La Junta evaluará el patrimonio para otorgar ayudas familiares

Umbral de renta y, a partir de una nueva ley que la Junta quiere aprobar antes de verano, umbral de patrimonio para acceder a las ayudas y bonificaciones que otorgue el Gobierno autonómico. Éste fue el anuncio reservado para el balance que realizó el Consejo de Gobierno del primer año de coalición PSOE-IU y que enunció en la rueda de prensa la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz.

La Junta quiere perseguir así lo que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha calificado en repetidas ocasiones (discurso de investidura) como "fraude social", aquellas personas que se benefician de ayudas públicas sin que realmente necesiten de ellas. Por ejemplo, en bonificaciones de plazas por guarderías. Hasta el momento se requiere el nivel de renta, pero no las propiedades que tenga el beneficiario, bien mobiliarias o inmobiliarias.

La consejera se aferró al concepto de "equidad" para redistribuir estas ayudas, negó que tenga un afán recaudatorio porque se beneficiará en mayor dimensión a familias que verdaderamente lo necesiten y puso esta medida en el calendario justo después de la Ley de Transparencia que el Ejecutivo pretende aprobar este mes. "Se trata de ser más justos y compensar a quienes soportan el mayor coste de la crisis, la clase media trabajadora", afirmó.

Díaz aseguró que la Junta mantendrá la comunicación con la Agencia Tributaria y puso como ejemplo de lo que se busca las becas del Ministerio de Educación. Estas ayudas se otorgan en función de la renta y también del patrimonio, según por ejemplo la suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a los miembros computables de la familia, excluida la vivienda habitual. No pueden superar los 42.900 euros. También se deniega la beca por ingresos en actividades agrícolas, ganaderas y forestales superiores a 155.500 euros, entre otros requisitos.

La Junta revisará los requisitos de las ayudas públicas que otorga -salvo las universales, como la gratuidad de los libros-, pero para conocer el detalle habrá que esperar al desarrollo que haga la Consejería de Hacienda y Administración Pública, aplazó Díaz.

Esta ley tendría que incorporar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, según el discurso de Griñán y el acuerdo PSOE-IU, pero no hubo más detalle.

Esta ley, más las de Transparencia y Participación Ciudadana, serían los objetivos prioritarios para el segundo año, aunque Díaz preponderó la creación de empleo. Se refirió a la prórroga del plan de choque para 2014, a pesar de que no ha habido evaluación de los resultados y muchas de las medidas aún no se han ejecutado (acciones forestales o bono para los jóvenes, por ejemplo).

En el repaso del año Díaz describió la acción del Gobierno andaluz como "audaz", "firme", "pionero", "activo", "movilizado", "sensible", "dialogante", "comprometido", "fuerte, sólido y estable" o "leal" frente a la "dictadura de la austeridad" que representa el Gobierno de Mariano Rajoy. Hubo un resquicio de autocrítica en el empleo perdido, los jóvenes que emigran o las empresas que fracasan por la falta de crédito. No hubo mención a los ERE en el balance.