La Junta de Andalucía adjudica a Iberdrola el contrato de la luz de sus edificios por 460 millones de euros

La Junta cambia de compañía de la luz. A partir del 31 de octubre será Iberdrola la empresa que suministre la electricidad a los edificios de la Administración andaluza adheridos a la Redeja (Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía) y sus entidades instrumentales.

El objetivo de la Junta, como ha explicado en numerosas ocasiones el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, es potenciar el ahorro energético y económico que podría obtenerse en los distintos centros públicos, superior en muchos casos al 40%.

Este nuevo contrato se ha suscrito mediante un acuerdo marco para un periodo de 25 meses por un valor de 460 millones de euros, aunque existe la posibilidad de una doble prórroga. La primera sería de 220 millones –desde el 1 de diciembre de 2025 a 30 de noviembre de 2026–; y la segunda, de 202 millones, –desde el 1 de diciembre de 2026 al 30 de octubre de 2027–. Es decir, que si se cumple la doble prórroga el contrato sería de más de 880 millones de euros.

En las próximas semanas, en torno a la fecha en la que caduca el actual contrato con Endesa, el 30 de octubre, la Junta e Iberdrola tienen previsto presentar este gran contrato, realizar una firma pública y dar más detalles sobre la operación.

El pasado 4 de septiembre se reunió la mesa de contratación para valorar las dos ofertas que se presentaron a la licitación: Iberdrola y Endesa. La puntuación final de la primera fue de 99,387 puntos sobre 100, mientras que la segunda fue de 73,303 puntos. A la vista de las puntuaciones obtenidas y tras comprobar que ninguna de las ofertas se encuentra incursa en presunción de anormalidad, se acordó que la mejor oferta presentada fue la de Iberdrola. El último contrato se resolvió el 24 de septiembre de 2019 a favor de Endesa para dos años, aunque con las prórrogas estará vigente hasta el 30 de octubre de este año.

La red Redeja tiene más de 5.000 puntos de consumo adheridos, con una demanda aproximada de 1.000 gigavatios hora (GWh) al año. La magnitud de este contrato se puede comprobar en los edificios que se ven afectados por el cambio de compañía: consejerías y delegaciones territoriales; instituciones de autogobierno, como el Consejo Consultivo o el Consejo Audiovisual; las agencias administrativas, como por ejemplo el SAS; las agencias de régimen especial, es decir, la Agencia Tributaria de Andalucía o el SAE; agencias públicas empresariales, como la Agencia Andaluza de la Energía; sociedades mercantiles de participación mayoritaria, caso de Extenda o Canal Sur; fundaciones del sector público andaluz, como Andalucía Emprende; consorcios, como el Parque de las Ciencias de Granada, y de carácter voluntario, como el Defensor de pueblo o las universidades.

La fórmula del acuerdo marco es la elegida por la Junta ya que permite una mayor simplificación administrativa y permite al Gobierno andaluz seguir avanzando en sus objetivos de eficacia y agilidad: racionalización de la contratación, optimización de las tarifas, estabilización de los presupuestos, obtención de ahorros en la facturación, mejora en la garantía de suministros en todos los centros de la red de edificios de la Junta y conocimiento detallado de los parámetros técnicos de los contratos.