La Junta apoya eliminar aforados pero aboga por un pacto para toda España

El PP coincide en que la comunidad no debe legislar en solitario para evitar diferencias entre regiones

El Gobierno andaluz advierte de la "complejidad" de la reforma del Estatuto

A. Martín

10 de mayo 2017 - 02:34

Sevilla/La propuesta de Ciudadanos de reducir el número de aforados ha suscitado un consenso poco común entre socialistas y populares. Las dos principales fuerzas políticas del Parlamento apoyan la medida, aunque coinciden en que Andalucía no debe legislar en solitario y emplazan a negociarla dentro de un pacto a nivel nacional.

Para los socialistas, su revisión tiene que formar parte de una reforma integral de la Justicia. "No puede ser una subasta entre territorios que vaya en función de la necesidad de notoriedad que se tenga en un momento determinado", aseguró ayer la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien recordó que la iniciativa del partido naranja es uno de los 72 puntos del acuerdo que permitió su investidura. "Y yo lo que firmo lo cumplo. Para mí no son lentejas como para Mariano Rajoy", señaló la jefa del Ejecutivo regional, que incidió en la necesidad de un "debate profundo y urgente" sobre los aforamientos.

El PP andaluz también aboga por implicar a todos los partidos y elevar el debate a toda España "de forma ordenada", ya que en caso contrario se cuestionaría por qué en unas comunidades sí se hace y en otras no. "Es una bandera que el PP ya ha levantado y planteado antes que nadie", aseguró el portavoz de los populares andaluces, Elías Bendodo, quien insistió en que su formación está "abierta a escuchar", aunque considera que el planteamiento "debe ser mucho más ambicioso" y no circunscribirse a la escala regional. Además, Bendodo explicó que "se puede renunciar al aforamiento", y apuntó que "los que lo plantean con tanta insistencia sin haberlo trabajado tienen esa posibilidad".

Más crítico fue el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, quien considera que es una medida "razonable" cuando se refiere a casos de corrupción, pero teme que la eliminación de los aforamientos desproteja el trabajo parlamentario. "Cuidado con eso, porque no vaya a ser ahora que por un parlamentario, en defensa de los trabajadores o en caso de conflictos laborales, de pronto se le vengan encima ataques a la labor parlamentaria", sostuvo.

Mientras tanto, Ciudadanos celebra la repercusión de su propuesta, gracias a la cual consideran que han vuelto a llevar la iniciativa política en la comunidad. "Ciudadanos forzará a Díaz a decantarse sobre la supresión de los aforamientos", escribió ayer su líder, Albert Rivera, en su perfil de Twitter.

Sin embargo, todavía queda una larga marcha política y legal por recorrer para que la medida entre en vigor. La inviolabilidad de los parlamentarios andaluces se recoge en el artículo 101 del Estatuto de Autonomía. Si se opta por el procedimiento simplificado de reforma del Estatuto, su modificación requiere la convocatoria de un referéndum tras consultar a las Cortes el texto de la reforma. Y una vez logrado el asentimiento de los andaluces, el texto tiene que volver al Congreso de los Diputados para ser aprobado mediante ley orgánica, lo que exige mayoría absoluta en la Cámara Baja.

En el caso de Murcia, la primera comunidad que ha suprimido los aforamientos, la reforma no requiere la convocatoria de referéndum . Basta la aprobación por mayoría de tres quintos de su Cámara regional y su sometimiento "ulteriormente a las Cortes como ley orgánica", según recoge su Estatuto.

"Es un proceso de cierta complejidad", reconoció el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, quien señaló que "depende de la voluntad política de los grupos". "Este gobierno mantiene lo que firmó hace dos años; no cambiamos a cada golpe de viento y si hay que ir a una reforma, no quedará otra", agregó Vázquez, si bien reiteró que sería "mucho más positivo" que este debate se produzca en el conjunto del Estado "y no, comunidad autónoma a comunidad autónoma". La Junta considera que la supresión de los aforados no implica "abrir el melón" de una reforma más profunda del Estatuto de Autonomía. "El Estatuto tiene diez años escasos de vida. Tiene posibilidad de desarrollo y todavía tiene que dar mucho", apuntó el portavoz del Gobierno andaluz.

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