La Junta entierra la subasta de medicamentos ante la presión del sector farmacéutico

En un acto casi solemne en el Palacio de San Telmo, el Gobierno andaluz ha enterrado este lunes la subasta de medicamentos tras ocho años de vigencia. Flanqueado por los consejeros de Hacienda y Salud y rodeado de los representantes del sector farmacéutico, el presidente Juanma Moreno anunció el fin de este modelo de compra pública de fármacos impulsado por los ejecutivos socialistas desde 2012 y que se extendió hasta el pasado 22 de diciembre, cuando se produjo la última de estas adquisiciones, que fue programada en 2018 por el Ejecutivo socialista de Susana Diaz.

En su intervención, Moreno ha aludido a la “satisfacción” que supone cumplir con un compromiso que figuraba en su programa electoral, en su acuerdo de Gobierno con Ciudadanos y era un pilar en su labor de oposición antes de acceder al poder, a finales de 2018. Han tenido que pasar dos años para poder acabar con el sistema, que suponía un ahorro de unos 200 millones de euros anuales en las cuentas autonómicas, pero suponía “una desigualdad” entre los andaluces y el resto de españoles.

Esta es la tesis que comparten el Ejecutivo regional, la industria farmacéutica y los colegios profesionales del ramo, pero la patronal hizo sonar las alarmas hace unas semanas al conocer que una enmienda del Presupuesto autonómico de 2021, que entra en vigor este viernes 1 de enero, contemplaba el mantenimiento del sistema de subastas. Lo llamativo era que la modificación llevaba la firma de PP y Ciudadanos y colisionaba con ese compromiso adquirido por populares y naranjas al llegar a San Telmo.

Esa enmienda se aprobó con el único voto en contra de Vox, es decir, con el aval de PSOE y Adelante. La oposición de izquierdas celebró la modificación, ya que la consideraba un paso atrás del Gobierno con una de sus medidas estrella. No obstante, la algarabía de los socialistas no está bien fundada, explican fuentes del sector farmacéutico. La enmienda reformula el artículo 60 bis de la Ley de Farmacia de 2006, que hizo posible la puesta en marcha de las subastas, y mantiene la capacidad del Gobierno andaluz de convocarlas. Pero el Ejecutivo que dirige Juanma Moreno se ha comprometido con la industria farmacéutica y los boticarios a dejar de utilizar este modelo de compra pública de medicamentos.

Sólo así se explica la placidez de la foto de familia tomada este lunes en San Telmo y las congratulaciones expresadas por los distintos portavoces del sector farmacéuticos. El acuerdo con el Ejecutivo andaluz incluye un compromiso de derogar el mencionado artículo de la Ley de Farmacia de 2006 por medio de un decreto, pero las mismas fuentes apuntan a la necesidad de articular la polémica enmienda al presupuesto para evitar un vacío legal en este proceso. PP y Ciudadanos incluyeron esta modificación en las cuentas ante las presiones de las empresas que acudían a las subastas de medicamentos, que anunciaron posibles acciones durante ese vacío legal.

A partir de ahora, la Consejería de Salud y Familias se abastecerá de fármacos como lo hacía antes de 2012, mediante la ley estatal de la que se sirven el resto de comunidades. Según Juanma Moreno, el anterior sistema era una “intromisión en la libertad de prescripción” de los facultativos y se trataba de “un recorte encubierto” que ha estado vigente durante ocho años. Tras su derogación, los pacientes de la comunidad podrán “acceder a los medicamentos que necesiten según la decisión de su doctor, que podrá recetar con libertad y sin miedo a una penalización”.

El presidente de la Junta ha retomado algunos de los argumentos esgrimidos por su partido para rechazar la subasta, como los problemas de desabastecimiento o la falta de adherencia de los pacientes a los tratamientos ante los cambios en los fármacos derivados de la compra pública. El Gobierno andaluz también considera que con este nuevo modelo se aumenta la competencia y se fomenta la industria farmacéutica y la producción española.