La Junta ofrecerá varios candidatos para el Consejo de la Transparencia

La ley de transparencia llevará en vigor tres meses este miércoles pero el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la norma todavía no está creado. La ley obliga a poner al frente de este Consejo de la Transparencia y Protección de Datos "a una persona de reconocido prestigio y competencia profesional" cuya designación para los próximos cinco años aprobará el Parlamento por mayoría simple.

La Junta de Andalucía es la encargada de proponer un nombre y, según ha podido conocer esta redacción, se buscan al menos dos candidatos de prestigio para ofrecer a los grupos políticos en la Cámara, donde el PSOE gobierna en minoría.

Ésta es la intención del Gobierno socialista, que insiste en que la propuesta se hará llegar en semanas, aunque la resolución no parece tan avanzada. A la dificultad de encontrar perfiles independientes que encajen con los requisitos de la ley, la Junta observa con preocupación los últimos acontecimientos en el Parlamento, donde esta semana los grupos de la oposición, con los votos en contra de PP y Podemos, y las abstenciones de Ciudadanos e IU, propiciaron que por primera vez un decreto ley tramitado por la Junta fuera derogado por la Cámara.

La situación venía enquistada por la maniobra del PSOE para vetar las propuestas de ley de la oposición, lo que ha viciado definitivamente las relaciones entre los partidos en un inicio de curso político en el que, además, los socialistas harán frente a una comisión de investigación por el fraude en los cursos de formación.

La Junta teme que la minoría en la que se encuentra el PSOE en el Parlamento tumbe su propuesta, por lo que ha decidido que se enviarán al menos dos candidatos para que la Cámara elija y sortear así un posible bloqueo.

Esta fórmula nunca la ha experimentado el PSOE, que en otras legislaturas se ha valido de su mayoría absoluta o de los pactos de gobierno para el nombramiento de altos cargos que requerían la aprobación del Parlamento, caso de los presidentes del Consejo Consultivo o del Consejo Audiovisual, organismos que comparten similar estructura y funcionamiento con este Consejo de nueva creación.

Distinto es el caso de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), donde desde la dimisión del antiguo director, Pablo Carrasco, hace dos años y medio, ejerce de manera interina un subdirector, Joaquín Durán. Un cambio en la ley en 2007 obligó a buscar al PSOE una mayoría cualificada (tres tercios de la Cámara), pero unos meses más tarde introdujeron una cláusula que permitió designar por mayoría absoluta al máximo responsable del ente público si no se lograba la mayoría cualificada exigida en las dos primeras votaciones. Así fue nombrado Pablo Carrasco.

Los socialistas no se han atrevido a proponer otro nombre desde la dimisión de Carrasco, aunque a renglón seguido la entonces consejera y hoy presidenta de la Junta, Susana Díaz, lideró unas negociaciones en las que se incluyó la elección del Defensor del Pueblo andaluz, en la que se desbancó a José Chamizo por Jesús Maeztu. Los socialistas estudian aprovechar ahora la apertura de la negociación para retomar el debate sobre la dirección de Canal Sur, donde sólo habría un candidato y una propuesta que tienen muy avanzada.

La elección del director del Consejo de la Transparencia debe esperar a que los juristas terminen de definir los Estatutos de este organismo. El pasado noviembre el Consejo de Gobierno conoció un borrador de los mismos antes de entrar en periodo de alegaciones. En ese borrador se recogió que la entrada en funcionamiento del Consejo sería el 30 de junio en coincidencia con el estreno de la ley. El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, fechó su creación en el primer trimestre del año para ir avanzando en la estructura antes de que la ley entrase en vigor.

Ésta fue otra de las promesas que el adelanto electoral se llevó. El procedimiento de este borrador del Consejo relata que, tras la aprobación de los Estatutos, el consejero de la Presidencia solicitará al Parlamento el director, que será nombrado por el Consejo de Gobierno una vez comunicada tal designación.

El procedimiento es similar al llevado a cabo para la designación del Consejo de Transparencia del Gobierno central, aunque la tramitación tuvo menos problemas ya que el PP gobierna con mayoría absoluta.

El Gobierno eligió el pasado diciembre a Esther Arizmendi, hasta entonces directora general de Modernización Administrativa. Antes, había ocupado la subdirección general de Planificación de Recursos Humanos del Ministerio de Administraciones Públicas y había coordinado durante 13 años el área del Centro de Estudios Superiores de la Fundación Pública.

El Consejo andaluz tiene más estructura que el director. Una vez se elija a éste se procederá a a conformar la Comisión Consultiva de Transparencia y Protección de Datos, un órgano integrado por 14 miembros a propuesta de la Junta, el Parlamento, la Oficina del Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, las administraciones locales y las universidades públicas, así como por las entidades representativas de las personas consumidoras y usuarias y de los intereses sociales y económicos relacionadas con la transparencia.

Estos miembros no recibirán retribución alguna y, entre otras funciones, asesorarán a la dirección e informarán previamente sobre el Informe anual del Consejo.