La Junta aboga por reformar a la vez el cupo vasco y la financiación autonómica
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El Gobierno andaluz insiste en que el nuevo sistema de reparto de fondos estatales entre las regiones de régimen común es tan urgente como la mejora del tratamiento fiscal del País Vasco
Sevilla/El Gobierno andaluz vuelve a alzar la voz contra el retraso que acumula la reforma de la financiación autonómica. El sistema de reparto de fondos estatales caducó en 2013 y la última previsión apuntaba que la renovación se iba a acometer este año, tal y como se comprometió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero. Sin embargo, este plazo difícilmente se cumplirá ya que el Ejecutivo central aún no ha presentado una propuesta sobre la que posicionarse, cuando faltan menos de cuarenta días para que acabe el año. El único documento es el informe elaborado por el comité de expertos, sobre el que el Gobierno de Rajoy aún no se ha pronunciado, aunque fue entregado el pasado verano. Esta relajación contrasta con la urgencia con la que se ha tramitado la mejora del tratamiento fiscal del País Vasco, que será votada mañana en el Congreso de los Diputados y que previsiblemente saldrá adelante pese a la oposición de Ciudadanos y Compromís. La Junta incide en la interrelación entre el cupo vasco y la reforma de la financiación autonómica y sostiene que ambas cuestiones deberían ser discutidas "al mismo tiempo", según expresó ayer el vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Jiménez Barrios, quien instó al Gobierno central a "darse prisa y sentar a las comunidades a negociar". "Hay que cambiar de modelo, no reformar el actual, sino hacer uno nuevo que contemple las especificidades de Andalucía y que tenga la suficiencia financiera para que los servicios públicos se presten en régimen de equidad con el resto del territorio", insistió el número dos del Ejecutivo regional.
El cupo es la aportación que hace el País Vasco cada año a las arcas comunes del Estado por las competencias no transferidas al Gobierno autonómico, como infraestructuras (aeropuertos, puertos, ferrocarriles), defensa y representación exterior. Con este dinero se contribuye también al mantenimiento de las instituciones comunes, como el Congreso y el Senado.
La cuantía del cupo se determina en leyes quinquenales pactadas por los gobiernos central y vasco. Ambos ejecutivos llegaron el pasado mes de mayo a un acuerdo para el período 2017-2021 enmarcado en el pacto entre el PNV y el Gobierno de Mariano Rajoy para que los nacionalistas apoyaran los Presupuestos Generales del Estado de este año.
La postura de la Junta busca un equilibrio entre la defensa de los intereses regionales y el apoyo "sin complejos" de la Ejecutiva de Pedro Sánchez a la reforma del cupo, según expresó ayer la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, que defendió que es un "hecho diferencial constitucionalmente reconocido" que "hay que proteger", y rechazó los planteamientos que tratan de "igualar las comunidades autónomas por abajo".
La Administración autonómica insiste en el error de afrontar la reforma de la financiación como una lucha "cainita" que produzca agravios y desequilibrios entre comunidades, tal y como apuntó el pasado lunes la presidenta andaluza, Susana Díaz. "Andalucía siempre va a ser garantía de igualdad en el debate de la financiación autonómica", advirtió Jiménez Barrios, quien incidió en la "pérdida permanente de fondos" que ha sufrido la comunidad por no renovar a tiempo el sistema de reparto de fondos estatales.
La Junta estima que Andalucía no sólo ha perdido más de 5.500 millones de euros en los últimos años, sino que se ha incrementado la desigualdad en un 66% respecto a las regiones mejor dotadas, pasando la diferencia de 489 euros per cápita en 2009, a los 815 euros de 2015. "No aceptamos desigualdades", sostuvo el vicepresidente del Gobierno andaluz, quien también urgió al ministro de Economía, Luis de Guindos, a "aclarar lo que dice fuera, pero que no dice dentro", en lo relativo a un posible pacto fiscal para Cataluña.
El Gobierno andaluz no esta solo en su discrepancia con la tramitación por la vía de urgencia de la mejora del tratamiento fiscal del País Vasco. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, apuntó ayer también que "no tendría ningún sentido que se aprobara el cupo vasco y no el nuevo sistema de financiación".
Precisamente, la financiación fue uno de los temas abordados en la reunión entre la permanente del PSOE y la ejecutiva de los socialistas valencianos celebrada en la sede del PSPV en la tarde del lunes, tras la que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, exigió al Gobierno que "cumpla con sus compromisos" y presente la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica antes del 31 de diciembre y "sin más dilaciones".
La Ley de Violencia de Género amplía el concepto de víctima
Andalucía será la primera comunidad en incluir dentro de las víctimas de violencia de género a las personas mayores, discapacitados y dependientes que estén bajo la tutela de la mujer maltratada. Así se recogerá en la reforma de la ley andaluza, que también incluirá como víctimas a los menores siguiendo la futura norma estatal, según explicó ayer la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, tras el Consejo de Gobierno, en el que se aprobó una declaración institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Ejecutivo también acordó remitir al Parlamento el informe sobre las iniciativas contra el maltrato en 2016. Andalucía registró 29.997 denuncias, un 7% más que en 2015, lo que refleja, según Aguilar, que las mujeres "dan el paso y pierden el miedo a denunciar". El año pasado, en el que murieron cuatro mujeres y un menor por este tipo de violencia, fueron enjuiciados 4.548 hombres -de los que el 79% fueron condenados- y 50 menores, un 25% más, -el 90% de ellos condenados por los tribunales.
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