Díaz retrasa la firma a las nuevas 35 horas para los funcionarios
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El Consejo de Gobierno retrasa el acuerdo con los sindicatos para establecer una jornada presencial y con tareas en casa
Envía el texto al TC para ratificar que cumple su sentencia
Sevilla/El Consejo de Gobierno enfría la solución que la propia Junta y los sindicatos pactaron para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el viernes la jornada laboral de 35 horas semanales de los empleados públicos de la Administración regional.
El Ejecutivo de Susana Díaz aplazó este martes la ratificación del acuerdo que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, firmó ayer junto con CCOO, UGT y CSIF, los sindicatos presentes en la mesa de la Función Pública, y que reimplantaba una jornada laboral de 37,5 horas semanales dividida entre las consabidas 35 presenciales y otras 2,5 que los funcionarios podrían cumplir fuera de su lugar de trabajo.
Tras la reunión semanal del gabinete socialista, su portavoz, Juan Carlos Blanco, explicó que tomaban en conocimiento un acuerdo que no será ratificado hasta que se establezca un sistema de seguimiento de las fórmulas ideadas por la Junta para que los trabajadores públicos acrediten que realizan labores relacionadas con su empleo durante la media hora diaria que deben sumar a su jornada. Fuentes de la Consejería de Hacienda revelan que hay sectores donde el cumplimiento es más sencillo, como la sanidad y la educación, pero también reconocen que hay dificultades en otros ámbitos para fijar cómo se desarrollan esas tareas de formación y preparación del trabajo.
La firma final del acuerdo entre Junta y sindicatos será en "cuestión de días", según confirmó Blanco, que defendió la decisión del Gobierno como una forma de garantizar la seguridad jurídica de la iniciativa y un ejemplo de "rigor y seriedad". Para lograr este objetivo, el Ejecutivo de Susana Díaz ha remitido al Constitucional el acuerdo firmado el lunes por Montero y los sindicatos. "El Gobierno andaluz nunca deja de acatar nada", insistió el portavoz del Ejecutivo antes de asegurar que el retraso en la ratificación del acuerdo no se debe a ningún informe jurídico contrario emitido por el propio gabinete de la junta. "Es más oportuno contar con un plan de seguimiento", apostilló Blanco.
Desde la Consejería de Hacienda explican que esta maniobra es una forma de demostrar que la Junta acata la decisión del Alto Tribunal, que ha dado la razón al Gobierno del PP en su recurso a la reducción de la jornada laboral de los trabajadores públicos que la Junta se comprometió a implantar en junio de 2016. Tras la sentencia negativa del Constitucional, la Junta decidió solucionar el conflicto con la adición de esas 2,5 horas para que sus trabajadores públicos, desde casa, organicen sus tareas, consulten información sobre su actividad laboral y perfeccionen sus conocimientos.
Con la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales, que entró en vigor el 1 de enero de este año, la Administración autonómica había sumado a su plantilla a unos 7.000 nuevos trabajadores. En el ámbito sanitario, esos empleados mantendrán los turnos previstos antes del recurso del Gobierno central y tampoco se verán afectadas las retribuciones de jornada complementaria. En el sector educativo, se reorganizarán las tareas del día manteniendo las 20 horas lectivas, mientras que el horario de no obligada permanencia de los docentes pasará de las cinco horas iniciales a 7,5.
La reacción de los sindicatos que rubricaron el lunes el acuerdo fue dispar. El responsable del sector en CCOO Andalucía, Agustín de la Cruz, afeó "la improvisación" de la Junta al no ratificar el acuerdo y criticó que no se les comunicara su intención en el encuentro del lunes. El representante de UGT Andalucía, Antonio Tirado, fue más benevolente y señaló que el aplazamiento de "una semana" para su convalidación es preferible para "evitar desconfianzas" sobre el cumplimiento de las dos horas y media no presenciales. "El acuerdo sigue igual, solo que van a incluir el control horario de las dos horas y media", apostilló. CSIF Andalucía decidió no valorar la situación y "esperar a tener constancia oficial de por qué no se ha convalidado todavía el acuerdo".
Por su parte, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que no está en la mesa de la Función Pública, pidió el cese de María Jesús Montero por el "bochornoso espectáculo", tras el retraso de la firma, que a su juicio generará "inseguridad jurídica".
45.000 familias optarán a la renta mínima de inserción en 2018
El Gobierno andaluz aprobó el decreto ley que permitirá la entrada en vigor el próximo 1 de enero de la renta mínima de inserción social. Según los cálculos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, beneficiará a 45.000 familias, lo que se traduce en unas 120.000 personas, gracias a un presupuesto de 198 millones de euros para 2018 que, en caso de agotarse, se nutrirá de nuevas partidas, según confirmaron ayer desde la propia Junta. Según la titular de Igualdad, María José Sánchez Rubio, con esta medida se da respuesta a un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía para atender las situaciones de pobreza y exclusión social, aunque la oposición ha criticado la falta de ambición -y de presupuesto- de la nueva prestación, que los ciudadanos podrán reclamar siempre que cumplan los requisitos, ya que se trata de un derecho subjetivo. Las familias recibirán una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales se concede por doce meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias.
El plazo fijado para la concesión de la renta es de dos meses. Los colectivos incluidos son los inmigrantes y los mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades entre los 16 y 24 años siempre que concurran las circunstancias que motivaron la concesión. Se dará prioridad a las familias las familias monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad. Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el SAE.
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