La Junta negará ayudas a los ayuntamientos que no retiren los símbolos franquistas

Los ayuntamientos andaluces que no retiren los símbolos franquistas de sus municipios serán sancionados y perderán el derecho a las subvenciones, según ha asegurado el vicepresidente del Gobierno y consejero de Administración Local, Diego Valderas. El vicepresidente del Gobierno ha ofrecido estos datos durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de Administración Local y Relaciones Institucionales, en la que ha respondido a una pregunta de IULV-CA sobre la retirada de símbolos del franquismo.

Valderas ha informado de que un grupo de trabajo integrado por la nueva dirección general de Memoria Democrática y por representantes de la consejería que preside está preparando una "ordenanza tipo" para que los ayuntamientos se acojan a la retirada de símbolos del franquismo, y se ha mostrado convencido de que ésta puede ser, además, muy "útil" para la ordenación del callejero.

Aunque ha indicado que la propuesta debe tener el visto bueno de los plenos municipales, ha recalcado que le parece "injustificable" que todavía hoy "haya quien se aferre a los símbolos de la dictadura". En este sentido, ha subrayado que su consejería no va a "cejar" en el impulso del cumplimiento de la ley, de forma que aquellos ayuntamientos que se nieguen a retirar los símbolos franquistas podrán ser sancionados "perdiendo el derecho a subvenciones", como establece la Ley de Memoria Histórica.

Por otra parte, Valderas ha respondido a una pregunta del grupo socialista relativa al nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica, que según ha dicho verá la luz en 2013. Ha explicado que la Administración andaluza pretende ser garante de la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía y no permanecerá "impasible" ante los "crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura". Así, la Junta se presentará como denunciante en los casos que estime necesarios para la salvaguarda de los derechos individuales y colectivos de los andaluces.

El nuevo texto legal tiene como objetivos, entre otros, lograr el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura.

También pretende promover la colaboración de las administraciones con los particulares y entidades sin ánimo de lucro para la localización e identificación de víctimas; facilitar las autorizaciones administrativas para actividades de localización; el acceso a terrenos afectados y la retirada de símbolos, escudos y monumentos públicos que hagan referencia al antiguo régimen.

Valderas ha respondido a otra pregunta del PP relativa a los objetivos de la nueva dirección general de Memoria Democrática, y ha justificado su creación en que "la memoria democrática tiene la suficiente importancia y afecta a un número tan importante de familias que creíamos que teníamos que darle rango de dirección general".

Ha destacado el "magnífico trabajo" que está realizando esta dirección general, cuya creación no ha supuesto un aumento de la plantilla respecto a la etapa anterior ni tampoco ha generado gasto porque tiene su sede en la propia Consejería de Administración Local.

La dirección general ha elaborado una orden por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones por un importe económico de 306.000 euros para la coordinación de actuaciones en este ámbito. La orden va dirigida a los trabajos preliminares de indagación y prospección de fosas, así como de identificación y exhumación de las víctimas, los traslados -si procede- a los cementerios, y la señalización de lugares de la memoria.