera que la solución del Gobierno andaluz frente a las puertas giratorias no resuelve los verdaderos problemas de un asunto complejo y que genera rechazo en la ciudadanía. Desde el PSOE, el parlamentario Víctor Torres ha considerado que se trata de una "chapuza, un parche para tapar las corruptelas y abusos del Gobierno de Moreno Bonilla", una sensación que comparten desde el grupo Adelante Andalucía.

Para su portavoz, José Ignacio García, "nos toman por tontos porque mantienen abiertas las puertas giratorias aunque con un telefonillo". Desde Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado se ha centrado en la gestión del Gobierno de la Junta al que acusa de "crear las condiciones perfectas para estas puertas giratorias", reclamando mayores controles.

El diputado de Vox Ricardo López Olea, ha dado un voto de confianza al Gobierno en este asunto pero le ha pedido que trabaje "para crear las condiciones adecuadas para que la gente brillante, honrada y con capacidad pueda venir a trabajar en lo público".