La Junta, "muy segura" del decreto pese a las pitadas que persiguen a Griñán

CSIF confía en que las protestas y la vía judicial acaben con su derogación. Ustea recurre ante el TSJA el acuerdo entre la Junta, CCOO y UGT.

Un centenar de funcionarios abuchean al presidente de la Junta durante la inauguración ayer del Instituto de Biomedicina de Sevilla.
Un centenar de funcionarios abuchean al presidente de la Junta durante la inauguración ayer del Instituto de Biomedicina de Sevilla.
Ch. Solís · Agencias / Sevilla

20 de noviembre 2010 - 05:04

La Junta tiene claro que no hay marcha atrás al decreto de reordenación del sector público porque está "muy segura" de su contenido final, tras el acuerdo de modificación alcanzado con CCOO y UGT. Así, la única posibilidad que les queda al resto de las organizaciones sindicales (CSIF, Safja y Ustea) y plataformas y asociaciones de funcionarios que están en contra de esta norma es que prosperen los recursos judiciales que han presentado para su derogación. Porque el Gobierno andaluz no parece que vaya a hacer caso alguno a sus protestas, aunque estas tengan como objetivo todos y cada uno de los actos de la agenda de los consejeros y del presidente andaluz, José Antonio Griñán, que ayer sufrió su enésima pitada cuando fue a inaugurar el Instituto de Biomedicina de Sevilla.

A esta vía judicial abierta se suma ahora el nuevo recurso de Ustea, que ya ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el acuerdo cerrado el jueves entre la Junta y las dos centrales sindicales firmantes. Su recurso no es tanto por el contenido, sino por cómo se ha llegado al consenso, "vulnerando los derechos fundamentales" y con "una falta de negociación" con los demás sindicatos.

Estas organizaciones disidentes confían obtener resultados de estas acciones judiciales y que acaben con la derogación, y en el caso de CSIF dicen estar armados de paciencia porque saben que estass son largas en el tiempo. De hecho, ya tienen experiencia: tardaron veinte años (1989-2010)en lograr que el Supremo les diera la razón y se anulara el decreto de constitución de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa) por entender que recortaba el empleo público y que era una fórmula de privatización de un servicio. A tenor de este antecedente, como explicó la portavoz de CSIF, no cejarán en su empeño y llegarán, "si es preciso, al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo".

Pese a que la intención del Ejecutivo autonómico sea ignorar por completo sus movilizaciones, de las que sólo esperan que se desarrollen "en un orden de racionalidad" después de los incidentes vividos el jueves durante la negociación en el edificio de Torretriana, estas seguirán adelante.

A pesar de estos frentes abiertos, la resaca de optimismo de los firmantes del acuerdo, es decir, Junta, CCOO y UGT, continúa. La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, fue quien verbalizó que la Junta "está muy segura" de este decreto tras los últimos retoques "fruto del diálogo" , y que "no le han dolido prendas por cambiar un artículo o dos cuando las propuestas son rigurosas". No pasó por alto la actitud de CSIF, que se levantó de la mesa de negociación, y minimizó la repercusión recordando que "no es el primer acuerdo en materia de función pública donde no ha entrado CSIF".

Los líderes de CCOO y UGT en Andalucía, Francisco Carbonero y Manolo Pastrana, también opinaron sobre la postura de este sindicato de funcionarios que compararon con los "nacionalismos excluyentes" al intentar enfrentar a unos trabajadores con otros: los funcionarios frente a los que atacan llamándoles "enchufados".

Aparte de ir de la mano en este decreto, la Junta y estos dos sindicatos comparten la teoría de que detrás de los conflictos hay maniobras políticas, apuntando al PP. Acusaron a los populares de fomentar la tensión con estas acusaciones de "enchufismo", de que se va a hacer funcionarios a personas sin oposiciones y de privatizaciones. Respecto a esto último, Moreno puntualizó que es como el "mundo al revés", porque es donde los populares gobiernan donde está habiendo privatizaciones.

En sintonía con quienes rechazan el decreto, el presidente del PP-A, Javier Arenas, pidió al PSOE-A que haga "borrón y cuenta nueva", porque es un asunto que "empezó mal, sigue mal y va a peor" y "cada vez lo van empeorando más y no se va a ninguna parte poniendo verdes a los funcionarios".

Dado que la modificación de este texto legal se canalizará vía enmiendas del PSOE a la Ley de Presupuestos de 2011, IU también quiere aprovechar este canal y tiene previsto presentar las suyas para que, según su coordinador regional, Diego Valderas, "no lo conozca ni la madre que lo parió".

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