La Junta da el primer paso para recurrir la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional

El Gobierno andaluz dará este martes en la reunión del Consejo de Gobierno el primer paso para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía después de que la haya aprobado el Congreso de los Diputados y vaya a entrar en vigor en breve. El Gobierno andaluz va a pedir la pertinente autorización al Gabinete Jurídico de la Junta para iniciar estos trámites y dispone de un plazo de tres meses desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado. Una publicación que todavía no se ha producido por decisión del Gobierno central.

Con estos trámites, Andalucía es la primera comunidad en recurrir al Alto Tribunal contra la polémica Ley de Amnistía.

El procedimiento legal que seguirá Andalucía es similar al que llevarán a cabo el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP aunque desde el Ejecutivo de Juanma Moreno prefieren evitar esta coincidencia. Está claro, sin embargo, que se trata de un un movimiento político dirigido desde la sede central del PP en la calle Génova.

Cada comunidad autónoma tiene legitimidad para recurrir al Alto Tribunal en defensa de sus intereses y así lo ha decidido el PP nacional en una ofensiva conjunta contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Díaz Ayuso

Se da la circunstancia de que fue Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la que anunció el mismo día 30 de mayo mientras se debatía la ley en el Congreso de los Diputados que todas las comunidades gobernadas por el PP irían ante el Tribunal Constitucional.

Díaz Ayuso hizo este anuncio antes incluso de que Alberto Núñez Feijóo tomase la palabra en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.

Juanma Moreno, con otro estilo político totalmente diferente, esperó a la votación en el Congreso de los Diputados para anunciarlo.

Los motivos

El argumentario de Andalucía es, además, propio. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, compareció en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado en el mes de abril defendiendo que en Cataluña viven más de 500.000 andaluces, por lo que la voz de Andalucía es relevante en este debate. Sanz defendió en el Senado que la Ley de Amnistía “es plenamente inconstitucional y deja desprotegido el Estado autonómico al sentar un precedente muy peligroso para su propia supervivencia”.

Un argumento que han replicado todos los portavoces del Ejecutivo andaluz desde entonces y que también defendió el presidente Juanma Moreno.

Además del principio de igualdad, desde el Gobierno andaluz temen por los fondos que envía el Estado y en cuyo reparto Andalucía nunca sale beneficiada. Más bien al contrario.

Juanma Moreno ya ha alertado de que, tras la negociación de la amnistía, hay negociaciones bilaterales entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat para pactar un modelo de financiación autonómica a la medida que que se traduzca, en la práctica, en beneficios económicos directos para esta comunidad autónoma. Y todo ello mientras el Gobierno central mantiene congeladas las negociaciones para abordar un nuevo modelo que no perjudique a Andalucía.