La Junta busca ahorrar 30 millones de euros al año con su plan para reducir el consumo eléctrico en sus edificios
Energía
El proyecto cuenta con una inversión de 117 millones procedentes de fondos regionales propios, nacionales y europeos
El plan contempla la elaboración de un manual de buenas prácticas de ahorro energético del empleado público de la Junta
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El Consejo de Gobierno de este martes ha puesto énfasis en el compromiso del Gobierno de la Junta con la lucha contra el cambio climático. Prueba de ello es el plan que ha presentado para reducir el consumo energético en sus edificios y que tiene como objetivo ahorrar un 12% de la energía que se consumía en 2021 al final de la legislatura (2026).
El consejero Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha sido el encargado de desmenuzar las claves de un proyecto que cuenta con una inversión de 117 millones de euros procedentes tanto de fondos regionales propios como nacionales y europeos. "La Junta debe ser un ejemplo de responsabilidad y de compromiso con el objetivo marcado en el seno de la UE de favorecer la eficiencia y el ahorro energético, liderando actuaciones que favorezcan la optimización de los recursos energéticos en sus sedes administrativas y edificios públicos y el uso de energías renovables", afirmó Paradela.
El consejero ha explicado que el plan ha sido elaborado por su departamento con la participación de todas las consejerías y entidades de la Junta, ya que recoge medidas "transversales" que afectan a toda la Administración regional, y ha sido consultado con los agentes sociales.
Las medidas que se toman en esta legislatura tienen como meta reducir el consumo eléctrico de la Junta de Andalucía en un 12%, 132,5 gigavatios hora (GWh) al año, lo que conllevará en 2026 un ahorro económico anual que rozará los 30 millones de euros.
El documento presentado este martes se articula en torno a tres ejes de actuación orientados a la optimización de la factura energética, a la realización de inversiones en ahorro, eficiencia energética e implantación de energías renovables en edificios de la Junta, y al desarrollo de actuaciones para una movilidad sostenible, según ha detallado el consejero.
Una batería de 11 medidas
Para el desarrollo de estos tres ejes se ha previsto una batería de 11 medidas, alineadas todas ellas con la Estrategia Energética de Andalucía 2030, el documento de planificación energética de Andalucía para los próximos diez años.
Entre ellas se encuentran la mejora de la gestión energética y de la demanda en los centros públicos, la optimización de la potencia contratada y la compensación de la energía reactiva de los suministros eléctricos para disminuir el coste de la factura.
También contempla la elaboración de un manual de buenas prácticas de ahorro energético del empleado público de la Junta de Andalucía y la priorización y realización de inversiones en ahorro, eficiencia energética y energías renovables, y la reducción del uso de vehículos de combustibles fósiles y la instalación de puntos de recarga.
Con este plan, el Gobierno andaluz continúa avanzando en el camino recorrido con las actuaciones de ahorro energético y aprovechamiento de energías renovables puestas ya en marcha durante la anterior legislatura, como el acuerdo marco para la contratación centralizada de auditorías energéticas en edificios de la Junta o el inicio de la sustitución de una parte del parque móvil por vehículos eléctricos.
Además, como "ejemplo de responsabilidad y de anticipación", desde la aprobación de la formulación del Plan el pasado 20 de septiembre por el Consejo de Gobierno, y en paralelo a la propia tramitación administrativa del mismo, la Junta de Andalucía ha adelantado la ejecución de las actuaciones previstas con el fin de "impactar también en la reducción de la dependencia del gas natural y en su consumo para minimizar la influencia que está teniendo el precio de la energía en la economía global, contribuyendo también al objetivo europeo de reducir voluntariamente la demanda energética".
El consejero Paradela ha precisado que el plan ha sido diseñado con una filosofía "flexible", de tal modo que se podrán incorporar medidas adicionales que amplíen o complementen las recogidas en el documento aprobado, en función de las necesidades y efectividad de estas.
Su seguimiento y evaluación corresponde a la Consejería de Industria, Energía y Minas a través de la Agencia Andaluza de la Energía, que ha sido designada como oficina técnica tanto para su elaboración como para la coordinación de su ejecución y seguimiento.
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