"Si las comunidades se dicen competentes en vivienda no pueden conformarse con que se pague un salario completo por un alquiler"

Málaga/Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981), visita Málaga dos meses y medio después de prometer su cargo al frente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Una nueva cartera que señala la relevancia que adquiere para el Ejecutivo central el problema de alojamiento que se da, sobre todo, en las grandes ciudades de España. Tanto es así, que la última campaña, sobre todo por su partido, el PSOE, estuvo centrada en las políticas habitacionales, con multitud de anuncios al respecto y con la promesa de poner toda la carne en el asador.

Atiende Rodríguez a este periódico por teléfono tras pasar por la ciudad y visitar una de las promociones que sumarán 1.000 viviendas de protección oficial que se levantan en la ciudad con el apoyo estatal. Entre ceja y ceja de este Gobierno, dice, está que ningún ciudadano español “dedique más de un 30% de su salario a la vivienda”. Por eso critica duramente a la Junta de Andalucía y otras comunidades del PP que han recurrido la Ley de Vivienda, mientras en algunas de sus ciudades hay que dedicar un salario mínimo completo al alquiler. “¿Qué van a hacer?”, se pregunta, si no es limitar los precios con las herramientas que les han proporcionado desde el Ejecutivo.

-Qué momento este para hacerse cargo de la cartera. Los precios de compra de la vivienda siguen subiendo, tipos altos para la financiación y los alquileres al alza.

-Para eso está la política, para solucionar problemas. Y por eso el presidente del Gobierno ha querido que esta cartera tuviera su propia cartera y que ante un asunto en el que unas amplias competencias están en las comunidades autónomas, el Gobierno de España no se exime, ni se inhibe, sino todo lo contrario, se compromete con garantizar el acceso a una vivienda digna y a unos precios asequibles. En muchas ocasiones nos llenamos la boca de constitucionalistas y de defensa de la Constitución, pero la Constitución se defiende aplicándola y en ella se recoge garantizar la vivienda digna.

-¿Qué le diría a un joven que no tiene capacidad de ahorro por un alquiler alto, con los intereses en máximos para las hipotecas y que no llega si quiera al 20% necesario para comprar una casa? El acceso a la vivienda va a ser la gran brecha generacional.

-Siempre ha habido problemas en el acceso, especialmente para la gente joven. Y el gran drama de la situación que vivimos hoy es que no solamente es un problema de la juventud, sino lamentablemente es un problema de mayorías. En eso va a trabajar el Gobierno y deberán estar también las comunidades autónomas. El compromiso con la vivienda no solo se proclama, se muestra en forma de compromiso económico, que es lo que está haciendo el Gobierno. Estos son los mayores presupuestos, multiplicando por ocho el presupuesto que existía cuando llegó Pedro Sánchez al Ejecutivo. Hemos pasado de 475 millones de euros a 3.500 millones de euros. Ahora trabajamos en una nueva línea de avales para facilitar el acceso a la financiación. Es un apoyo del Estado en esa garantía hacia su banco y vamos también a trabajar con los promotores para que puedan construir vivienda asequible y que la rentabilidad esté garantizada, pero siempre velando por el interés social.

-Estos días tanto los promotores como los bancos ponían en entredicho esos avales.

-Hay 2.500 millones de euros en avales de hipotecas que están pendientes de llevar al Consejo de Ministros en uno de sus últimos trámites, seguramente estén en las próximas semanas. y que tiene como objeto el poder garantizar a ese joven que hoy se somete a un alquiler por imposibilidad de ahorro, por falta de garantías, que pueda hacerlo de ese modo. Es una buena iniciativa que además a priori porque está respaldada por el ICO.

Además, vamos a completarlo con 4.000 millones de la adenda, que son en préstamos para promotores públicos o privados. Es decir, no sólo empresas, también ayuntamientos o comunidades autónomas van a poder construir con esa financiación vivienda en alquiler asequible, avalados por el ICO. Yo creo que es una línea muy positiva y creo que muy esperada por la promoción privada.

