La Junta dotó en 2011 de transparencia a las ayudas

Alaya ha ampliado la investigación de las ayudas relacionadas con el caso de los ERE a un período en el que la Junta argumenta que se produjo un cambio en el sistema para dotarlo de más transparencia y de fiscalización previa, dos de los requisitos que la instructora echó en falta en la etapa anterior.

Fuentes del Gobierno andaluz explicaron ayer a este periódico que el informe de fiscalización emitido por la Cámara de Cuentas respecto de las ayudas sociolaborales a los trabajadores afectados por los ERE y a las empresas en crisis recogía expresamente que en el ejercicio 2010 "con la publicación de la orden de encomienda en el mes de abril, se regularizó el procedimiento administrativo y presupuestario utilizado hasta ese momento".

A continuación, el 6 de abril de 2011 se publicó en el BOJA la nueva orden que regula las ayudas sociolaborales, que recoge los principios de concurrencia y transparencia, además de plantear la exigencia de mayores requisitos a las empresas y a los trabajadores que solicitan las ayudas. El procedimiento pasa a contar con unas bases reguladoras, se establece una fiscalización previa y se solicita un informe al gabinete jurídico.

Según las mismas fuentes, se trata de un procedimiento reglado y con controles previos frente al procedimiento desarrollado hasta el año 2010 por la Dirección General de Trabajo de la Junta.

El informe de la Cámara de Cuentas recoge también que "en sustitución de la práctica de conceder ayudas excepcionales, se han aprobado las bases reguladoras de una ayuda reglada mediante orden de 13 de marzo de 2012". En todas esta ayudas, la normativa reguladora circunscribe asimismo el colectivo de beneficiarios a "aquel conjunto de trabajadores que cumplían estrictamente los requisitos para acogerse al plan social del que traía causa su derecho".

En 2012, y a partir de proposiciones no de ley formuladas por los grupos parlamentarios en la Cámara autonómica, se aprobó el decreto ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, que aborda la "fiscalización previa y máximas garantías".