Díaz pide más fondos para la dependencia dentro del nuevo modelo de financiación

Sevilla/El Gobierno y las comunidades autónomas llegarán a la Conferencia de Presidentes de la semana que viene con la voluntad común de reformar el modelo de financiación autonómica. El nuevo sistema deberá fijar cómo costear el gasto en la dependencia, pero aún no está claro cómo se tendrá en cuenta. Mientras que el Gobierno central aboga por abordar en conjunto todos los gastos que se derivan de políticas sociales, como el acceso a la vivienda o la discapacidad, la Junta defiende recursos diferenciados para garantizar la atención a la dependencia.

La presidenta del Ejecutivo regional, Susana Díaz, valoró ayer el compromiso de incluir la atención a la dependencia en el nuevo modelo, pero reclamó que tenga un tratamiento "singular". Díaz recordó que la Ley de Dependencia "obliga" a que las prestaciones sean sufragadas al 50% por el Estado y las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, la Junta soporta actualmente el 80% del gasto. Para el Gobierno andaluz, la dependencia se tiene que desarrollar con "financiación adicional".

"No se trata de sacar fondos de otros ámbitos del Estado del bienestar y destinarlo a la dependencia, sino de darle la consideración, el tratamiento y los recursos que la propia ley reconoce", insistió tras reunirse con la junta directiva del Comité Español de Representante de Personas con Discapacidad (Cermi) en Andalucía.

La Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo martes en el Senado se cerrará con diez acuerdos. Una de las novedades tiene que ver con el acuerdo que permitirá impulsar la reforma de la financiación autonómica (y en paralelo la de la administración local). Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos, menos Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu, acordarán la creación en un mes de un grupo de expertos elegidos por la administración central y por las autonómicas para estudiar cómo ha funcionado el modelo vigente entre los años 2009 y 2013, y sentar las bases del que le suceda. Cuando acabe el trabajo de los expertos y los técnicos, el ministro Cristóbal Montoro y las comunidades darán los retoques oportunos en el mismo Consejo de Política Fiscal y enviarán el proyecto al Congreso, pues la reforma de la financiación autonómica es una ley orgánica y necesita mayoría absoluta parlamentaria.

A iniciativa de Extremadura y con el apoyo de los demás gobiernos socialistas se ha acordado que la nueva financiación tenga en cuenta el gasto en la dependencia. Las autonomías socialistas pretenden que en la nueva financiación se asuma un reparto equitativo de lo que cuesta la dependencia, de modo que se garantice la financiación de ésta al 50% entre administración central y administraciones territoriales, pero el Gobierno quiere ampliar este ámbito a otras políticas sociales.

Además, en la Conferencia de Presidentes se cerrarán acuerdos en otros ámbitos como los que se plasmarán en la elaboración de un pacto por la Educación, la implantación de una tarjeta social que recoja las ayudas que reciben los ciudadanos de cada administración o la mejora de la coordinación en caso de catástrofes naturales. También se busca un consenso para facilitar la movilidad geográfica de los funcionarios y redactar una estrategia nacional sobre desequlibrios demográficos, entre otros.

Sánchez Rubio en los mismos términos

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha valorado la importancia de que se introduzca como elemento de debate en la VI Conferencia de Presidentes que el nuevo modelo de financiación autonómica incluya el coste de la Dependencia y que el Gobierno abone la mitad, al tiempo que ha deseado que el Estado aporte "la parte que le toca".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla con motivo de la reunión del Pleno del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, Sánchez Rubio ha insistido en la importancia de "la propuesta por parte de la presidenta de la Junta de que fuera elemento de debate en la reunión que tienen a nivel estatal los presidentes de comunidades autónomas".

Ello, expone, para garantizar la financiación tal y como se contempla en la ley. "Espero que sea para eso y se concluya en que la administración general del Estado aporte la parte que le toca, que ahora sólo es un 22 por ciento del total de la Ley de Dependencia, cuando tendría que ser un 50 por ciento: eso sería un incremento del número de personas atendidas y, por tanto, de la capacidad de atender toda la demanda que tenemos en ese momento".

Tras la última reunión preparatoria de la Conferencia ha trascendido que las comunidades esperarán a que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se remita en los próximos días una propuesta de qué documento llevar sobre financiación económica, para que éste pueda estudiarse antes de la cita del próximo 17 de enero de los presidentes autonómicos.