-Los expertos estiman que la vivienda seguirá subiendo al menos hasta 2025. Caixabank en un informe decía que Málaga, Baleares, Madrid o Valencia estarían a la cabeza de esta subida. ¿Van a exigir que se limite el precio en las grandes ciudades?

-El objetivo del Gobierno es que ningún español, ninguna española, tuviera que dedicar más de un 30% de sus rentas para acceder a una vivienda digna en el momento en que decida hacerlo a lo largo de su vida. Para eso hemos aprobado una ley de vivienda que da instrumentos a las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos para favorecer ese acceso.

Como ministra de Vivienda pido que sea aplicada en su totalidad por las comunidades autónomas, incluyendo la declaración de zonas tensionadas. Claramente Málaga es una ciudad tensionada en los precios del alquiler, hoy en Málaga, la renta de un alquiler medio está en el 100% del salario mínimo, que ha subido a 1.134 euros. Eso es un drama. Por eso pido al PP, que tiene interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, que dé un paso atrás y que aplique la Ley de Vivienda. También la autonomía local tiene mucho que decir en la regulación de los precios en los alquileres turísticos. La presencia de estos en las ciudades son actividades económicas que están condicionando claramente el mercado de la vivienda para uso residencial, donde los poderes públicos debemos intervenir porque se está produciendo una privación de un bien esencial como es el hogar a cambio de un recurso económico.

-El PP, aquí en la Junta de Andalucía, ya se ha negado a y a marcar este límite de precios. Alegan que sería sería un inconveniente para la oferta que se reduciría todavía más.

-Yo creo que tiene que replantearlo. Se lo he trasladado así a las comunidades autónomas en la última conferencia sectorial. Yo respeto, por supuesto, esa potestad que tienen las comunidades autónomas de recurrir las normativas del Estado y hay que ver y observar qué es lo que disponga el Tribunal Constitucional. Si uno se reivindica competente en una materia, lo que no puede sostener es que se queda conforme cuando en su comunidad autónoma hay ciudades el pago del alquiler cuesta el salario completo. Eso no es sostenible ni para esas familias ni para la economía de esas comunidades autónomas. Y si no les gusta esta herramienta, ¿qué van a hacer para que no haya trabajadores que destinen el 100% de su salario al pago de un alquiler?

-Lo que sí ha hecho la Junta es publicar un decreto para regular las viviendas turísticas, aquí se ha pedido que haya también un marco nacional, ¿plantean una ley que permita limitarlas?

-Es un asunto que estamos estudiando. En la Ley de Vivienda no se reguló por respeto a las competencias autonómicas y ahora estamos viendo qué podemos hacer para abordar esta cuestión con nuestras competencias. Yo reclamo aquí una autonomía local, porque la situación de la los alquileres turísticas no es la misma en una ciudad eminente turística, como pudiera ser Málaga, a la que pudiera ser un pueblo en la sierra, donde un alojamiento turístico es una oportunidad. Por las reacciones a este primer decreto andaluz, la sensación es que se ha quedado corto. El Gobierno de España tiene la mano tendida para apurar el margen de nuestras competencias e incidir en esta cuestión.

-¿Son partidarios de un número limitado, un tope?

-Somos muy favorables. Nosotros creemos que este tipo de actividades económicas tienen que tener una regulación como todas las actividades económicas y el Gobierno va a trabajar en ella. Esta es una cuestión que fundamentalmente origina el problema del incremento de la renta que hay que pagar por el alquiler, pero también genera problemas de convivencia y de modelo de ciudad. Al final, se termina expulsando a personas que quieren vivir y trabajar en su ciudad y se tienen que ir. Hay otros problemas que también condicionan el alquiler, claro, como es la nueva presencia de universidades privadas, que de un año a otro llegan con multitud de alumnos e incrementan las rentas. Oiga, si quiere montar una universidad privada, venga con una residencia para que no afecte al mercado del alquiler.

