La Junta confía en que el TC le permita conservar la gestión del Guadalquivir

El Gobierno andaluz confió ayer en que la próxima sentencia del Tribunal Constitucional (TC) respecto al recurso contra las competencias andaluzas sobre las aguas del Guadalquivir permita a la comunidad desarrollar "con toda normalidad" las competencias sobre las mismas.

Así se pronunció la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno a la información publicada ayer por esta redacción de que la ponencia que discute el Alto Tribunal declara el artículo 51 del Estatuto andaluz incompatible con la Constitución.

Desde el 1 de enero de 2009, la Junta de Andalucía ostenta la gestión de una competencia "exclusiva" que se le concedió al entrar en vigor la reforma del Estatuto en 2007. Esta transferencia fue recurrida el 5 de junio de 2007 por la Junta de Extremadura ante el Tribunal Constitucional al estimar que las competencias exclusivas de Andalucía "incumplen" la Constitución. De aprobar el Tribunal Constitucional la ponencia que ha redactado el magistrado Javier Delgado, el artículo 51 del Estatuto andaluz anularía la competencia y ésta volvería al Estado central.

Moreno aseguró a preguntas de los periodistas que el Gobierno andaluz es consciente de que el Constitucional trabaja sobre una sentencia al recurso presentado por la comunidad de Extremadura, pero desconoce el sentido de la misma. No obstante, Moreno recordó que el Estatuto de Autonomía de Andalucía no sólo está "plenamente avalado" por el Consejo Consultivo de Andalucía, sino por la totalidad de las fuerzas políticas del Congreso.

Por ello Moreno se mostró convencida del "perfecto encaje en la Constitución" de este artículo y añadió que el Gobierno andaluz espera del Constitucional una sentencia que permita desarrollar las competencias del Guadalquivir "con plena normalidad".

Desde la cautela, la consejera apeló a "dejar trabajar al TC" y no remontarse a "escenarios futuros que no conocemos", en el caso de las consecuecias que tendría si finalmente fuese declarado inconstitucional este artículo.

Una anulación del artículo 51 del Estatuto sería un duro varapalo a los pasos que desde 2007 ha dado el Gobierno andaluz en torno a la asunción de la gestión sobre el Guadalquivir, una de las reivindicaciones históricas de Andalucía, que entiende que este río es el que mejor identifica y vertebra a la comunidad.

El Ejecutivo andaluz es consciente de que una decisión del TC que devuelva al Estado la gestión sobre la cuenca es un paso atrás importante, describen algunas fuentes, al tratarse de una competencia que ha impregnado en los últimos años la gestión de las aguas en la comunidad. La última, la Ley de Aguas aprobada por el Gobierno andaluz.

Aún así la decisión del Tribunal Constitucional puede variar sustancialmente en la fórmula que se elija para contrariar este derecho. El Gobierno andaluz no quiere oír hablar de la inconstitucionalidad del artículo, aunque la vía de que el Alto Tribunal opte por una vía interpretativa, "mucho menos fuerte" describen, tampoco hace albergar esperanzas de que la gestión se mantenga. Las mismas fuentes admiten que la entrada del recurso ante el Constitucional siempre conlleva que "algo se toque", aunque la preocupación reside en la "profundidad" de la decisión de los magistrados o incluso la anulación total del artículo.

También en la línea prudente de la consejera de la Presidencia se manifestó el vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, aunque algo más combativo siguiendo lo que parece ser el rol que José Antonio Griñán le ha asignado al partido.

Velasco esperó que la "cordura" impere en la decisión del TC sobre las competencias del Guadalquivir, "independientemente de que el Estado tenga competencias en materia de agua". En declaraciones a los periodistas tras visitar el municipio cordobés de Aguilar de la Frontera, Velasco afirmó que, desde la "prudencia y la normalidad democrática" de que una comunidad plantee un recurso porque cree que hay competencias que se les quita, "nosotros defendemos el Estatuto de Autonomía de Andalucía".

"Deseamos que la cordura impere en este asunto y que en el Guadalquivir se siga trabajando como en el último año, con las competencias en Andalucía, que sea quien capitalice la gestión mayoritaria de sus aguas", apuntó el número dos del PSOE-A, quien agregó que "el Guadalquivir es Andalucía y eso lo sabe todo el mundo".

El dirigente socialista insistió en que lo "lógico" es darle las competencias a la Junta de Andalucía, "independientemente de que la comunidad y las aguas del Guadalquivir son solidarias con otros territorios y de que nosotros prestamos siempre agua a quienes lo necesiten".