Javier Guerrero, el "Dios" de las ayudas

"Guerrero era un Dios para mí". Esto es lo que declaró el empresario José Román Sánchez cuando declaró como investigado ante la juez María Núñez Bolaños, en relación con la ayuda de 1.009.365,62 euros que recibió la empresa Centro de Limpieza Huévar y que ahora ha sido archivada por la instructora, al estimar que no se le puede atribuir "ninguna responsabilidad penal" a este imputado, quien "más que delincuente pude considerarse víctima o perjudicado por la actuación de la Dirección General de Trabajo" que durante una década dirigió Javier Guerrero.

En el auto dictado ahora por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que ha comenzado a archivar la causa contra los beneficiarios de estas ayudas, la instructora recuerda que el empresario prestó declaración el 13 de octubre de 2016 y en la que puso de manifiesto que el procedimiento seguido para conceder la ayuda era, en opinión del investigado, "bastante serio".

En un momento de la declaración, que está grabada, el empresario se refiere a la confianza depositada en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social , pero sobre todo en la del director general, Javier Guerrero. "Guerrero era un Dios para mí", recoge la declaración.

Según el empresario, había obtenido una ayuda del IFA del 35% de la inversión para realizar el proyecto, un Centro de Limpieza en Lebrija, pero en esta ciudad no se podía hacer por diversas razones, por lo que las administraciones, fundamentalmente los Ayuntamientos, para no perder la inversión, se interesaron para que se realizara en otras localidades. El investigado necesitaba el 50% de la inversión para realizar el proyecto, por lo que el 15% restante llegó desde la Dirección de Trabajo, pero para conseguirlo habló "con muchos funcionarios" y presentó numerosos documentos en el registro, llegando incluso a habla alguna vez con el delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.

El empresario "no vio nada extraño en el proceso", precisa la juez en el auto, que recuerda que el investigado ha señalado que estuvo "nueve años peleando para conseguir una subvención" y lo justificó "todo", por lo que cuando le llamaron para que reintegrara la ayuda le sonó "como un error" y fue entonces cuando le dijeron que "sólo había un papel", por lo que tuvo que aportar toda la documentación de nuevo.

La juez considera que la gestión de Javier Guerrero en la dirección general de Trabajo puede calificarse de "caótica, por el desorden en la tramitación de los expedientes", por lo que "salvo superior criterio, debemos entender que ninguna responsabilidad penal puede tener el ciudadano que, bajo el principio de confianza en nuestras instituciones, asume la situación de sujeto en una relación jurídico-administrativa, ante una irregular actuación de la administración en el procedimiento de concesión. Para el señor Román, la dirección de Trabajo era el máximo exponente y su director un Dios en el que, por supuesto, confiaba y confiaba en los funcionarios y en su administración", asevera la instructora, que recuerda que el empresario "se ajusta en su actuar a lo que marca o señalan las administraciones", dado que "no es el ciudadano el que decide qué documentación presentar o qué procedimiento seguir para solicitar una beca, una subvención o cualquier otra ayuda pública, es la administración".

Y si la administración actúa de forma irregular, prosigue la magistrada, "de ello no se puede responsabilizar al ciudadano, y menos penalmente por delitos de prevaricación y malversación, salvo que nos conste fehacientemente que dicho ciudadano solicita, gestiona ante la administración a sabiendas de su ausencia de derecho y en connivencia con el concedente para obtener una ayuda, insistimos, a la que tiene derecho y mediante una resolución injustificada, arbitraria y prevaricadora, dictada con la única finalidad de beneficiar a quien no tiene derecho en su propio lucro injustificado".

La juez concluye que "no existe el más mínimo indicio" de responsabilidad penal que justifique mantener abierta la investigación sobre el empresario, "ni sobre cualquier otra persona beneficiaria de la ayuda", por lo que acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, de la que ya había sido excluido con anterioridad el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, en aplicación del criterio de la Audiencia que ha estimado el non bis in ídem a los ex altos cargos procesados en el juicio por el "procedimiento específico" de los ERE.

El abogado Juan Carlos Alférez, que ha defendido al empresario cuya causa ha sido archivada, consideró ayer que el criterio adoptado por la magistrada es "impecable y dota del necesario punto de cordura a una situación que por justicia material, tenía que acabar produciéndose. Siempre hemos pensado que los ciudadanos no pueden ser responsables de las presuntas deficiencias que puedan tener los expedientes de subvenciones, mucho menos si derivan de una determinada forma de presupuestar".

Dice el letrado que el ciudadano "obra siempre según el criterio que le marca la administración y criminalizar estas conductas que a lo sumo son irregularidades administrativas, es una desproporción evidente en casos como el de nuestro defendido, que recibió una ayuda para un fin legítimo y a ello la aplicó en su integridad", hasta el punto de que lleva nueve años funcionando en un negocio que hoy tiene el doble de personal.