La Junta investigará los 49 millones de ayudas a la Faffe para cursos fantasma

El Ejecutivo que preside Susana Díaz no gana para sobresaltos. Al mapa de frentes abiertos con las sospechas por corrupción y fraude dominando el panorama y ensombreciendo la gestión de gobierno, hay que añadir ahora otro: el de la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe). Se buscan 49 millones de euros correspondientes a dos subvenciones concedidas por la Junta en 2009 y 2010 que, según recoge la Cámara de Cuentas en un informe, no tienen "justificación alguna". Además, parte de esos cursos ni siquiera se han empezado o están pendientes de acabar. ¿Dónde están esos 49 millones? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Se han utilizado? Y si ha sido así, ¿en qué? ¿en lo que estaba previsto o se han desviado? ¿Y a dónde?

Díaz aterrizó en San Telmo con un discurso: disipar cualquier sombra de duda sobre su Gobierno. Se mostró como una luchadora empedernida y sin cansancio contra la corrupción y con la clara intención de desmarcarse de todo el pasado, un período con ex presidentes, ex consejeros y ex altos cargos -de la Junta y del PSOE- señalados por la juez Mercedes Alaya en la trama de los ERE.

Pero no todo es ERE... Al escándalo de las facturas falsas y el desvío de subvenciones en UGT-A, se suma ahora este reproche de la Cámara de Cuentas, que ha detectado irregularidades en el procedimiento de concesión de esas dos subvenciones, de 24,5 millones en 2009 y 24,3 millones en 2010.

Y para averiguar qué ha pasado con ese montante, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha iniciado una auditoría. Su titular, José Sánchez Maldonado, explicó ayer en Huelva que el Ejecutivo encargó este informe a la Cámara de Cuentas. "Se van a seguir todas las indicacioones y recomendaciones del órgano fiscalizador, como se viene haciendo desde 2010", aseguró el consejero. La puesta en marcha del procedimiento de auditorías para conocer el destino de esos 49 millones busca "obtener más información y análisis de la justificación pendiente de las dos grandes subvenciones a la Faffe", añadió Sánchez Maldonado.

En su informe de fiscalización de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional, la Cámara de Cuentas alerta de que el 89% en 2009 y el 36% en 2010 de las subvenciones se concedieron sin concurrencia a los agentes sociales. Además, el órgano fiscalizador detecta irregularidades en las ayudas a formación para los ex trajabadores de la factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz) por casi nueve millones de euros.

Igualmente, cuestiona la legalidad de las subvenciones a los sindicatos UGT y CCOO destinadas a las infraestructuras para la formación, que ascendieron a 1,3 millones en 2009 y a 2,6 millones en 2010.

El informe concluye que el SAE no dispone de un documento de planificación, ni un plan de evaluación de los planes formativos para valorar su eficacia y calidad, ni elabora informes de inserción o de impacto previstos en la normativa tras finalizar los cursos.

Sin embargo, a los socios de del PSOE en el Ejecutivo no les han convencido demasiado las explicaciones de Sánchez Maldonado. El parlamentario y vicepresidente de la Cámara, Ignacio García (IU), exigió "claridad" a la Junta y afeó que en una primera instancia fuentes de la Consejería de Economía minimizaran los hechos con el argumento de que "es difícil justificarlas [las subvenciones] porque la Faffe está disuelta".

García manifestó que ese argumento conduce a pensar "que la disolución de Faffe fue interesada en previsión de lo que venía". Además, aunque Faffe esté disuelta, el parlamentario recordó que "el presidente del patronato era el consejero de Empleo y, por tanto, hay una conexión directa entre la Consejería de Empleo y la Faffe. La Junta no puede renunciar a investigar este asunto".