La Junta teme que se anule el caso ERE tras la "intromisión" del Gobierno de España

El caso ERE vuelve a estar de actualidad en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, tras conocerse la ponencia del Tribunal Constitucional en la que se plantea anular la condena de inhabilitación impuesta por el Supremo a la ex consejera y ex ministra socialista Magdalena Álvarez.

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha preguntado al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, si "sabía por dónde iba a ir la ponencia" del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE antes de que su contenido se hiciera público y ha mostrado su temor de que el caso acabe siendo "anulado". Se refería así al "homenaje" que Sánchez hizo a Magdalena Álvarez en un mitin en la campaña electoral de las europeas en la localidad malagueña de Benalmádena. Por ello, el portavoz del Ejecutivo andaluz ha mostrado su preocupación. "Desde la Junta estamos muy preocupados por esa sensación permanente de intromisión que tiene el PSOE y el Gobierno de España en los procedimientos judiciales, incluso en aquellos procedimientos judiciales ratificados nada más y nada menos que por el Tribunal Supremo".

Fernández-Pacheco ha detallado que el caso ERE lo han juzgado hasta veinte jueces diferentes, y "todos han visto delitos", como por ejemplo el de prevaricación. "Vamos a estar muy atentos a ver qué magistrados se abstienen en este procedimiento porque tenemos la sensación permanente de intromisión por parte del Gobierno en los procedimientos judiciales".

En este sentido se ha referido a Conde Pumpido, que ya tuvo que abstenerse en el Tribunal Supremo, y al ex ministro socialista Juan Carlos Campo, ambos magistrados ahora en el Constitucional y, por lo tanto, responsables de la ponencia y de la resolución definitiva que tenga el caso ERE.

"Entendemos que si el caso de corrupción más importante que ha tenido España, al final, acaba siendo anulado y con todas estas intromisiones que estamos conociendo, pues la justicia española quedaría muy tocada a nivel internacional en cuanto a su prestigio y garantías de independencia", ha agregado.

A esto se suma la preocupación del Gobierno andaluz por recuperar parte del dinero malversado, que está todavía pendiente de procesos judiciales sin resolver; unos fondos a los que la Junta no ha renunciado a reponer a las arcas públicas.