Juanma Moreno anuncia "alternativas" a los grandes contribuyentes "para que sus impuestos sigan en Andalucía"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha indicado este jueves que "el Gobierno andaluz dará a los grandes contribuyentes la opción de elegir para que sus impuestos se queden en Andalucía".

Ésta es la reacción del presidente andaluz a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de aplicar doctrina y rechazar el recurso de inconstitucionalidad al impuesto de grandes fortunas que presentó la Junta de Andalucía –también el planteado por la Xunta de Galicia–, como ya hiciera con el planteado por la Comunidad de Madrid.

El presidente andaluz ha asegurado además que "en 2024" su Gobierno continuará "bajando impuestos a los andaluces, a pesar de Pedro Sánchez", ha afirmado.

Horas antes de que se conociera el fallo del TC en relación a los recursos de la Junta de Andalucía y de la Xunta de Galicia contra dicho impuesto creado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que se aplica al patrimonio neto de las personas físicas de más de los tres millones de euros, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, reivindicó la decisión del actual Gobierno andaluz de "quitar", en la práctica con su bonificación, el impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía, decisión anunciada el pasado año 2022 por el presidente de la Junta y tras la que el Gobierno central anunció la puesta en marcha del impuesto sobre las grandes fortunas.

En esa línea, la consejera ha justificado que la Junta acordara "eliminar el impuesto de Patrimonio porque entendíamos que era un impuesto injusto, que ahuyenta la inversión y el ahorro", y que, además, "no existe en ningún otro país de la Unión Europea".

"Esa era nuestra posición inicial", ha subrayado la consejera esta mañana antes de abogar por esperar a conocer la sentencia del Constitucional para valorarla.

Sentencia del TC

Estaba previsto que el TC se pronunciara en este sentido, como ya hizo el paso 7 de noviembre al rechazar la impugnación presentada por la Comunidad de Madrid.

El Constitucional sentenció entonces que dicho gravamen no vulnera las competencias autonómicas en materia fiscal ni resulta confiscatorio. "La queja real de la Comunidad de Madrid es que aquellos de sus residentes con un patrimonio superior a 3 millones de euros (únicos que están sujetos al impuesto sobre grandes fortunas) tendrán que pagar el nuevo impuesto estatal, con lo que Madrid pierde su atractivo fiscal para atraer dicha riqueza a su territorio", decía el fallo.

El TC ya avanzó entonces que aplicaría esta misma doctrina a los recursos pendientes contra el impuesto a las grandes fortunas. Además de Madrid, Andalucía y Galicia, recurrió Murcia. Tanto el Ejecutivo madrileño como el andaluz pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo, pero el Constitucional lo denegó.

Los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han anunciado que presentarán votos particulares contra la decisión de la mayoría progresista recogida en dos sentencias de las que han sido ponentes los magistrados Juan Carlos Campo y Ricardo Enríquez. Estos votos particulares anunciados este jueves apuntan que el precepto legal impugnado es inconstitucional, en primer lugar, por vulnerar la autonomía financiera y política de las comunidades autónomas al neutralizar la defensa de los intereses respectivos en el ejercicio de las competencias propias.