¿Quién es Juan Carlos Campo, el nuevo magistrado del Constitucional?

El Gobierno ha propuesto a Juan Carlos Campo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, uno de los dos nombres que el Ejecutivo ha designado para renovar la institución. El otro es el de Laura Díaz Bueso, catedrática de Derecho Constitucional y, como Campo, de marcado perfil político, lo que ya ha causado las críticas en tropel de los partidos de la oposición. De 61 años y ex ministro de Justicia hasta hace un año, nació en Osuna, aunque toda su carrera como juez y político la ha desarrollado desde la provincia de Cádiz. Díaz Bueso ha ocupado diversos cargos públicos en Presidencia del Gobierno durante cuatro años.

Con estos nombramientos, Pedro Sánchez planta cara al PP en el doble ámbito del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El obstáculo de la renovación del Constitucional es que el relevo de cuatro de su miembros corresponden a dos vocales de parte del Gobierno y a otros dos que nombra el CGPJ. Esta última institución, que es de mayoría conservadora, se resiste a elegir a sus dos vocales, lo que abre la duda de si eso es un impedimento legal para renovar a los otros dos. Corresponde, ahora, al Constitucional validar la propuesta del Gobierno.

Fuentes socialistas explicaron a este medio hace una semana que Sánchez estaba decidido a renovar el Constitucional, que pasará a tener mayoría progresista, a pesar de los impedimentos que le estaba poniendo el CGPJ. Lo que casi nadie sabía es que Campo estuviera en la mente del presidente.

Campo es un hombre de confianza de Pedro Sánchez, que lo nombró ministro de Justicia en enero de 2020, aunque lo sacó del Consejo de Ministros en julio de 2021 para sorpresas de mucho, incluido el propio afectado. Su carrera judicial no estaba dirigida hacia la política, pero en los años noventa asesoró, como independiente, a la entonces consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Carmen Hermosín, en el traspaso de las competencias de Justicia. A partir de ese momento, inició una relación con el PSOE que le ha llevado a ser una de las personas de referencia del partido en el turbulento mundo de las relaciones entre la política y la Justicia.

Desde que fuese nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta en 1997, ha alternado cargos políticos con destinos de juez. Ha sido secretario de Estado de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero, diputado por Cádiz en dos legislaturas y vocal del Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, es un perfil similar al de Enrique López en el PP, que ahora es consejero de Justicia de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y también ha sido magistrado del Constitucional.

Cuando cesó como ministro de Justicia, Campo ocupó un puesto como juez en la Audiencia Nacional, en Madrid, donde también vive su actual pareja, que es la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Todo indicaba que el ex ministro no volvería a la política, por lo que fuentes socialistas han acogido con sorpresa este nombramiento. De hecho, habían sonado otros dos nombres, el de Pablo Lucas, que es magistrado y catedrático de Constitucional en la Universidad de Córdoba y el de Javier García Roca, catedrático de la misma materia en la Complutense.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido la idoneidad de Juan Carlos Campo y Laura Díaz Bueso como magistrados del Constitucional, lo que incluye cuatro condiciones: ser español, jurista, sumar 15 años de ejercicio profesional y gozar de una reconocida competencia.

Los problemas de Campo, como el de Díaz Bueso, no provienen de su relación con la política, en cuanto el Constitucional no es, además, un órgano jurídico, sino de interpretación de la Constitución. El PP eligió, antes, a magistrados que fueron antes diputados, como Andrés Ollero, e incluso un presidente de la institución, Francisco Pérez de los Cobos, ocultó al Senado que era militante del partido.

El obstáculo es que el Constitucional se renueva de modo parcial, y el tramo que toca en estos momentos corresponde al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial. Una sentencia de este tribunal, la 191/2016, resuelve que el Congreso y el Senado pudieran ir desacompasados en la renovación del tramo que corresponde a las dos cámaras legislativas.