Hornos ilegales de la carbonera de Moguer provocaron el gran incendio de Doñana de 2017
Continúa el procedimiento contra tres investigados por un fuego que estuvo diez días activo
El juez atribuye un presunto delito por una imprudencia grave que arrasó 8.468 hectáreas
La empresa negó la autoría de la catástrofe
El descomunal incendio que arrasó en 2017 el entorno de Doñana durante diez días no fue ningún accidente. Los daños fueron cuantiosos. Quemó una superficie de 8.468 hectáreas, unas 7.500 eran forestales y casi 1.000 no forestales en parte del Espacio Natural protegido. El pánico cundió en la comarca. El fuego devoró viviendas, vehículo, caravanas, campamentos, hoteles... Unas 2.500 personas tuvieron que ser desalojadas. La zona costera desde Mazagón a la Duna del Asperillo quedó carbonizada, “un daño ecológico que tardará años en recuperarse”, detalla el juez encargado del Juzgado número 2 de Moguer (Huelva), quien ha dictado en un auto la continuación del procedimiento contra los tres investigados. El instructor confirma que el probable origen del horror estuvo en una empresa carbonera de Moguer que usaba hornos ilegales.
El auto del juez instructor, fechado el 30 de mayo, incide en el “grave daño ambiental” del incendio. Lo recuerdan hasta los más jóvenes del lugar. Las llamas obligaron al corte de dos carreteras que cortaron las comunicaciones de varios municipios y de sus aledaños. Hubo tensión, ansiedad, miedo, pavor. Hasta diez días tardaron los bomberos en extinguir un fuego que necesitó de recursos locales, autonómicos y nacionales. Y la causa más plausible de la catástrofe, según las conclusiones del juez después del proceso pericial, “fue el transporte de partículas de carbón incandescentes desde las instalaciones” de la empresa carbonera hasta la vegetación cercana.
Sólo tres hornos autorizados de los doce que funcionaban
En cuestión de minutos, refleja el auto, el fuego se convirtió en el horror. En un abrir y cerrar de ojos, “en una progresión de menos a más desde el área de inicio hacia la masa forestal”, las llamas adquirieron “una gran virulencia”, originándose “multitud de focos secundarios” que devastaron uno de los parajes de mayor valor ecológico de Europa.
Las tres personas investigadas, a quienes el juez les atribuye un presunto delito de “incendio forestal por imprudencia grave”, están vinculadas a la empresa carbonera situada en el paraje de La Peñuela de Moguer. La empresa, como refiere el auto, se dedicaba a la elaboración de carbón vegetal. En la autorización para su actividad, que databa de junio de 2002, constaba el funcionamiento “exclusivamente” de tres hornos. Sin embargo, cuando llegó aquel pequeño apocalipsis, la carbonera contaba con doce.
Porque en febrero de 2017, aparte de otros siete añadidos años atrás, “solicitó la construcción de dos hornos en una zona distinta al lugar donde se encontraban los originarios”. Para autorizar su construcción, el Ayuntamiento de Moguer instó a la empresa a solicitar la correspondiente autorización a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, “autorización que nunca presentó”, prosigue el juez. Y pese a que no tenían las licencias, los nuevos hornos “se construyeron”, concluye el juez.
En unas condiciones meteorológicas adversas y sin vigilancia
La carbonera contaba con una resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente por la que se les autorizaba el uso de fuego en hornos de carbón o piconeras, aunque con unas condiciones concretas: un cortafuegos perimetral alrededor de cada horno que incluía la eliminación completa de la vegetación, mantener una adecuada vigilancia durante los periodos de combustión, hacer uso de los hornos en unos días y horas bajo unas circunstancias meteorológicas regladas. Sin embargo, el día de los hechos “no se cumplían” esas obligaciones, considera el juez, quien precisa que la construcción de los hornos 11 y 12 se llevó a cabo por una empresa de la que es administrador único uno de los tres imputados, quien se ocupaba de la producción del carbón y que era su máximo responsable.
Pese a las condiciones meteorológicas “extremadamente adversas” de ese día, con temperaturas por encima de los 39 grados, vientos fuertes y escasa humedad relativa, “la carbonera continuó con su actividad” aquel fatídico 24 de junio de 2017. Uno de los hornos ilegales quedó encendido por la tarde. La combustión fue desatendida. Las instalaciones se quedaron “sin personal alguno” y sin vigilancia. El infortunio se ocupó del resto.
Según el juez, el incendio se provocó sobre las 20:20. El motivo fue “la acción de alguna partícula de carbón vegetal incandescente procedente de la actividad” de la empresa carbonera “con suficiente potencia calorífica” que, “al entrar en contacto con la vegetación” que separaba “la fábrica de la masa forestal”, “por el arrastre del fuerte viento dominante”, quedó prendida. De la chispa a la explosión, se hizo la calamidad.
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