La Junta diseña unos presupuestos de "resistencia" de 30.706 millones

El Gobierno andaluz ha diseñado para 2013 unos presupuestos de "resistencia". Aunque en realidad son de subsistencia. Porque es una resistencia entendida para aguantar la coyuntura dentro del corsé impuesto del 0,7% del déficit, estableciendo como prioridad el empleo. Y lo es enfocada como una batalla contra el modelo "neoliberal" de Moncloa, con políticas de sello "netamente progresista y nítidamente social" de lucha contra la pobreza y la desigualdad, evitando el desmantelamiento de los servicios públicos y procurando el mantenimiento del gasto en educación y sanidad. Ésa es la letra que ha escrito el Ejecutivo bipartito, pero en cifras es un presupuesto a la baja, que cae un 4,1% respecto al ejercicio actual y se estanca en 30.706 millones -las consejerías reducen su gasto un 10,7%-. Aunque teniendo en cuenta el plan de reequilibrio que se aprobó a mediados de año, que supuso la evaporación de 2.500 millones, la diferencia real entre ambos ejercicios es de 400 millones.

Los números resultan un tanto optimistas. Lo son desde la perspectiva de un crecimiento económico negativo de un 1,2% del PIB. Y también ante un escenario posible de rescate que derive en una revisión como la de este año. Si entonces la responsabilidad recayó en el Gobierno central y sus imposiciones, en este caso serían además las que vendrían desde la troika -FMI, Banco Europeo y Comisión Europea-. El barómetro que mide estos presupuestos es la notable bajada en el capítulo de inversiones, que disminuyen un 20%, hasta los 3.814 milllones. El recorte se justifica en que ahora no toca hacer más kilómetros de autovía o construir nuevos hospitales: la prioridad es el gasto social.

Como defendió ayer la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, "no es el momento de incrementar las inversiones", sino de "preservar" los servicios públicos, es decir, mantener en funcionamiento colegios, guarderías de salud y hospitales que ahora están operativos. En definitiva, es el momento de "dar solución a los ciudadanos y no mirar a otro lado", dijo.

El primer gasto social en esa pirámide de prioridades es el empleo, y más cuando Andalucía soporta una tasa de paro del 34,9%. Se ha convertido en el eje transversal de todo el presupuesto, y llegará a absorber hasta 1.169 millones. De éstos, 379 millones responden a la continuidad del plan de choque que se activó a mediados de este año, en los que se incluyen los 60 millones del plan extraordinario de acción social, un plan similar al anterior Proteja, que vinculará la percepción de una beca-salario al trabajo o la formación, y del que serán beneficiarios parados de larga duración y mujeres en riesgo de exclusión social por su condición de víctimas de violencia de género. Estos programas se redondean con otros 307 millones para programas de empleabilidad, intermediación y fomento del empleo, otros 322 millones para formación y 169 millones para emprendedores.

El complemento a este paquete es la potenciación de los sectores productivos, también con vistas a la generación de empleo, con algo más de 1.000 millones, disponiendo de 500 millones para programas de I+D+i, 426 millones para desarrollo industrial y 169 millones para programas de desarrollo energético y de la minería, y 234 para turismo. Y todo, orientado hacia la internacionalización, es decir, impulsar y aprovechar que Andalucía está a la cabeza en crecimiento de las exportaciones del país: un 13%, frente a la media nacional del 4%.

Pero donde se va el grueso es en educación y sanidad -acumulan el 32,4% y el 44%, respectivamente, del presupuesto por consejerías-. El Gobierno andaluz tienen claro que la primera es la clave de igualdad y empleo futuro, y por eso, con los 7.451 millones consignados, se mantendrán todos los programas estrella de becas, libros gratuitos, comedor y transporte escolar, y se queda intacto el compromiso de financiación de las universidades con 1.420 millones. En el ámbito sanitario, los 10.086 millones previstos servirán para que no haya privatizaciones y mantener abiertos todos hospitales y centros de salud, a diferencia de las comunidades donde gobierna el PP, y dejar como está el gasto en dependencia con 1.146 millones, mientras se sube el complemento de las pensaciones asistenciales en un 2% y no se recortan los programas de la mujer, manteniéndose operativas todas las casas de acogida para las víctimas de violencia de género. El Ejecutivo que, por primera vez, incorpora a su lenguaje la lucha contra la pobreza, lo hace con un incremento del salario social a 70 millones -ante un previsible aumento de la demanda-, y una red de solidaridad alimentaria (20 millones).

La lectura política de estos presupuestos es que, si bien la Junta no quiere que sean vistos como de "confrontación" con los del Gobierno central, sí lo son de "contraste", y también son una oportunidad de la Junta de decir lo que no le gusta. Y lo que no le ha gustado es tener que hacer sus Presupuestos con tantas zancadillas del Gobierno central: desde el reparto "ilógico" del déficit,pasando por el recorte en el Fondo de Compensación Interterritorial (un 25,6%), a la caída de ingresos por la aplicación del modelo de financiación (5,1%).