-La patronal de las viviendas turísticas argumenta que se les está demonizando y que influye más en el precio del alquiler la vivienda vacía que la turística.

-Es una realidad que las viviendas turísticas y sus rentas afectan a las de las viviendas para uso residencial, eso es incuestionable y es una regla que funciona siempre; a mayor presencia de viviendas turísticas, mayor renta de las viviendas para alquiler en uso residencial y, por tanto hay que regularlo. Igual que el sector hotelero tiene sus normas, está regulado y es una actividad económica muy positiva para nuestro país y del que nos sentimos muy orgullosos. La Unión Europea ya está abordando también esta realidad. Yo entiendo que las patronales de las viviendas turísticas defiendan a su propietario, pero yo soy la ministra de Vivienda y tengo que defender que todas las personas en Málaga tengan la posibilidad de vivir en la ciudad.

-En Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada, las ciudades con grandes universidades, es en las que más sube la vivienda. Aquí hemos publicado anuncios de habitaciones por 500 euros. ¿Le preocupa que el precio de la vivienda impida a los estudiantes formarse?

-Me preocupa, claro, y me ocupa. Es muy importante que los recursos públicos vayan a los estudiantes. En este país la educación ha jugado un papel fundamental en el ascensor social. Las residencias universitarias públicas han sido un elemento a sumar a otro tipo de políticas como las becas. Y las comunidades autónomas también deben plantearse la posibilidad desde lo público de ofertar este tipo de recursos que dan alojamiento a los estudiantes sin tensionar el mercado de alquiler. En lo que se refiere al contrato de habitación, la Ley de Vivienda no lo abordó porque es un contrato que se abordaba en el Código Civil, pero ya hay un grupo de trabajo con los alquileres temporales y abordará también los habitacionales.

-¿Cuáles son los principales proyectos que tiene el Gobierno de España en Andalucía?

-Hay una colaboración y un impulso del Gobierno de España en Andalucía sin precedentes. Lo que reclamo es la misma implicación por parte de las comunidades autónomas, que son las competentes en el esfuerzo presupuestario que está haciendo el Gobierno de España. Sólo en Planes Estatales de Vivienda, estamos invirtiendo más de 360 millones de euros, dirigidos fundamentalmente a alquiler asequible y otros 420 millones para rehabilitación de viviendas. En el Bono Joven vamos a invertir 70 millones de euros y en rehabilitación de edificios públicos destinamos más de 17 millones. En total, sumamos más 880 millones que se traducen en la construcción de casi 7.000 viviendas en alquiler asequible y la rehabilitación de casi 23.000 viviendas. Es una cifra de la que nos sentimos muy orgullosos.

-Ha mencionado el Bono Joven. Aquí la Junta ha tenido problemas para implementarlo, pero desde el primer momento, antes de implementarlo incluso, denunciaba que les avisó a ustedes que sería difícil su tramitación.

-Bueno, yo creo que ahí están los datos y la experiencia. Este un presupuesto que el Gobierno de España pone a disposición de los andaluces y las andaluzas sin tener la competencia. La Junta podría hacerlo sin necesidad de que nosotros lo impulsáramos. De hecho, lo que yo reclamo a los gobiernos autonómicos es que vengan a reforzar esta política de apoyo al alquiler para la juventud. La emancipación de los jóvenes es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país y con estas mismas bases con las que sacamos este programa, ha habido comunidades autónomas que lo hicieron de modo inmediato y otras que tuvieron problemas. Yo no me puedo hacer cargo de los problemas que ellos tuvieron. Yo sí que estoy muy pendiente de la situación que padecen los usuarios que nos han hecho saber y que nos han hecho llegar de distintas formas y especialmente a través de las denuncias que han hecho al Defensor del Pueblo.

