La Junta pide a la juez Alaya que le devuelva las actas a la mayor brevedad

Sevilla/Viaje de ida y vuelta para las 480 actas de los consejos de Gobierno de la Junta. Del armario en el que están guardadas en el Juzgado desde que así lo decidiera la juez Mercedes Alaya, que investiga la trama de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, a las dependencias de la Administración autonómica de las que, según el auto de la Audiencia de Sevilla, nunca debieron salir. El aire olía ayer a satisfacción en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia autonómica, donde no se olvida que la salida de toda esa documentación camino del juzgado "hizo daño a la imagen de la Junta".

La portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, no ocultó esa satisfacción en el encuentro que mantuvo con los medios, a los que informó que el Gobierno que preside José Antonio Griñán solicitó a Alaya, en cuanto tuvo conocimiento del auto que estima los recursos interpuestos por los letrados de la Junta y la Fiscalía, que haga efectiva "a la mayor brevedad" la devolución de las actas. No se marca el Gobierno autonómico ningún plazo, y menos aún puede exigirlo. No tiene la potestad que sí tuvo la investigadora judicial de los ERE irregulares, cuando lanzó a la Junta el ultimátum de 72 horas para que entregara la documentación que exigía. Por eso, el Ejecutivo socialista también pide a la juez que señale la fecha en que deba ejecutarse el retorno de las actas a la sede autonómica.

Satisfacción al margen, Moreno abundó en el siguiente mensaje: el auto de la Audiencia viene a refrendar que el comportamiento de la Junta es digno de "toda confianza", como lo es para el Ejecutivo autonómico el trabajo de los jueces. El revés dado a Alaya se interpreta en San Telmo como la demostración palpable de que las actas de los consejos estaban a buen recaudo en los archivos de la Junta y que no corrían ningún riesgo de manipulación ni alteración.

¿Puede propiciar el auto de la Audiencia una recusación gubernamental contra Alaya? ¿Aumentará el distanciamiento, e incluso las desavenencias, entre el Gobierno autonómico y la juez? Moreno se afanó en asegurar que no será así, "todo lo contrario". Y no habrá recusación. Incluso este "incidente" puede abrir una etapa de mayor "confianza y colaboración" con el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Moreno, que recalcó que la Junta está actuando "con la máxima rigurosidad y transparencia política y jurídica", reveló que el Ejecutivo ha vuelto a solicitar a la juez que remita al tribunal de conflictos las actuaciones relacionadas con las actas para que se inicie la tramitación del conflicto de jurisdicción.

En opinión de Moreno, la devolución de las actas "también devuelve a la Junta la imagen de un Gobierno serio y riguroso", así como de "un poder del Estado que combate la corrupción como el que más y que confía en la Justicia y en el que la Justicia puede confiar". "No no hay ninguna razón para que ningún juzgado tenga que desconfiar de la Junta", enfatizó la consejera, quien agregó que el Gobierno andaluz está "en el mismo barco que en el juzgado y tiene el mismo objetivo, que es sentar en el banquillo a los responsables del fraude".

Todo el ejercicio diplomático con la juez se convirtió en acometida verbal contra el PP, al que el auto "quita la razón", según Moreno, que recordó que los populares acusaron a la Junta de "obstruccionistas, de no colaborar con la justicia, de desobediencia y de querer eludir la acción de la justicia". La consejera reprochó al PP "su falta total de sentido institucional y de sentido de Estado", y le recriminó "un oportunismo sin escrúpulos institucionales en el caso de las actas".

Desde el PP-A, su portavoz, Rosario Soto, exigió a Griñán que explique "por qué tiene tanto miedo" a que se conozca el contenido de las actas. Para la dirigente popular, la Audiencia ya había resuelto que el requerimiento de las actas que hizo la juez Alaya estaba "justificado" y no era "arbitrario". Para Soto "no es evidente" que el juzgado tenga que devolver las actas .

El coordinador general de IU-CA, Diego Valderas, manifestó que la juez "debe cumplir" el auto" de la Audiencia e instó a Alaya a que "reclame" si hubiera un espacio para la reclamación, "tal y como hizo en su momento la Junta ". "Tiene la misma obligación que el Gobierno andaluz y debe aceptar y cumplir con la ley como cualquier ciudadano", agregó Valderas. Griñán rehusó hacer valoración alguna del auto de la Audiencia, pero criticó al PP por "hacer política" con este asunto.