José Carlos Gómez Villamandos: “El Gobierno se ha olvidado de su función de Estado y no lo está haciendo bien”

Asegura que su discurso actual como consejero de Universidad, Innovación e Investigación, “no ha variado mucho” del que tenía cuando era máximo representante de CRUE Universidades Españolas. José Carlos Gómez Villamandos (Córdoba, 1962), carga contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y ensalza la buena posición de las instituciones académicas Andalucía.

–¿En qué situación se encuentra la Universidad andaluza?

–Tenemos muy buena universidad en Andalucía. De las nueve universidades públicas, quitando la UNIA, siete de ellas están entre las mejores del mundo, es decir que estamos en muy buena situación. Lo que tenemos que hacer y estamos haciendo es generar los cambios normativos para que puedan ser todavía más competitivas, no tanto en el ámbito de la docencia como en el ámbito de la investigación.

–¿Qué avances hay en el nuevo modelo de financiación universitaria?

–Estamos en la fase de intercambio de ideas. Tenemos claro que el modelo de financiación tiene que servir para mejorar el sistema universitario; tiene que ser una herramienta de mejora. No es solamente repartir dinero. Lo estamos estructurando en dos grandes bloques. Por un lado, la suficiencia financiera y, por otro, los contratos programa con las universidades, para que cada una reciba una financiación adicional por cumplimiento de objetivos.

–¿Qué objetivos serían?

–De forma general, la mejora de la internacionalización, la mejora de la transferencia del conocimiento, la relación universidad empresa, el emprendimiento, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad. Por otro lado, tenemos como aspectos más particulares de cada universidad los procesos de estabilización. Hay universidades que tienen una situación muy complicada por motivos diversos y que con un modelo de financiación, como se han venido haciendo hasta ahora, no tenían los recursos suficientes para hacer un proceso de estabilización de su gente. Queremos establecer contratos programa orientados a los procesos de estabilización, una financiación adicional que les permita que esas personas que están en una situación de precariedad puedan entrar en proceso de estabilización en un par de años.

–¿Y en el caso de los complementos autonómicos?

–Nuestra voluntad es que se convoquen lo antes posible. Hay una mesa sectorial de negociación en breve y nuestra idea es convocar lo antes posible para que sea efectiva.

–Con todo ello, ¿es viable la suficiencia financiera de las universidades?

–Andalucía es la única comunidad autónoma que aporta un 1% del PIB a su Universidad, las demás están por debajo y somos la cuarta en esfuerzo presupuestario dentro de toda España. Lo que no podemos es limitarnos a la financiación directa de transferencia y fondos europeos, porque hay otro tipo de fondos que son los que tenemos que utilizar para mejorar esa financiación.

–Este nuevo modelo de financiación que plantea para las universidades va a requerir de un aumento del presupuesto de la Junta, independientemente de la financiación externa.

–Sabemos el presupuesto que tenemos ahora y el dinero extra que les vamos a transferir este año, entre 20 y 30 millones de euros. Eso nos da un margen de maniobra importante y lo que queremos es seguir teniendo una tendencia de crecimiento presupuestario. Estamos en el 1% del PIB andaluz y una de las cosas que hacer en el modelo es ver hasta dónde podríamos comprometernos a subir en esta legislatura. Pero a nosotros ahora mismo lo que más nos preocupa, y muchísimo, es la nueva ley que va a aprobar el Gobierno de Sánchez.

–Siempre se ha mostrado muy crítico con la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), ¿por qué?

–Ayer (por el jueves) remitimos una carta el ministro de Universidades, Joan Subirats, en la que señalamos que los cambios que están haciendo solo en la figura de ayudante doctor suponen para la Universidad de Andalucía 20 millones de euros extra y solamente en esa figura. ¿Quién va a pagar esto? Luego hay otra figura como la del asociado, que también supone un incremento. Estamos de acuerdo con la medida, pero eso lo tienen que pagar. Esta ley se ha hecho sin consenso, sin diálogo y de espaldas a las comunidades autónomas. Lo que le pedimos es que haya una aportación económica extraordinaria para la ley, no para la ejecución de la ley. La memoria económica que tiene es un desastre, no tiene otro término, porque prácticamente es que no cuenta nada.

–También ha señalado que se trata de una ley de “sesgo ideológico”.

–Es una ley totalmente ideológica. Es una ley independentista, es una ley que lo que quiere es dar placer a una serie de sectores de la política y no solamente políticos, sino también otros sectores sociales. Y al final, con todo eso, lo que ha conseguido es que no le guste a nadie: ni a estudiantes, ni a los consejos sociales, no le gusta a los rectores, ni a los sindicatos. Es una ley que por desgracia ha sido una oportunidad perdida para España y muy aprovechada por el independentismo.

–¿Qué relación mantienen con desde la consejería con el Ministerio de Universidades?

–Hay cierta tensión. La relación personal es buena, pero institucionalmente hay cierta tensión. En el Ministerio se están haciendo cosas muy a la carrera, sin pensar, sin consultar, sin consultar. Tengo que decir también que en la primera fase de Manuel Castells –anterior ministro– hasta que llegó el tema de la LOSU había un diálogo completamente abierto y de colaboración muy grande. Se sacaron muchas normas de forma colaborativa, pero con la llegada de Subirats se rompió. Además de las cuestiones políticas, con una calidad legislativa dudosa y con las que podemos encontrarnos con otros problemas luego posteriores.

–Acaban de lanzar el proyecto de Decreto de Ordenación del Sistema Universitario. ¿Qué plazo se marca para ello?