-En Málaga, están urbanizando los terrenos que iban a ser para la Expo, con 1.400 viviendas, ¿saben ya cuál va a ser la fórmula para su promoción?

-Están en una fase inicial de urbanización. Lo que sí vamos a garantizar es que el uso de suelo público revertirá siempre en el interés público. Lo que no haremos nunca es lo que se ha practicado por parte de la derecha, promociones públicas que terminaron en manos de fondos buitres y especuladores. Vamos a garantizar que esas viviendas tengan finalidad pública para atender a unas necesidades de vivienda en alquiler asequible o vivienda social en Málaga.

-En esos terrenos se pretendía acoger el pabellón para una Expo. El alcalde tiene un 'plan b' para levantar un pabellón que pudiera albergar un evento internacional, ¿están abiertos a esa propuesta?

-El Gobierno de España siempre está con Málaga. Las mayores inversiones que han llegado a la ciudad siempre han venido de Gobiernos socialistas en la administración central. En estos momentos estamos centrados en la vivienda por parte de la entidad pública, pero yo entiendo la oportunidad de compartir una visita de estas viviendas con el alcalde, vamos a escuchar sus propuestas y todo lo que sea una contribución al desarrollo social y económico de la ciudad con un interés público lo vamos a estudiar y analizar, pero insisto, hoy la ciudad de Málaga y la comunidad autónoma de Andalucía han de atender lo que es una prioridad. Andalucía es una de las comunidades donde hay más ciudades con el mercado de la vivienda tensionado y con muchos andaluces pasando angustia por no poder acceder a una vivienda. Ahí vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos.

-En relación a la Agenda Urbana, en Málaga se lleva varias décadas reivindicando el tren litoral, que supondría un incentivo a la movilidad sostenible y, por tanto, a los ODS. La semana pasada el secretario de Estado de Transporte dijo "no tener datos" de que fuese rentable, a pesar de que hay multitud de informes que sí lo señalan. ¿Van a impulsar el proyecto desde el Ejecutivo?

-El Gobierno de España está haciendo una apuesta muy importante por el transporte público, de ahí todas las ayudas que estamos dando para los viajeros para poder acceder de manera gratuita o bonificada al 50%. Estamos haciendo una inversión en Málaga en su unión con Fuengirola [en la línea C-1 del Cercanías] para incrementar las frecuencias de paso. El proyecto del tren litoral está en el Ministerio de Transporte que está analizando como siempre esas demandas para actuar de forma oportuna.

-¿Se hará presión desde su Ministerio? Marbella es la única ciudad de más de 100.000 habitantes que no está enlazada por ferrocarril.

-Como digo, nunca antes Málaga había recibido tanta inversión, siempre que llegan grandes inversiones a Málaga llegan por parte de un gobierno socialista, la prioridad en estos momentos en Málaga es completar el incremento de las frecuencias. En el ámbito de las competencias, que no es el mío, es Transportes, estarán trabajando esta situación de la demanda de nuevos servicios y atendiendo el interés general.

-Se ha pronunciado esta mañana [por el jueves] a raíz de la torre del puerto afirmando que es más prioritario ahora mismo la vivienda que las plazas turísticas. Lo cierto es que el levantamiento de la prohibición que permita este proyecto dependerá del Consejo de Ministros. ¿Qué van a hacer cuando llegue a Consejo de Ministros?

-Es un trámite muy incipiente dentro del Ministerio de Transportes. Es un trámite administrativo que tendremos que observar y atender, pero mi opinión como ministra de Vivienda es que ante una emergencia de una gran parte de la población que dedica un gran tanto por ciento de su renta a pagar el alquiler e incluso llegando al 100% para pagarlo, la prioridad política ha de estar en la política pública de vivienda.

-¿Votará, por ende, ‘no’ cuando llegue a Consejo de Ministros?

-Tendremos que atender a los informes administrativos pertinentes.