La Junta unificará la atención a víctimas de violencia de género
La Consejería de Justicia inicia el trámite para abrir a principios de 2019 la ventanilla única con todos los servicios para este colectivo
Un espacio digital para que las víctimas de la violencia de género puedan conocer sus derechos y acceder a las prestaciones y servicios que les concede la Administración andaluza. Con ese objetivo echará a andar a principios de 2019 la ventanilla única de atención a las víctimas de violencia de género.
Lo reveló ayer la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, que participó en un seminario sobre políticas de género organizado por la oficina del Parlamento en España y donde también estuvo la titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
La ventanilla única, cuya puesta en marcha pasa ahora por el trámite de audiencia pública, es una de las medidas incluidas en la ley andaluza de violencia de género, recientemente reformada en el Parlamento.
La previsión es que el decreto de creación de este servicio llegue al Consejo de Gobierno antes de fin de año para que la ventanilla única pueda echar a andar en los primeros meses del próximo ejercicio.
La intención del departamento que dirige Rosa Aguilar es que las víctimas de violencia de género puedan conocer sus derechos e incluso acceder a los mismos a través de una página web o una aplicación móvil.
100.000 personas pasan al año por el IAM
El público potencial de esta ventanilla única alcanza las 100.000 personas al año, según especificó la titular de Políticas Sociales. Sánchez Rubio revelo que ese es el número de víctimas que pasan en un sólo ejercicio por los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).
Las mujeres víctimas de violencia machista –ya sea física, psicológica, económica o sexual– no son las únicas susceptibles de utilizar este servicio de la Junta, puesto que el concepto de víctima quedó ampliado en la última reforma a los hijos de estas mujeres, pero también a las personas mayores o dependientes que estén a su cargo.
Tanto Rosa Aguilar como María José Sánchez Rubio destacaron en el acto organizado por el Parlamento Europeo la relevancia de que la institución comunitaria haya celebrado un seminario sobre políticas de género en Andalucía, comunidad “pionera”, defendieron ambas antes de participar en una mesa redonda con la directora de la representación que la Eurocámara tiene en España, María Andrés y la concejal del Ayuntamiento de Sevilla dedicada a Igualdad, Myriam Díaz.
Formación en género para abogados
Aguilar también se refirió a un acuerdo alcanzado por su departamento con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el Consejo Andaluz de Procuradores para que los miembros de ambas instituciones puedan recibir formación en materia de género como la que ya reciben policías, fiscales y jueces.
Según la titular de Justicia e Interior, la iniciativa servirá para dar “un paso más” en la formación de profesionales y, de esta manera, reforzar las “políticas educativas” impulsadas desde la Administración andaluza que, en su opinión, son “un elemento clave y esencial” para luchar contra la violencia de género.
El pacto contra la violencia machista, hacia Europa
El pacto de Estado contra la violencia de género tomó cuerpo el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, pero podría llegar más lejos. El grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo estudia llevar las medidas incluidas en el acuerdo nacional a la Cámara comunitaria, como reveló ayer la eurodiputada Soledad Cabezón en el seminario Igualdad de Género, Conciliación y Protección de Víctimas de la Violencia Machista, organizado en Sevilla por la oficina del Parlamento Europeo en España. Cabezón, que recordó que “un tercio de las mujeres declara haber sido víctima de violencia física o sexual”, estuvo acompañada por su compañera de partido Iratxe García, líder del PSOE en Bruselas, así como de la eurodiputada sevillana del PP,Teresa Jiménez-Becerril. Las tres participaron en las jornadas, coordinadas por la directora de la representación de la Eurocámara en España, María Andrés y la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Huelva, Adela García Barreiro.
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