–Los procedimiento administrativo de la Junta de Andalucía son largos y me gustarían en este fuese más corto. Hemos empezado ya con el proceso de exposición pública y nos gustaría que antes del verano estuviese.

–Defiende también la puesta en marcha de un mapa dinámico de titulaciones, ¿en qué consiste?

–Lo de dinámico es porque desde 2010 las universidades no han podido poner ninguna titulación que no estuviera recogida en aquel acuerdo. Desde entonces, no se han podido hacer nuevas titulaciones que permitan dar una respuesta ágil a la sociedad y a la demanda social, que es lo que queremos. Por eso, queremos que sea un mapa dinámico para que cada dos o cada tres años las universidades puedan ir evolucionando su oferta dependiendo de su capacidad, no crecer por crecer, sino con los recursos que tienen y con la especialización que tienen, que puedan hacerlo porque haya demanda social, empleabilidad. Es fundamental tenerla en cuenta a la hora de poner una titulación. Y también aplicar un criterio territorial, con el objeto de que si una universidad pone una titulación con gran tirón común y gran impacto, que al año siguiente no lo ponga la universidad al lado. Si queremos ir a una convergencia del sistema universitario, hay que cuidar esos criterios de titulación.

–¿En este encaje de titulaciones es posible la desaparición de algún grado?

–Nuestra idea no es quitar titulaciones. Lo que sí queremos es que en el caso de que haya pocos estudiantes en algunas, estas se conviertan en grados interuniversitarios para optimizar los recursos de toda la universidad. También hay titulaciones que, independientemente del número de estudiantes, debemos mantener, por ejemplo, las que tienen un poso de conocimiento, de carácter cultural y que tenemos que tenerlas sí o sí, independientemente del número de estudiantes.

–En esta reorganización del mapa universitario entran en juego las universidades privadas en Andalucía. Ya hay ocho proyectos sobre la mesa entre críticas de las públicas.

–Tenemos que tener un sistema universitario donde esté lo público y lo privado, pero con estándares de calidad homogéneos. Los rankings están claros: dónde están las universidades públicas y dónde no aparecen las universidades privadas. Lo que tenemos es que ayudar a la universidad a poner un marco en el que se fomente esa calidad en todos los sentidos. Necesitamos tener unos criterios de calidad exigibles a los dos, evidentemente, que garanticen que la docencia se va a dar bien, no solamente en un diseño, en un papel, sino que se cuente con los recursos y las instalaciones necesarias, con el profesorado necesario, garantizar el buen la buen funcionamiento de la Universidad y también que tengan una actividad investigadora. Eso va a ser fundamental, porque si no nos convertimos en academias de piso. Ya hay dos universidades con el informe favorable del Ministerio y ahora estamos esperando los informes de la Agencia de Evaluación.

–¿No son contradictorias la reorganización de las titulaciones existentes y la apertura de nuevas universidades privadas? ¿Sobrarán plazas al final?

–Lo que tenemos que tener en cuenta que no jugamos solo en Andalucía, jugamos, como mínimo, en España. Ahora mismo tenemos más de 7.000 estudiantes universitarios andaluces en universidades privadas fuera de Andalucía. Una de esas universidades es online, con lo cual da igual que la ponga en Córdoba o en Málaga. También está el campo de acción internacional, por lo que no va a haber una competencia por los estudiantes. Además, una de las variables que se va a meter en el modelo de financiación es la investigación y la transferencia de una forma importante. La universidad es un motor de desarrollo económico muy importante y tiene que cumplir ese papel, independientemente de que tenga un poquito más o un poquito menos. Eso es lo que hay que favorecer.

–Uno de los proyectos privados que se está desarrollando es en Medicina, mientras las universidades públicas se plantean un aumento del 10% de sus plazas en este grado.

–Lo hemos pedido tanto la consejera de Salud como yo para que se atienda a esa demanda social. En total, en Andalucía son 106 plazas las que se van a aumentar, junto a 120 que crecieron el pasado año y las 60 que se pondrán en marcha en Huelva el año que viene. Pero lo que hemos solicitado al Gobierno es que nos dejen aumentar el número de plazas MIR para que no haya médicos que se quedan sin poder hacer la especialización.

–Andalucía defiende una prueba única de la EVAU para todo el país, pero eso requeriría un cambio más profundo del sistema.

–Hasta que no tengamos un Bachillerato único y un criterio único de Bachillerato será muy difícil. Hay un par de comunidades autónomas que pueden estar generando un poquito de disfunción. El Gobierno tiene una herramienta que es la alta inspección educativa, que podría velar por eso, cosa que no pasa. El Gobierno de España se ha olvidado de su función de Estado y entonces no lo está haciendo bien. En esa línea, desde luego, creo que se podría ir trabajando, porque hasta que no se modificara la ley hay que llegar a ese Bachillerato único.

–Y en este contexto, ¿cree que es posible que en algún momento haya un pacto de Estado por la Educación?

–No lo sé. Lo que sí puedo decir es que tenemos que hacer la ley andaluza del sistema universitario y que estamos trabajando en ello. No hemos entrado todavía a meter contenido propio y la parte jurídica, y pondremos también en marcha una Ley de Ciencia y Tecnología en Andalucía, porque la que hay es antiquísima. Y puedo asegurar que vamos a escuchar a todos los grupos políticos que están en el Parlamento y llegar a un consenso, porque son dos leyes muy importantes para el desarrollo de Andalucía. Se trata de dar herramientas a las universidades para que puedan competir.