Juanma Moreno reclama en Bruselas el Fondo de Solidaridad para Andalucía por "la catástrofe natural" de la sequía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este martes en Bruselas la activación del fondo de solidaridad europeo por la "catástrofe natural de la sequía en Andalucía". Moreno ha trasladado al vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, la intención de su Gobierno de solicitar ayudas extraordinarias de la Unión Europea para paliar los efectos que la falta de agua causa en la comunidad y en su economía, "para la que supuso pérdidas del 2,1% del PIB en 2023", casi 4.300 millones de euros.

Moreno ha entregado al comisario un informe de su Gobierno en el que expone cómo se encuentran los embalses, al 20% de su capacidad, y cómo la falta de agua está afectado a los sectores productivos y la economía, que se estima que tenga un coste de 4.525,45 millones en 2024.

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea permite ayudar a un Estado miembro o una región en sus esfuerzos por hacer frente a los daños provocados por una catástrofe natural grave o una emergencia grave de salud pública, como inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas o sequías. En el caso de catástrofe natural regional, donde la Junta considera que se puede incluir la sequía en Andalucía, el requisito para optar a la ayuda del Fondo de Solidaridad se encuentra en haber sufrido unos daños directos superiores al 1,5% del PIB regional.

“La sequía es una catástrofe natural que está teniendo un impacto en nuestro PIB, en el empleo, en el progreso y en nuesra capacidad de convergencia, por eso pedimos que la singularidad climática y el cambio climático se tenga en cuenta y que la UE nos ayude, a nosotros y a las regiones del sur que están teniendo un problema como consecuencia del cambio climático y del déficit hídrico que estamos teniendo”, ha señalado Moreno tras el encuentro con Sefcovic, máximo responsable de Pacto Verde.

Moreno ha asegurado que se pondrá en contacto con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para hacerle llegar esta petición y que el Gobierno la tramite ante Bruselas. "No se me pasa por la cabeza que el Gobierno no active todos los procedimientos para que las comunidades tengan más recursos. Sería tirarse piedras sobre el propio tejado. Somos parte esencial de España y estamos teniendo un grave problema y lo que queremos es que el refuerzo de lo que estamos haciendo en Andalucía, donde ya llevamos cuatro decretos de sequía y vamos a invertir 4.000 millones de euros en cinco años, venga acompañado del esfuerzo de España y de la Unión Europea. Estoy convencido, sería un gravísimo error y una deslealtad institucional que no lo hiciera”.

El presidente andaluz ha puesto énfasis en que Andalucía trata de "liderar" un cambio de mentalidad en las instituciones europeas, en las que “el discurso del agua es poco común” para que el conjunto de los europeos, “vivan donde vivan”, sean conscientes de los efectos del cambio climático en regiones como Andalucía, “que produce alimentos para 500 millones de personas y necesita el agua, igual que Alemania necesitaba el gas para funcionar, para desarrollar nuestra capacidad agrícola, para el turismo y para la industria”.

Para Moreno, el problema de la falta de agua tiene que entrar en la agenda política e institucional de la Comisión Europea. Ha puesto el acento en que no haya ningún comisario europeo de agua, porque "parece que sobra el agua" por el hecho de que llueva en los países del norte del continente. "La batalla de la sensibilización por el agua en Europa la está liderando Andalucía y creo que la vamos a ganar", ha indicado.

La sequía costó 4.300 millones en 2023

En el informe que el presidente ha entregado al comisario Maros Sefcovic se recoge que la falta de agua tuvo un coste equivalente al 2,1% del PIB andaluz en 2023, esto es, 4.270,20 millones de euros, mientras que en 2024, el coste será de 4.525,45 millones, de un total estimado de PIB de 215.498 millones. A esto se suma la merma del superávit de la balanza comercial exterior de alimentos, que ha descendido un 15,1%.

Se expone que la sequía está afectando de lleno a la economía andaluza, con consecuencias muy negativas en sectores claves como la industria agroalimentaria, que supone un 25% del tejido productivo andaluz.

Las estimaciones elaboradas a partir de los indicadores de producción agraria del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) advierten de que en2023 la producción agraria andaluza cayó un 13% frente al 2% del conjunto de España. Asimismo, la industria agroalimentaria cayó un 13%, y la producción de hortalizas sufrió una merma del 7% (los frutales no cítricos, un 9,6%, y los cereales, un 35,2%).

Asimismo, el informe señala que la Encuesta de Población Activa revela que el número de ocupados descendió casi un 10% (9,4%) en el sector agrario y un 4,5% en la industria de la alimentación, mientras que los datos que maneja el Ministerio de Trabajo y Economía Social alertan de que el número de empresas agrarias inscritas en la Seguridad Social ha disminuido un 3% y que las empresas exportadoras de alimentos han caído un 4%, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Asimismo, se señala que la sequía no sólo es un problema económico, sino que también es un problema social que afecta a muchas familias, a su bienestar, y que limita el desarrollo de su día a día, ya que nos encontramos ante una sequía que ha sido catalogada como la peor del milenio y en la que 3,5 millones de habitantes viven en municipios en situación de emergencia y casi medio millón de personas no dispone de agua potable o están sufriendo cortes en los suministros.

A día de hoy, más de cien municipios de Andalucía sufren incidencias en el suministro. Concretamente, los vecinos de 27 de ellos no tienen agua potable y más de una veintena de localidades sufren cortes de agua nocturnos a diario.

Chipre y Rumanía, precedentes

Moreno ha recordado que existen dos casos en los que la Unión Europea articuló este fondo para ayudar a países con graves situaciones de sequía: Rumanía en 2012-2013 y Chipre en 2015-2016.

En 2012, debido a las altas temperaturas en verano, Rumanía solicitó este fondo calculando los daños en más de 800 millones y la Unión Europea lo aceptó, con una propuesta de la Comisión de adjudicar 2,4 millones, que era el coste total de las operaciones subvencionables.

En 2016 Rumanía presentó el informe de ejecución, donde informó que ese importe no podía utilizarse como estaba previsto inicialmente, por lo que la Comisión recuperó las cuantías.

Chipre vivió una grave sequía entre octubre de 2015 y junio de 2016, que supuso importantes pérdidas de cosechas, incendios forestales y escasez de agua, por lo que solicitó este fondo con daños calculados por 181 millones, y se aceptó considerándolo "catástrofe grave". La ayuda aprobada fue de 7,3 millones, que terminaron de pagarse en mayo de 2017.

Un año después, Chipre realizó otra solicitud, pero fue rechazada porque no se aceptaron los costes futuros para producir agua desalada yla petición quedó debajo del umbral de movilización de este fondo.

Andalucía ya solicitó en 2017 la movilización del Fondo de Solidaridad por el incendio en Doñana, con unos daños calculados de casi 118 millones, pero fue rechazada por la UE al quedar por debajo del umbral del 1,5% del PIB.