La Junta de Extremadura abre la vía para solucionar el conflicto

Soluciones. Las horas posteriores al conocimiento de que el Tribunal Constitucional anula las competencias andaluzas sobre el Guadalquivir giraron sobre el impacto de la sentencia y la reparación del daño, una vez que ésta es irrevocable. El presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, encontró la puerta abierta al diálogo de su homólogo en Extremadura, también socialista y responsable del recurso.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, rechazó una lectura de la sentencia "en términos de ganadores o perdedores", puesto que ésa no era la intención al presentarla, sino sólo "defender los derechos e intereses" de la comunidad extremeña, que tiene sobre un 7% de la cuenca hidrográfica. "Habrá que dialogar", afirmó lacónico Fernández Vara, cuyo Gobierno puede bombardear de nuevo las posibles soluciones que imagine el Ejectivo andaluz para continuar con la gestión del Guadalquivir.

Fernández Vara apostó por que Andalucía "tenga un peso importante en la gestión" del Guadalquivir, puesto que la mayor parte de su cuenca transcurre por territorio andaluz, pero tras la sentencia conocida "habrá que hablar" y confiar en que el Gobierno "pueda proponer soluciones y ajustarlas" a un "acuerdo" sobre el tema del agua. Fernández Vara y Griñán mantuvieron un contacto vía teléfonica, sin que la consejera de Presidencia, Mar Moreno, diese más detalles.

Para hablar de esas posibles soluciones convocó el presidente de la Junta a media tarde en el Parlamento a los líderes de PP, Javier Arenas, y de IU, Diego Valderas, así como a la secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz. La cita no estuvo exenta de tensión, tras semanas de agrias declaraciones cruzadas a causa del caso de los ERE, fue comentada por los protagonistas en las ruedas de prensa posteriores en las que los grupos políticos informaron de la agenda a seguir.

Tras un retraso de Arenas de unos quince minutos a la hora fijada que molestó al presidente, el popular se mostró disconfome a que en una cita política asistiera la consejera de la Presidencia en calidad de presidenta de la comisión bilateral que se reunirá con el Gobierno. Arenas exigió entonces la presencia en la reunión de su secretario general, Antonio Sanz, a lo que Griñán se negó y tanto Sanz como Moreno abandonaron la reunión por petición del presidente, según el relato a los periodistas de Arenas, quien también receló de que Griñán informase de la sentencia a los medios de comunicación antes que a las fuerzas políticas. Valderas hizo alusión a la anécdota y la atribuyó "más que a la tensión, a la pasión". Moreno restó importancia al incidente.

El ánimo por la sentencia difirió según el grupo político. Moreno puso el acento en que el TC no haya visto inconstitucionalidad en los artículos 43, 50.1 y 50.2 que también versan sobre el Guadalquivir y confió en encontrar opciones para hacer "inapreciables" para los andaluces los cambios que origina la sentencia. En ello abundará Griñán con Zapatero previsiblemente el lunes. Sobre la vía del 150.2, Moreno esperó a un estudio "riguroso" de los servicios jurídicos.

Arenas dijo que el PP acata la sentencia. Reafirmó su compromiso con el Estatuto y con que Andalucía tenga las máximas competencias, pero "sin pasar la raya roja" de la Constitución, por lo que una solución tiene que pasar por "arrimar" ambos textos. No obstante, al líder popular no le sorprendió el sentido de la sentencia, porque "era un artículo muy polémico", que el PP consideró "limpio" tras introducir su enmiendas en el debate, pero que finalmente no ha sido así. Valderas fue más animoso y abogó por movilizar a los ciudadanos tras mostrar su "desacuerdo" con el TC. Los grupos acordaron convocar la comisión de desarrollo estatutario, inédita desde la aprobación del nuevo Estatuto en 2007.