La Junta prevé una inversión de 1.650 millones en el Plan Forestal Andaluz hasta 2026

Andalucía es una comunidad de predominio forestal, en la que más de la mitad de sus 8,7 millones de hectáreas de terreno corresponden a montes o suelos con esta vocación. El Plan Forestal Andaluz nació en 1989 con la intención de incorporar criterios ecológicos en la gestión de estos espacios, aunando explotación y conservación, tras constatar el estado degradado de parte de ese terreno. Más de tres décadas después el escenario ha cambiado notablemente y la cuarta Adecuación del plan, con horizonte 2030, surge con vocación de contrarrestar la regresión de la superficie arbolada y de matorral y facilitar su aprovechamiento, pero también para combatir los incendios forestales de quinta y sexta generación, luchar contra la despoblación y, especialmente, hacer frente a los efectos del cambio climático. Todo ello con un catálogo de 332 medidas a ejecutar que prevé una inversión de 1.649 millones de euros en el periodo 2022-2026.

El Plan Forestal Andaluz fue el primer instrumento de planificación forestal realizado en España. Se creó con una vigencia de 60 años y actualizaciones periódicas para adaptarse a la duración de los ciclos naturales de la vegetación; la última, con duración hasta 2030, acaba de finalizar su plazo de información pública. En su ecuador, el balance de los primeros 30 años constata en primer lugar una regresión de las superficies forestales (4,6 millones de hectáreas en total en Andalucía), frente al incremento que se preveía, aunque el ritmo de desaparición de estas se ha ralentizado en los últimos años. Así, en el periodo 1987-2000 la pérdida neta de zonas forestales se produjo a un ritmo de unas 5.260 hectáreas anuales, mientras que en el periodo 1999-2013 se estima que la reducción ha sido de 1.440 has anuales. La mayor parte del suelo perdido en este último periodo se ha transformado para el uso agrícola.

Huelva mantiene su preeminencia en cuanto a presencia de áreas forestales, tanto en términos absolutos (801.117 ha) como relativos (78,95% de la superficie provincial). También destaca el uso forestal en la provincia de Almería (70,17%). Predominan los quercus, especialmente la encina, muy afectados por la seca. El Plan también alerta del estado fitosanitario de los árboles: desde 2017, se puede considerar que casi un 25% del arbolado andaluz muestra un daño apreciable respecto a su estado ideal, mientras que a principios de siglo este valor se situaba cercano al 20%.

La vegetación existente se enfrenta ahora a un aumento de su vulnerabilidad ante unos efectos del cambio climático que ya empiezan a constatarse. El documento señala que el aumento de las temperaturas ha jugado un papel en procesos de decaimiento forestal de gran intensidad, como los que han afectado a repoblaciones de pinar en las sierras orientales (Sierra de Baza, Sierra de los Filabres y otras sierras de la provincia de Almería) y también se asocia a patrones de gran mortalidad de arbolado en las formaciones de encina y alcornoque. Se han detectado un adelanto de la foliación y retraso de la caída de la hoja en varias especies arbóreas, y cambios en la floración y fructificación, además de en las especies animales (generando una situación de “desequilibrio permanente”). Y el aumento previsto de la aridez y de la frecuencia de sequías extremas reducirá la capacidad de regeneración de muchas especies arbóreas y arbustivas, alerta el plan.

La Adecuación 2030 pone especialmente el foco en la mitigación de esos impactos, entre los que se incluirán también un aumento de la frecuencia y daños de los incendios forestales. Entre las medidas incluidas están la gestión forestal con especies y ecotipos más adaptados a las nuevas condiciones climáticas, incorporando variedades de zonas más áridas; la realización de tratamientos selvícolas que consoliden las formaciones mixtas (más resilientes) y reduciendo la espesura de masas excesivamente densas; o el desarrollo de los mecanismos para la compensación de emisiones a través de proyectos en el medio forestal que favorezcan iniciativas público-privadas y contribuyan a la reforestación.

Otro de los problemas en los que hace hincapié el Plan es el control de las pérdidas de suelo por erosión y el reto de frenar el avance de la desertificación. El documento destaca que se están registrando valores de pérdidas de suelo no tolerables: entre 2008 y 2016 se notificaron pérdidas bajas en el 69,5% del suelo analizado, mientras en una situación de equilibrio ecológico ese porcentaje sería del 95,4%. Están especialmente afectadas amplias zonas de la Axarquía, en Málaga; el sector nororiental gaditano; el piedemonte de la Sierra de Cazorla y las comarcas olivareras de Jaén; las campiñas y Sierra Morena cordobesas, en su zona más cercana al Guadalquivir; en la provincia de Granada , la Sierra de la Contraviesa y su piedemonte, la comarca de Los Montes y en las áreas localizadas en las áreas vertientes del embalse de Beninar; y la mayor parte de los terrenos de la Sierra Sur de la provincia de Sevilla. En las zonas afectadas, hay una bajada de la productividad de los suelos forestales y agrícolas, además de una pérdida de biodiversidad.

Frente a ello, el plan propone entre otras medidas la restauración de los ecosistemas forestales degradados, así como de cauces naturales, riberas y márgenes fluviales. También actuar para la recuperación de humedales y la transformación de masas de eucalipto con escasa idoneidad ecológica y productiva mediante su sustitución preferente por masas mixtas de frondosas y coníferas autóctonas. El desarrollo de ayudas a la restauración y el impulso a la red de viveros son otras de las propuestas.

Otros programas operativos del Plan Forestal abordan la ordenación de montes, planificación de aprovechamientos forestales y cinegéticos y el desarrollo de la bioeconomía “para favorecer el arraigo de la población en el medio rural”, o el control y seguimiento de plagas y enfermedades.

La conservación de la biodiversidad y geodiversidad y “mejora de la infraestructura verde y de la conectividad ecológica” y la gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía son otros ejes de actuación.

Para la ejecución de estas medidas, la Adecuación del Plan Forestal Andaluz incluye una estimación del montante de inversiones y gastos por parte de distintas administraciones públicas en el periodo 2022-2026: 1.649.895.000 euros en total, aunque apuntando que esta previsión puede verse alterada ante la incertidumbre existente en el escenario económico-financiero. “Serán las sucesivas leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma las que establezcan los recursos efectivamente disponibles”, puntualiza el documento.

Por programas, la lucha contra los incendios forestales se lleva más de la mitad del presupuesto: 893,9 millones de euros. El siguiente en importancia es el control de la erosión y desertificación, con 170,9 millones. El Plan Forestal se financiará con los Presupuestos de la Junta de Andalucía (que aportarán más de la mitad del montante), los Presupuestos Generales del Estado, fondos estructurales y de inversión Europeos, los nuevos fondos Next Generation y otros fondos como el Programa LIFE.