La Junta acometerá otra regularización de viviendas ilegales

La Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio prepara una nueva regularización de viviendas, hasta ahora ilegales, tal como se hizo en 2015, aprovechando la figura del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO). La dirección general de Urbanismo aprobará una instrucción para ampliar las posibilidades de regularización en los casos en los que los anteriores gobiernos no resolvieron, tales como asentamientos en suelo no urbanizable, actuaciones irregulares en suelo urbanizable y urbano no consolidado.

El nuevo Gobierno andaluz va a comenzar los trámites para aprobar una nueva ley urbanística de Andalucía, que sustituya a la de 2002, pero mientras tanto, aprobará esta instrucción para regularizar las viviendas. El proceso anterior fue el de 2015 y se calcula que debía regularizar unas 20.000 viviendas.

Las regularizaciones mediante la inclusión en los asimilados fuera de ordenación no suponen una legalización de las casas, pero sí permite registrarlas y acceder a los servicios de luz y de agua. El problema de estos diseminados ilegales es más grave en provincias como Almería y Málaga. El primer Gobierno de Susana Díaz accedió a una de estas regularizaciones porque había parcelaciones ilegales cuyos nuevos propietarios, muchos de ellos extranjeros, desconocían esa situación. Este proceso ya motivó un roce entre Díaz sus aliados de entonces, IU.

El Gobierno anterior ya comenzó a redactar una nueva ley urbanística; de hecho, llegó a tener redactado el anteproyecto. El cambio pretendía simplificar los tiempos y la calificación de los seulos. El portavoz del actual Ejecutivo, Elías Bendodo, ha explicado este martes que se aprovechará parte del redactado, pero no todo. El objetivo básico de esta nueva ley es que no suponga "un tapón" a las inversiones en la comunidad. Nacerá, de este modo, la ley con un carácter más laxo.

La Loua ha sido modificada hasta en 11 ocasiones, por lo que es necesario una nueva redacción. Cuando se aprobó en 2002 estaba concebida como una suerte de cinturón a los crecimientos urbanísticos expansivos que se estaban produciendo en Andalucía. Pero llegó la crisis inmobiliaria y financiera en 2008, y el objeto se cumplió a las bravas. Benodo ha mantenido que la anterior administración tenía paralizados 300 planes de ordenación urbana de municipios andaluces. Citó algunos que llevaban 18 años en espera.

La ley aliviará los trámites y los tiempos, e introducirá el mecanismo del silencio administrativo positivo para algunos permisos. El modelo de planeamiento será más sencillo y tendrá en cuanta la dinámica de los municipios, con especial atención a los de menor población. En la actualidad, existe un corsé de crecimiento que es proporcional a la población, de modo que los pequeños pueblos no podían cometer reformas que fuesen más allá de determinado porcentaje de aumento.