La Junta elabora un plan para rebajar los 60 millones que paga en el alquileres y usar edificios propios libres

El Gobierno andaluz ha iniciado la elaboración un plan de ahorro y eficiencia de la sedes administrativas de la Junta con el que pretende “reducir al máximo” lo que paga en alquileres. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos , Carolina España, ha informado de esta iniciativa tras la reunión del Consejo de Gobierno y ha detallado que la Junta se gasta cada año “57,7 millones” en edificios que tiene en alquiler.

España, que ha asegurado que pretenden tener listo el proyecto tras el verano, ha considerado “incongruente” mantener este gasto cuando la Administración tiene inmuebles en propiedad, "la mayoría procedentes de los pagos de la deuda histórica por parte del Estado", que se encuentran “infrautilizados, en desuso y en algunos casos abandonados o en estado ruinoso”.

España ha afirmado que "en 2014 el anterior gobierno socialista enajenó 70 inmuebles, por los que ingresó 300 millones de euros", en una operación que propició que la Junta “se vea pagando alquileres desde 2014 hasta 2034, a razón de 35 millones al año”, por lo que España ha asegurado que la Junta pagará "algo más de 700 millones en alquileres y sin tener la propiedad de 70 inmuebles".

La consejera ha detallado que la decisión de elaborar este plan de eficiencia y ahorro se produce después de detectar que, de los 30,000 empleados de la Administración, “más 13,000 realizan sus tareas administrativas en sedes alquiladas”, por lo que ha considerado lo que supone un coste y un desembolso importante”.

Asimismo, España ha asegurado que “existe una dispersión de edificios y sedes que resta eficiencia al servicio”, a lo que ha suma “la falta de adecuación de muchos edificios para ejercer como sede administrativa y los servicios que deben prestarse”.

España ha detallado que la intención del Gobierno andaluz es poder presentar este plan después del verano, del que prevé que propiciará reducir el número de los edificios por los que la Junta paga un alquiler, su cuantía y buscar alternativas contra la dispersión de las sedes y su adecuación al servicio que prestan.

La pretensión de la Junta es "la rehabilitación de edificios abandonados o infrautilizados, la construcción de nuevos edificios si fueran necesarios", y la enajenación o buscar fórmulas de explotación más adecuadas de los edificios que no reúnan condiciones para su uso administrativo.

También deberá plantear la reordenación de las sedes administrativas en cada una de las provincias para potenciar el uso más eficiente de los edificios y concentrar los espacios. El objetivo último es mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos y la prestación de los servicios a los ciudadanos.

La Junta señala que el plan “contribuirá a los objetivos de la transición ecológica, dotar de mayor eficiencia a los edificios y a la mejora de los servicios y equipamientos de las ciudades”.