La Junta da en julio a los funcionarios la paga extra que les quitó en junio

Los últimos recortes de Rajoy pueden ser inconstitucionales y, además, originan un sobrecoste de ocho milllones de euros a Andalucía. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, presentó ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, su herramienta de modificación del reparto del ajuste en las cuentas públicas tras las últimas medidas del Gobierno central entre las que se cuentan la suspensión de la paga extra de Navidad para los funcionarios. Este reajuste de los ajustes en clave andaluza (un decreto que modifica otro, el 1/2012) supone, en términos prácticos, que va a haber extra de julio para los empleados públicos para evitar la "doble merma retributiva" de la que se han venido quejando insistentemente los sindicatos, el Gobierno autonómico y los partidos que lo apoyan. Pero, aun aceptando los preceptos de los últimos recortes del Ejecutivo de Rajoy como normativa básica de obligado cumplimiento, Martínez Aguayo avisó ayer que ve en esa normativa -el Real Decreto 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad- una posible "causa de inconstitucionalidad". Los servicios jurídicos estudian este paquete de iniciativas aprobado en el Consejo de Ministros del pasado día 13 y, cuando tengan un dictamen, la Junta decidirá si lo recurre ante el Tribunal Constitucional.

De momento, Martínez Aguayo cree que la inconstitucional del decreto-ley del Gobierno central puede estar en que obvia la negociación colectiva en materias propias de este ámbito. La consejera de Hacienda aprovechó para ejemplificar la cuestión poniendo de relieve las consecuencias para los trabajadores de esta normativa básica en ámbitos que hasta ahora eran prerrogativas laborales en los que, incluso, podía actuar la Administración autonómica de manera coadyuvante, como los porcentajes de cobertura salarial de las bajas por enfermedad, los permisos de lactancia o los días de asuntos propios en la función pública.

Una vez que dejó claro que a la Junta no le gusta por razones ideológicas la política de ajustes del Ejecutivo de Rajoy, la consejera andaluza de Hacienda explicó que, además, sale más cara que las medidas ya previstas en el plan de reequilibrio financiero andaluz. "Esos recortes suponen ocho millones de euros más de gasto sobre nuestro plan", dijo Martínez Aguayo. La consejera recordó que la supresión de la extra de Navidad para los empleados públicos -decisión del Gobierno central- supone un ahorro para la Junta de 453 millones; las pagas adicionales que la Administración autonómica había previsto eliminar en las nóminas de sus trabajadores supondrían un recorte de 294 millones de gasto público. Quedarían 159 millones de esa resta a favor del ahorro determinado por el Gobierno de la nación; dinero ahorrado que no sólo se esfuma sino que hace emerger un fenómeno gravoso en las cuentas públicas andaluzas, según Martínez Aguayo, con la aplicación de otras dos medidas contenidas en los últimos ajustes de Rajoy: los cerca de 100 millones de pagos por subida del IVA que tiene que asumir la Junta (sin participar en los ingresos) y los casi 60 millones de fondos para dependencia que ya no van a venir a Andalucía por la reducción de esta partida presupuestaria se comen el ahorro; y aparecerían ocho millones de coste adicional del plan del Gobierno central sobre las cuentas de la Junta para aplicar los recortes.

Martínez Aguayo señaló que ese desfase "no pone en riesgo el objetivo de déficit, pero es llamativo que una medida que pretende ahorrar genere más gasto", argumento que la consejera acompañó con una queja sobre la negativa a que la comunidad pueda ingresar el 50% de la recaudación del IVA, precisamente cuando la aplicación de ese impuesto a la actividad económica de la Junta genera gasto a las arcas públicas andaluzas. La consejera insistió en que las grandes cifras del compromiso de reequilibrio financiero de la Junta para cumplir con los objetivos de déficit son las que son (1.000 millones en ingresos, 2.700 en reducción de gasto), y eso volverá a quedar claro cuando hoy el Parlamento convalide el nuevo decreto de la Junta.