La Junta cifra en un mínimo de 1.200 millones el recorte de gasto en sus cuentas de 2014

Punto de partida para componer las cuentas de la Junta de Andalucía en 2014: habrá 1.200 millones menos para gastar con respecto a este año. El detalle de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) permitió a los responsables de la Hacienda autonómica acometer una primera aproximación a las que serán las cuentas de la Junta de Andalucía, cuyo proyecto aprobarán este mes. En esa primera lectura observaron que las transferencias del Gobierno central por los distintos instrumentos del sistema de financiación autonómica bajan en 400 millones. Otros 800 millones se pierden al pasar el límite de déficit individual autorizado en julio de un 1,58% a un 1% en 2014 (a 140 millones por décima).

Esos 1.200 millones suponen un descenso de un 3,9% con respecto al presupuesto vigente, de 30.706 millones. Pero aún es pronto para una fotografía final.

En primer lugar, porque este cálculo inicial no recoge el impacto de las transferencias finalistas que manda el Gobierno por acuerdos o convenios, en su mayor parte de política social. El año pasado bajaron en 680 millones. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, se quejó ayer en declaraciones a los periodistas de la "opacidad" del Gobierno en la difusión de estas partidas, que impidió concretar a los responsables autonómicos el montante de los distintos programas de los ministerios.

Montero señaló no obstante que la previsión es poco halagüena: en global, las políticas activas de empleo caen un 20%, los programas para inserción laboral un 10%, las políticas sanitarias en torno al 40%, las educativas un 13%...

En segundo lugar, porque esos 1.200 millones menos en transferencias y disponibilidad financiera que hay que "desmontar", en palabras de la consejera, se convertirán en recortes si la Junta no encuentra una alternativa en los ingresos. Y aquí tampoco hay buenas previsiones.

La capacidad de la Junta es limitada para generar ingresos. Los tributos propios representan una parte mínima de los ingresos totales (un 1,7%), y poco se podrá recaudar de más, aunque los responsables autonómicos observan una mejora en el comportamiento de algunos impuestos. Sin embargo, siguen cerrados a una subida de la presión fiscal pese a la insistencia de IU, socios de Gobierno. Muy posiblemente, señalan los mismos responsables, se vuelvan a contabilizar las operaciones de venta de suelos como un recurso para paliar el desequilibrio de las cuentas.

Montero también confió en los progresos del plan de lucha contra el fraude fiscal, que ha recaudado desde el año pasado unos 230 millones y a los que el pasado martes se incorporaron nuevas medidas (control de donaciones, sucesiones y herencias) para sumar entre 30 y 40 millones adicionales.

La Junta también confía en una mayor aportación de los fondos procedentes de la Unión Europea.

Con todo, el ajuste será fuerte y el foco está puesto sobre el empleo público y los salarios. Las declaraciones de los dirigentes de la Junta no invitan a la confianza. Aunque señalan a las políticas sociales y el empleo como rayas rojas infranqueables, por otro lado preparan la campaña para culpar al Gobierno de los recortes que acometan.

Preguntada al respecto, Montero señaló que el objetivo de la Junta es que haya "la menor pérdida posible" de empleo público, aunque reconoció que el presupuesto está "extraordinariamente complicado".

La paga extra de los empleados públicos también está en el aire.

Preguntada por los anuncios de quitar estos complementos en otras comunidades, como Cataluña, la consejera indicó que no le "sorprende" que esta comunidad haya anunciado que no pagará la paga extra a los funcionarios, toda vez que "las comunidades autónomas se ven obligadas a un doble esfuerzo, por un lado menos objetivo de déficit y por otro menos anticipos a cuenta". No obstante, Montero evitó pronunciarse sobre esta medida en concreto.

Ya este año, a diferencia de lo aplicado por el Gobierno central, los empleados públicos de la Junta se quedaron sin los complementos (equivalentes a la paga extra) de julio y diciembre. Al aprobarse el proyecto de medidas urgentes por el Parlamento, se incluyó una cláusula temporal que recoge que este recorte se suspenderá cuando mejoren las condiciones económicas. Y no hay ninguna predicción de que eso vaya a suceder.