Investigan a una promotora por una presunta estafa con pisos fantasma a más de mil compradores en Andalucía y Murcia

El Juzgado de Instrucción 1 de Granada ha abierto diligencias de investigación tras la querella presentada por varias familias que compraron pisos fantasma a la promotora Grupo 21, responsable de hasta 18 promociones sin construir en Granada, Almería y Murcia, firma que podría haber estafado a más de mil compradores.

En un auto dictado este mes de enero, el juzgado instructor ha ordenado incoar diligencias previas para localizar a los querellados, analizar el destino final del dinero entregado por las víctimas y estudiar también la responsabilidad de las entidades bancarias que gestionaron esas ventas, entre otros datos.

El letrado Francisco Javier Ortega Pardo, del despacho LexForma Abogados, ha explicado a Efe que presentó en diciembre una querella por vía penal en representación de varias de las familias que compraron pisos fantasma de la promotora Grupo 21 en Almuñécar (Granada).

A estos afectados se suman otras posibles víctimas de Grupo 21 en Almería y Murcia, ya que la promotora repitió el modelo de ofertar y publicitar viviendas junto a la playa en las tres provincias, recibir el dinero de la reserva de cada piso, y luego anunciar que no las construiría. Aunque en ese aviso Grupo 21 anunciaba también a los afectados que les devolvería el dinero, ese paso no se ha producido y la pareja responsable de la empresa está en paradero desconocido.

La primera de las querellas se presentó en Granada, donde también ha comenzado la primera instrucción de la causa, por lo que Ortega Pardo solicitará que las causas se unifiquen en una y que se dirija desde Granada.

Grupo 21 publicitó hasta 18 promociones en las tres provincias, un total de 1.172 viviendas por las que recibió dinero a cambio de nada con compradores de diferentes puntos del país, pero también holandeses, alemanes, belgas, franceses y suecos.

LexForma celebrará la próxima semana una reunión informativa en Almería para atender a los afectados de esta provincia y a los de Murcia, un encuentro para unificar criterios y solicitar también responsabilidad a la media docena de entidades bancarias que participaron en el proceso y que no blindaron esos importes.

El avance de la causa y el número de querellas que se presenten podría implicar que se unifique en la Audiencia Nacional para que todas las víctimas reciban la misma respuesta.

Ortega Pardo ha explicado además que la pareja responsable de Grupo 21 está ilocalizable tras cerrar las dos oficinas que tenía en Almería el pasado diciembre, coincidiendo con la interposición de la primera querella.

El letrado que representa a una veintena de familias ha apuntado que la cantidad defraudada rondaría entre los 20 y los 25 millones de euros.

Además, el domicilio social de la empresa está ubicado en una dirección de Córdoba que ahora es de un particular que nada tiene que ver con la promotora pero que recibe todos los requerimientos, denuncias y partes notariales.