La Junta prepara una nueva regularización de viviendas ilegales

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, explicará este miércoles cómo se realizará la nueva regularización de viviendas ilegales que prepara la Junta. Según el portavoz Elías Bendodo, en la comunidad hay unas 300.000 casas en esta situación y la idea es regularizar, de tal modo que sus propietarios puedan acceder a los suministros de electricidad, agua y al registro oficial.

Las dos reformas fundamentales serán ampliar los motivos para incluir a las viviendas levantadas en suelos rústicos en Asimilados Fuera de Ordenación (AFO) y permitir a los ayuntamientos realizar planes especiales fuera del plan general y el PGOU. Esto último supondría una reforma legal de mucho calado porque supondría convertir casi en papel mojado a los PGOU. No es la primera vez que la Junta regulariza viviendas. El proceso anterior fue el de 2015 y se calcula que debía beneficiar unas 20.000 casas.

Aunque Elías Bendodo ha sostenido que esto no supondrá "una amnistía general", la impresión es que se desea regularizar todas las viviendas menos aquellas que incurran en un incumplimiento de gravedad medioambiental flagrante, como estar construida en los cauces de los ríos.

Las regularizaciones mediante la inclusión en los asimilados fuera de ordenación no suponen una legalización de las casas, pero sí permite registrarlas y acceder a los servicios de luz y de agua. El problema de estos diseminados ilegales es más grave en provincias como Almería y Málaga. El primer Gobierno de Susana Díaz accedió a una de estas regularizaciones porque había parcelaciones ilegales cuyos nuevos propietarios, muchos de ellos extranjeros, desconocían esa situación. Este proceso ya motivó un roce entre Díaz sus aliados de entonces, IU