La Junta aumentará la vigilancia sobre las fianzas de los alquileres

Sevilla/Un 16% de las viviendas en Andalucía están en alquiler, unas 700.000. La Junta ignora cuántos de esos contratos se declaran y cuántos atienden la obligación de depositar la fianza procedentes de los arrendamientos de inmuebles y de la contratación de los suministros de luz, agua y gas para custodia de la Administración. A partir de ahora, la Junta incrementará la vigilancia sobre estos depósitos y concienciará sobre esta obligación para los propietarios recogida en la ley autonómica 8/1997. El primer paso lo dio ayer el Consejo de Gobierno de la Junta con el traspaso de las competencias residenciada en Hacienda a la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige la consejera de IU Elena Cortés.

El socio de Gobierno introdujo este traspaso en la ley de Función Social de la Vivienda. El Gobierno central del PP recurrió la ley, pero no este precepto. El portavoz del Gobierno, el socialista Miguel Ángel Vázquez, dedicó ayer poco cariño a este acuerdo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, también cuando fue interrogado por los periodistas. Apenas comentó que las cuantías de estas fianzas no son "significativas".

Fuentes de la Consejería de Hacienda aclararon que en los Presupuestos de 2014 la Junta prevé 38,3 millones de euros de ingresos por otros 30 millones de gastos para la devolución de fianzas. Del saldo restante, un 70% se dedicará a las políticas públicas de vivienda. Una comisión con participación de las dos consejerías se encargará de aprobar las propuestas trimestrales de liquidación de los saldos.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública habilitará los correspondientes créditos destinados a la financiación de las políticas de vivienda.

Esta cantidad apenas supone en la actualidad unos 5,8 millones, pero la intención de la Consejería de Fomento es aumentar la inspección y concienciación de esta obligación para aumentar esta cantidad extra. Esta manera de incrementar los recursos que se estrena en la comunidad autónoma tiene precedentes en Madrid, País Vasco y Cataluña. En esta última comunidad el Incasol, la promotora del Gobierno de la Generalitat, llegó a destinar antes de la crisis, en 2007, 530 millones de euros procedentes de las fianzas de los alquileres a promover viviendas protegidas también de alquiler, rehabilitar barrios y dar préstamos a las empresas que hacían pisos sociales.

En unas semanas el Consejo de Gobierno aprobará otro decreto que traspase la competencia de la Consejería de Fomento a la Agencia de Rehabilitación y Vivienda (AVRA), la antigua EPSA. Esta agencia quiere destinar esta inversión extra a la rehabilitación de viviendas o el mantenimiento del parque social de vivienda.

El cambio de competencias en la gestión de las fianzas conlleva una serie de novedades en la prestación del servicio. AVRA pondrá a disposición de los interesados un servicio de atención a la ciudadanía que informará a propietarios e inquilinos del estado de los depósitos mediante certificados y documentos acreditativos. Esto será a partir del mes que viene en un número 900. Se atenderá en las ocho sedes de AVRA con una ampliación del horario de atención y se ultima una web para facilitar los trámites.