Jesús Maeztu alerta del riesgo para los “nuevos excluidos” que provoca la pandemia

Explica Jesús Maeztu que ocho de cada diez personas que han acudido al Defensor del Pueblo Andaluz en los primeros seis meses de la pandemia nunca se habían puesto en contacto con el organismo que él dirige. Este fenómeno responde a un nuevo tipo de exclusión social, que tiene mucho que ver con la brecha digital, la dificultad para acceder a las Administraciones en un momento tan complejo como la crisis del Covid-19.

A llamada de atención sobre los “nuevos excluidos”, Maeztu suma su clásica reclamación para que los distintos gobiernos ayuden a quienes ya eran vulnerables antes de la pandemia y corren peligro de empeorar o quedarse estancados en situaciones de exclusión. “No podemos dejarlos tirados”, ha dicho este jueves el Defensor del Pueblo andaluz en la presentación del informe especial realizado por su oficina sobre la primera ola del Covid y que se extiende hasta el pasado 30 de septiembre.

Maeztu reseña cuatro preguntas que ejemplifican perfectamente la situación que se encontró la ciudadanía cuando se decretó el estado de alarma en primavera. “No sé adónde ir”, “nadie me escucha”, “todo está cerrado” y “de qué comemos hoy yo y mis niños”. En estos meses la oficina del Defensor del Pueblo andaluz permaneció abierta e incluso reforzó su atención telefónica, lo que ha permitido a los técnicos dirigidos por Maeztu elaborar una radiografía de las necesidades de los andaluces a partir de las 1.602 quejas presentadas y las 3.474 consultas registradas. El número sigue creciendo y la intención de Maeztu es realizar un segundo informe con los matices de esta segunda ola que, de momento, ya ha provocado una mayor presión en los hospitales andaluces y es más que probable que acabe siendo más mortífera que la primera.

El resultado de esta primera foto fija de la pandemia es un decálogo con los retos a los que deben enfrentarse las Administraciones, según el diagnóstico realizado por la oficina del Defensor. Lo que sí detecta Maeztu es que los miembros del Gobierno andaluz con los que suele hablar “están concienciados”. “Nos hemos despertado, pero ahora tenemos que acertar con las herramientas”, defendió, al tiempo que reconoció, sin ánimo de reproche, que “en muchos casos han estado desbordados”.

Entre los mencionados retos, Maeztu destaca el fortalecimiento del sistema público de salud y se alinea con el Gobierno de la Junta al pedir una uniformidad de acción entre lo que se decida en La Moncloa y el resto de comunidades. Para ello, el Defensor considera necesaria “una información clara, coherente, veraz y sencilla”, pero reclama una mejora en atención primaria, sobre todo, y en la especializada. Estrechamente relacionada con esta exigencia esta el mayor control de las residencias de mayores, pero sin desatender las “necesidades afectivas” de los residentes. Maeztu señala también las debilidades en servicios sociales, con especial importancia en materia de dependencia.

La pandemia también está teniendo impacto en la tasa de pobreza, aunque las estadísticas no se conocerán hasta que pase, al menos, un año. Y el principal motivo de la alta tasa de pobreza que tiene Andalucía suele ser la falta de empleo o la precariedad del mismo, por eso Maeztu insiste en la necesidad de reactivar la economía, aunque siempre “subordinada a la salud”. Mientras tanto, para paliar los efectos de la crisis, el Defensor propone un “mayor rigor” en prestaciones como el ingreso mínimo vital o la renta mínima de inserción de la Junta, sobre todo si sirven para atajar la pobreza en la infancia y la adolescencia.

Estas ayudas vienen lastradas –en el caso regional desde hace tiempo– por la dificultad que tienen algunas personas para solicitarlas por esa brecha digital, que “ha venido para quedarse”, según Maeztu, pero es otro de los retos a afrontar por parte de los gobiernos. En materia educativa tiene una especial relevancia, ya que no todas las familias tienen a su alcance los medios técnicos para que los menores asistan a clases telemáticas.

El decálogo del responsable del Defensor del Pueblo Andaluz también incluye propuestas en materia de igualdad de género, en garantía del derecho a la vivienda y en lucha contra el cambio climático, así como en acceso a servicios básicos y una apuesta por la mediación como forma alternativa a la resolución de conflictos.