El juez cita como imputado al ex consejero José María Martín Delgado en el caso Invercaria

Sevilla/El juez que instruye el caso Invercaria, Juan Gutiérrez Casillas, ha citado a declarar como imputado de un delito de malversación de caudales públicos a José María Martín Delgado, empresario y ex consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, para el próximo 17 de febrero de 2014. El instructor del caso ha llamado también a declarar el 17 de febrero al que fuera presidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo; a los hermanos Fernando y Pedro Guerrero Ros para el día 18 de febrero, mientras que el día 20 está citado Manuel Jesús Rodríguez, que fue director de Análisis e Inversiones de Invercaria.

Estas citaciones se producen a raíz de un informe de la Policía sobre Operadores Aéreos Andalus, una de las compañías investigadas por las inversiones de la empresa pública Invercaria, en el que se dice que tuvo una gestión "negligente e indolente". El atestado del Grupo de Blanqueo de la Policía afirmaba que los dos principales promotores del proyecto, los hermanos Fernando y Pedro Guerrero Ros, no pudieron ser localizados para prestar declaración y los investigadores sospechan que uno vive en las antípodas y otro en el Caribe.

La gestión de Andalus "ha sido reconocida como negligente por las personas que participaron directamente" en ella, señalaba el informe de la Policía, pues "la contratación de personal obedeció a cualquier criterio excepto el de la eficiencia" y se contrató a personas residentes en otras comunidades autónomas o "manifiestamente incapaces para los puestos", según el atestado. Andalus es una de la veintena de empresas investigadas por las inversiones de la empresa pública andaluza Invercaria y ahora la Policía dice que "destaca la facilidad de financiación" que le daba Invercaria e incluso la agencia andaluza IDEA.

Según el atestado, Andalus, que se constituyó en noviembre de 2007, partía de la idea de dotar a Andalucía de una línea aérea de ámbito internacional. Se trataba de "un proyecto ambicioso que preveía unas inversiones de 12 millones de euros a coro plazo" pero solo se alcanzaron 4 millones y el 47 por ciento (1,9 millones) fueron de dinero público a través de Invercaria y la agencia andaluza IDEA y otro 40 por ciento de CajaGranada, entidad participada en su gestión por la administración pública, según recuerda el atestado. Esa participación pública "en una sociedad que desde el primer momento presentaba fuertes pérdidas" y con la única intención de "satisfacer posiciones estratégicas y políticas" causó "un perjuicio grave para las arcas públicas", afirma la Policía.

Andalus era "una verdadera imprudencia comercial" pues carecía de la financiación a corto plazo necesaria para acometer un negocio de esa magnitud, las cifras de negocio "eran excesivamente optimistas" y "llega a sorprender la incapacidad de alcanzar ni un solo hito económico siquiera", pues "ya desde el primer momento se solicitan y obtienen ayudas financieras para cubrir deudas iniciales". Según el atestado, la participación de Invercaria se llevó a cabo "por decisión personal de su presidente, Tomás Pérez Sauquillo, sin la aprobación previa del consejo de administración".