La Junta pone orden al fin sobre el conocimiento de su sector público

Sevilla/Pasadas las nueve de la noche la Junta de Andalucía actualizó la información del portal web de transparencia tras la entrada en vigor ayer de la ley autonómica, seis meses antes de la exigencia legal a la que la ley marco del Gobierno central obliga a las autonomías. Una de las informaciones más demandadas durante lustros y que estaba esparcida o escondida ha sido el conocimiento sobre el volumen de las empresas públicas de la Junta, un universo que le valió el calificativo de Administración paralela y que la Junta comienza a embridar tras numerosos intentos.

De acuerdo a los datos, existen 93 entes instrumentales de la Junta -sin contar las 12 agencias que son asimiladas a la Administración general resultantes del proceso de reestructuración de 2011- y en éstas hay 42 contratos de alto nivel, asimilados a altos cargos. La web ofrece un listado pormenorizado de los puestos de trabajo en cada empresa pública -agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones,...-, aunque no detalla en global ni el número de empleados públicos (que calculó hace un año en 26.817) ni el número de puestos directivos que, según ha relatado esta redacción en anteriores ocasiones, serían más de 400.

El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, avanzó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que los altos cargos son 238, de los que 196 pertenecen a la Administración general -presidente, consejeros, directores generales, delegados provinciales...- y otros 42 son directivos de alto nivel. Sólo uno de ellos cobra más que la presidenta de la Junta, 63.808,20 euros, y es la directora de Canal Sur Radio, Inés Alba (78.522,77 euros). Esta excepción es conocida y consentida, así como otros nueve que tienen este mismo sueldo, entre los que se incluye el subdirector general, Joaquín Durán (que no es alto cargo), y otros seis directivos de Canal Sur con 73.450,36 euros. En total, 16.

Destaca entre los altos cargos los sueldos de los directores gerentes de consorcios del área metropolitana de Sevilla, Fidel Gutiérrez Arispón, de Málaga, Marina García, y de Cádiz, María Concepción Parra, de 63.318,78 euros anuales, a escasos 500 euros de la presidenta andaluza. Ningún otro sueldo supera este tope salarial, aunque la información recoge únicamente la retribución por el puesto de trabajo sin añadir complementos (de productividad, por ejemplo) y otras dietas.Desde 2010 las leyes de Presupuesto de la Junta de Andalucía obligan a sus altos cargos, incluido el personal de alta dirección de las empresas públicas, a no cobrar por encima del sueldo asignado para la persona titular de la Presidencia.

Ese límite es de 63.808 euros, "incluida la productividad y cualquier otro incentivo o concepto", y este tope se ha rebasado en ejercicios anteriores por algunos de estos gerentes, sin contabilizar las retribuciones por antigüedad que sí están exentas de esta prohibición.El portal de transparencia sí incluye las indemnizaciones por vivienda que han cobrado este año 60 altos cargos, la más cuantiosa los 1.335,90 euros mensuales del ex consejero de Educación Luciano Alonso (sumado al sueldo de consejero de 62.800 habría superado a Díaz, entre otros).

También era inédita la publicación de las indemnizaciones tras dejar el Gobierno, conocidas como cesantías, que han cobrado este año 27 altos cargos y que sólo seguirían cobrando los ex consejeros de Izquierda Unida Diego Valderas (4.186 euros mensuales durante dos años) y Rafael Rodríguez (misma cantidad). La estructura de la Junta está pendiente de los nuevos nombramientos de la presidenta de la Junta, así que buena parte de la información se refiere al Gobierno anterior.También Vázquez informó del número de eventuales o personal de confianza y que serían 222, entre los que el portavoz diferenció entre 76 de los gabinetes y el resto de servicios como la Oficina del Portavoz o servicio de protocolo. Avanzó además que la flota global de vehículos oficiales de la Junta asciende a 4.086, aunque de ellos sólo 64 se dedican a la representación política y el resto a servicio público (sanitario, forestal, judicial y policial, entre otros), mientras que el patrimonio de la Junta se eleva a un total de 14.589 inmuebles.

La información publicada ayer se suma a las 80.000 subvenciones (104.000 a día de hoy) y 70.000 contratos que se publicaron en un ensayo de la web a finales de marzo. A partir de hoy y a través de una plataforma telemática ( PID@), los ciudadanos podrán solicitar información. De no ser atendidos se podrá elevar un escrito al Consejo de Transparencia y, si éste no resolviera, acudir al contencioso-administrativo. El silencio administrativo es negativo.

Un estreno de la ley sin otros ecos de 'clic'

Una de las novedades de la ley andaluza de transparencia es que afecta a los partidos políticos, los sindicatos o la patronal. Sin embargo, la entrada en vigor de la ley obtuvo escaso eco y, por lo tanto, siguen en el anonimato cuestiones de interés como las retribuciones de los dirigentes sindicales y empresariales o los presupuestos de los partidos políticos, agujeros negros crónicos de información. Ningún partido político movió un milímetro en el estreno y sigue siendo imposible por tanto conocer las cuentas anuales de los principales partidos. El PSOE federal dio mandato hace más de un año a las organizaciones territoriales para que publicasen esas cuentas. Sin eco en el PSOE andaluz. El PP nacional publicó sus cuentas a raíz del caso Bárcenas. Y ésas son las que sin más aparecieron durante un tiempo en la web del PP andaluz, contenido hoy irrastreable. Tampoco existe un espacio donde consultar las retribuciones de los dirigentes de Izquierda Unida en Andalucía (la única declaración disponible es la de Antonio Maíllo, la última, de 2013), de los diputados de Podemos que anunciaron un tope salarial o de los dirigentes y asesores de Ciudadanos (C's).

Entre los sindicatos, Comisiones Obreras se remite a un documento de cuentas nacional publicado el pasado 9 de junio, sin detalle sobre la federación regional. UGT tiene información más detallada de sus ingresos, gastos, organigrama o subvenciones recibidas, pero datan de 2013. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ultimaba ayer "problemas técnicos" para actualizar una información hasta ahora muy magra sobre sus estatutos, organigrama o memoria de actividades, sin información tampoco sobre la retribución de su presidente. La nula incidencia en estos actores tiene que ver con la redacción definitiva de la norma. Y es que a diferencia de boradores previos la ley sólo exigió a partidos, sindicatos o patronales "publicidad activa", sin que los ciudadanos puedan pedirles información. Tampoco a los ayuntamientos, que se incorporarán el 1 de enero como está previsto en la ley.