Junta, empresarios y sindicatos buscan remedio a los 58 muertos en accidente laboral en Andalucía

Sevilla/La Junta a través de la Consejería de Empleo, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han suscrito la puesta en marcha de un plan que busca atajar el incremento de la siniestralidad laboral en la comunidad autónoma y que tiene una dotación económica de 2,2 millones de euros.

El plan pretende hacer frente a una lacra que, en los cinco primeros meses del año, ha crecido un 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En ese espacio de tiempo, en Andalucía se han registrado 42.775 accidentes laborales frente a los 41.211 de 2022, lo que se ha traducido en 58 muertes frente a las 53 de un año antes, es decir, un 9,4% más. Los accidentes in itinere, es decir aquellos ocurridos en el trayecto a los puestos de trabajo ascienden a 6.098 este año, frente a los 5.517 del anterior, lo que supone un aumento del 10,5%.

Contemplado como una de las medidas urgentes en el marco del ‘Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía’ suscrito por el Gobierno andaluz y los principales agentes económicos y sociales el pasado mes de marzo, el Plan de Choque contra la Siniestralidad tendrá una vigencia inicial de un año y prevé actuaciones por un importe de 2,2 millones de euros. El objetivo fundamental, ha subrayado la consejera, es “proteger con más instrumentos y con nuevos recursos algo tan valioso como es la seguridad y la salud de los trabajadores”, según ha reconocido la consejera de Empleo, Rocío Blanco.

El documento parte del trabajo acumulado en los últimos años en aplicación de la vigente Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-22, prorrogada hasta 2023 para adaptarse a la paralización de la actividad productiva que produjo la pandemia del covid-19. A partir de ahí, el Plan de Choque está diseñado en torno a siete grandes líneas de actuación que persiguen “incrementar los niveles de sensibilización entre empleados y empresarios para que cale en toda la sociedad el mensaje de la cultura preventiva”, con especial atención a los accidentes de tipo traumático en jornada laboral.

Entre las principales actuaciones destaca la elaboración de un detallado Mapa de la Siniestralidad grave, muy grave y mortal en Andalucía durante los años 2021 y 2022, otorgando mayor relevancia a dos tipologías de accidentes en los que se han detectado mayores incrementos: las caídas en altura y el vuelco o pérdida de control de maquinaria y equipos de carga.

También se refuerzan las Actividades de comprobación, información y asesoramiento directo en empresas. Entre ellas, las actuaciones a cargo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, centradas en empresas con elevadas tasas de siniestralidad y en lo que supone un refuerzo del trabajo que ya realizan los Centros de Prevención de Riesgos Laborales; o las actuaciones del personal técnico habilitado, que se incrementarán en un 20%. Del mismo modo, se eleva hasta un 40% el número de actuaciones contempladas en Programas como el ‘Alerta Accidentes’, así como las tareas de divulgación en los propios centros productivos, que recibirán material divulgativo sobre los principales riesgos asociados a su actividad y las medidas preventivas para evitarlos.

Como medida novedosa, la Consejería de Empleo pondrá en marcha durante cuatros meses una Unidad Móvil de Información que se desplazará por toda Andalucía, acercando los recursos disponibles en materia de prevención laboral a los centros de trabajo considerados de ‘especial impacto’. Llegará hasta las pymes, pero también visitará los polígonos industriales y los parques logísticos, y estará coordinada por un técnico con formación superior en prevención de riesgos laborales.

También se contempla un aumento en la partida destinada al Programa de Incentivos en materia de prevención de riesgos laborales, lo que implicará no sólo contar con más recursos sino agilizar las próximas convocatorias e incrementar la información al servicio de las empresas.

Del mismo modo, en el área de mejora de los conocimientos, se promoverá un Programa de actividades formativas e informativas destinado no sólo al personal de la Administración, sino también a los responsables de prevención de las propias empresas, a los delegados sindicales o incluso al personal directivo de cada centro de trabajo. La construcción, la agricultura y los trabajos en altura serán para ello sectores prioritarios, así como las actividades vinculadas a la seguridad vial y los trabajos en altura. Esa labor formativa también llegará a las organizaciones sindicales y empresariales, que al trabajar sobre el terreno disponen de datos actualizados sobre los principales riesgos que soportan sus empleados.

Un respaldo unánime

Rocío Blanco ha destacado que el nuevo Plan de Choque es “una respuesta necesaria, ágil y efectiva” cuando de lo que se trata es de “reaccionar ante los riesgos que afectan a la seguridad y la salud de los trabajadores, un patrimonio que como sociedad debemos proteger y salvaguardar con todos los recursos a nuestro alcance”. “Tenemos que interiorizar que la cultura preventiva no es unaobligación o una carga adicional que debamos soportar, sino el auténtico ‘escudo’ con el que defendernos de unos peligros que son reales”, ha añadido.

Por su parte, el presidente de CEA, Javier González de Lara, ha coincidido en que la cultura preventiva es “un pilar estratégico y nuclear para las empresas andaluzas en su toma de decisiones”, y ha destacado que. “este Plan de Choque es el marco de acciones efectivas para continuar creciendo en una nueva sensibilidad de la sociedad en su conjunto, con organizaciones y equipos profesionales de la mano”. González de Lara ha recordado la “atención particular que merecen las pymes, músculo del tejido productivo de la región, para este avance social y para el crecimiento de Andalucía en prevención, porque de cómo articulan las pequeñas y medianas empresas sus acciones en PRL depende buena parte del éxito de la lucha contra la siniestralidad”. En este sentido, ha considerado que será “muy positivo que en 2024 se impulse un aumento de los programas de incentivos a las empresas con créditos asignados, agilizando su convocatoria, con transparencia y simplificando los trámites administrativos”, y ha resaltado el trabajo en polígonos industriales y parques logísticos de una Unidad Móvil de Información.

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha insistido en la urgencia de este Plan de Choque. “Lamentablemente nuestra comunidad autónoma ostenta récords de siniestralidad laboral en España, y este plan no será una solución definitiva, pero sí un primer paso para poner el foco en sus terribles consecuencias y resituar el compromiso que tanto las empresas como el Gobierno andaluz deben tener para empezar a ponerle freno”, ha asegurado. “Es una hoja de ruta clara para todos. Partimos de un mapa de realidad que debe poner a trabajar a la Inspección del Trabajo, al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, al empresariado, a los sindicatos, al Gobierno andaluz y al personal técnico habilitado de los centros de prevención cuya labor, compromiso y profesionalidad es reconocida y ha sido siempre clave para impulsar la prevención y combatir la siniestralidad laboral”, ha subrayado.

En nombre de UGT-Andalucía, Óskar Martín ha insistido en que “la ausencia de la cultura preventiva, unida a la precariedad en el empleo, es el caldo de cultivo de la siniestralidad laboral”. Durante su intervención, ha señalado que “el Índice de Incidencia Mortal no ha parado de crecer desde 2018 hasta la actualidad” y que “cada dos días y medio fallece un trabajador en accidente laboral, produciéndose además 12 accidentes laborales cada hora en nuestra Comunidad”. “Ante este escenario, ha añadido, “no cabe otra opción que poner en marcha medidas con carácter urgente, pero para que se puedan materializar se necesitan recursos materiales y humanos. Por eso, seguiremos reclamando el aumento significativo del cuerpo de Inspectores y Subinspectores del Ministerio de Trabajo, al igual que el de Técnicos Habilitados de la Consejería, de forma que puedan llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento efectivo de la normativa en PRL en las empresas”.