La Junta arremete contra el "fracaso" de la ley estatal de vivienda y defiende el modelo de Andalucía

Sevilla/La sentencia del Tribunal Constitucional en la que se rechazaban parte de los contenidos de la ley estatal de vivienda por entender que invadía competencias andaluzas, ha servido a la Junta de Andalucía para desacreditar la política del Gobierno central en su conjunto. Así al menos lo ha sostenido esta mañana la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que en la comisión del Parlamento andaluz ha destacado que a un año de su entrada en vigor, esta legislación refleja el "fracaso de las medidas populistas del Gobierno de Pedro Sánchez", con "un desplome de la oferta" y con "el precio del alquiler alcanzando máximos históricos".

La responsable del Ejecutivo andaluz ha recordado que Andalucía fue la primera comunidad en interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal por el derecho a la vivienda, aunque en cualquier caso "no hemos sido los únicos, ya que la ley ha sido objeto de otros siete recursos de inconstitucionalidad", ha expresado la consejera, que ha puesto estos recursos como ejemplo de que la norma "se gestó y aprobó a espaldas de las comunidades autónomas". Rocío Díaz ha afirmado que la ley estatal de Vivienda "es una norma que ha invadido claramente competencias autonómicas". La Junta hizo lo que debía, poner en conocimiento que la Ley de Pedro Sánchez iba en contra de nuestra Constitución y los tribunales nos han dado la razón", ha señalado.

Se ha extendido en la valoración de una sentencia, a la que sí ha tenido acceso desde "hace dos días", que reconoce que "el Gobierno de España se ha excedido a la hora de querer regular la vivienda protegida, el parque público o los grandes tenedores, cuestiones que son potestad exclusiva de Andalucía como queda recogido en el Estatuto de Autonomía".

Esta sentencia permite, ha añadido, que Andalucía pueda desarrollar sin injerencias la futura ley en materias tan sensibles como la vivienda protegida (tipología, catalogación, características o requisitos), pero también nuestro parque público. La Junta de Andalucía, que ya ha podido analizar de manera inicial el contenido de la sentencia, ha advertido de las consideraciones de cuatro votos particulares, es decir, el 40% del Alto Tribunal.

La consejera se ha detenido en las consecuencias prácticas de la sentencia del Tribunal Constitucional, como "elimina cualquier intromisión del Gobierno de España en el concepto de vivienda protegida". Por ejemplo, el Estado planteaba un plazo de protección de, al menos, 30 años, que "no era atractivo ni para los promotores ni para los compradores". Con la eliminación del artículo 16, se mantiene lo dispuesto por el Gobierno andaluz en el Plan Vive en Andalucía, con "criterios más flexibles en la catalogación de la vivienda protegida" de 15, 10 y 7 años en función de la categoría de la vivienda protegida. Medidas de flexibilización como esta, unidas a las líneas de ayudas a promotores públicos y privados para la construcción de viviendas, han permitido que Andalucía, desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta, haya triplicado la certificación de viviendas protegidas -3.218 entre 2014 y 2018 y 10.258 entre 2019 y 2023-.

Rocío Díaz ha detallado que la norma del Gobierno de España ha generado "un impacto contraproducente en el mercado del alquiler", con "un efecto contrario al pretendido: la oferta de pisos en alquiler se ha desplomado por el temor de los propietarios". Además, según ha explicado, ha generado "un marco de completa inseguridad jurídica que ha menguado la oferta y empeorado la situación, con un aumento exacerbado de los precios, especialmente en las grandes ciudades", como así reflejan los principales portales inmobiliarios.

El PSOE considera que hay un "varapalo" a la Junta

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, la diputada socialista María Isabel Ambrosio ha criticado que el Gobierno andaluz "haga la avestruz y esconda la cabeza" tras "el varapalo" que ha recibido con la sentencia del TC tras presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Vivienda.

Por su parte, el diputado de Vox Ricardo López Olea ha defendido el asunto "nuclear" que es la vivienda, que toca con "la dignidad humana", y ha criticado que las políticas desarrolladas anteriormente han "atacado" este derecho establecido en la Constitución.

Por su lado, el diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha empezado su intervención criticando que las referencias que toma el Gobierno andaluz para abordar el problema de la vivienda es de "Fotocasa e Idelialista" porque "se cargaron el Observatorio de la Vivienda".

Por último, el diputado del PP Pablo Venzal ha destacado que "el decremento de la oferta de vivienda en el mercado inmobiliario se debe fundamentalmente a la legislación" y ha apuntado que "la seis o siete legislaciones que el Gobierno central ha hecho desde 2018 ha hecho que se haya retraído la oferta".