La Junta acumula 1.236 millones de euros en facturas sin pagar y sin respaldo presupuestario

El Gobierno andaluz arrastraba a finales del año 2019, el primero del Ejecutivo de Juanma Moreno, un total de 1.236,39 millones de euros en facturas que estaban pendientes de pago y que, además, carecían de respaldo presupuestario. Son las famosas "facturas en el cajón" que tanto criticó el PP en la oposición, hasta el punto de relacionó esta práctica con irregularidades ocultas de anteriores responsables de la Junta.

Éstas y otras deficiencias e incumplimientos figuran, de modo provisional, en el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Junta de 2019, un texto de carácter legal elaborado por la Cámara de Cuentas, pero que no se puede aprobar porque los consejeros propuestos por PP, Ciudadanos y Vox están boicoteando con sus ausencias la celebración del pleno donde tiene que adquirir el carácter de definitivo. El informe certifica que el nuevo Gobierno ha seguido con las mismas patologías que la Cámara venía subrayando en las anteriores legislaturas.

Como viene informando este medio, la Cámara de Cuentas, que es el órgano de control económico y financiero de las administraciones andaluzas, no va a poder entregar esta Cuenta General al Parlamento como es preceptivo en estas fechas. Pero el informe se terminó el 9 de diciembre pasado, fue enviado al Gobierno andaluz para sus alegaciones 20 días después y, a pesar de estar contestado, el presidente de la Cámara, Antonio López, no ha podido reunir al pleno, hasta en tres ocasiones, porque los consejeros no acuden.

Estos 1.236,39 millones de euros son facturas que deben abonarse, pero que carecen de un respaldo presupuestario, se encuentran en la Cuenta 413, de modo que no computan en tesorería, pero no altera el déficit que declara la Junta. Aunque el PP lo señalaba casi como un ejemplo de corrupción, lo cierto es que, en efecto, es un problema, pero ni se oculta, ya que está cuantificado en una cuenta numerada, ni se corresponden con papeles guardados en los cajones.

Este es un problema que venían arrastrando los gobiernos socialistas, pero que se mantiene con el PP y Ciudadanos. De ese total, 296,42 millones son de la Junta y 939 millones, de las agencias, aunque casi todo es del SAS. En concreto, 895,31 millones de euros. La cantidad acumulada en 2019 por el Gobierno del PP y de Ciudadanos no tiene por qué ser la que llegó de 2018, ya que se ha podido regularizar buena parte y volver a generar otro tanto. De hecho, el SAS lo aumenta, lo que en el fondo evidencia que esta agencia tiene un presupuesto menor al de sus necesidades reales, de ahí la generación de este crédito sin respaldo.

El PP, en la oposición, y después en el Gobierno convirtieron en un escándalo esto que llamaban facturas en el cajón. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, dedicó buena parte de la mitad del año 2019 a contabilizar la cantidad de facturas ocultas que su Gobierno había encontrado, pero la verdad es que la situación apenas ha cambiado. En 2018, que fue el último año del Ejecutivo de Susana Díaz, había 1.491 millones de euros en la Cuenta 413.

El informe provisional de la Cámara, una vez recibido las alegaciones del Gobierno, no cambian en lo sustancial, pero hay que esperar a que se apruebe. O no. Los consejeros propuestos por los partidos de la Junta quieren que el presidente, Antonio López, se vaya al entender que su mandato está caducado. López, que fue nombrado en su día a propuesta del PSOE, renovó el cargo en septiembre de 2019, ya con el presidente Juanma Moreno, que fue quien lo ratifica. Si el conflicto se mantiene, la Cámara no aprobaría este informe de la Cuenta General.

En el informe se detectan otros incumplimientos y deficiencias que no han cambiado con el PP y Ciudadanos. Así, hay una cantidad muy abultada, de 986 millones de euros, de pagos que no están justificados. En el momento de su expedición carecían del documento acreditativo. Este es otro de los defectos que el PP y Ciudadanos siguen sin resolver.

La Cámara de Cuentas también afea que el Gobierno andaluz siga sin aprobar el Plan de Reordenación del Sector Público. A pesar de haber sido anunciado muchas veces, sigue pendiente de que se conozcan las auditorías encargadas para que el Gobierno tenga una visión de conjunto de este amplio sector de agencias, fundaciones y consorcios. La Cámara, pro ejemplo, censura que las fundaciones estén siendo auditadas por empresas privadas, que es contrario a la legislación andaluza. Estas últimas auditorías, económicas, son distintas a las encargadas para todo el sector, que buscan una optimización funcional.

De hecho, hay cuatro fundaciones que siguen recogidas en el inventario del sector, pero han carecido de actividad durante 2019.