Hacienda recibe un nuevo varapalo por su ley de medidas contra el fraude fiscal

La Consejería de Hacienda sigue sin definir con acierto la fórmula con la que perseguir el fraude en las ayudas públicas que concede. El Consejo Económico y Social de Andalucía ha emitido un reciente dictamen en el que critica buena parte de los fines del anteproyecto, que acumula más de un año de correcciones. Fue el 24 de septiembre de 2013 cuando el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el anteproyecto de ley sobre el acceso a los beneficios públicos y de medidas contra el fraude fiscal, un texto que no llegó hasta este pasado enero al Consejo Económico sin que Hacienda explique los motivos de la demora. La intención del Ejecutivo es evitar el fraude social, una definición que no se utiliza, pero que el ex presidente Griñán introdujo en su discurso de investidura para referirse a un disfrute inmerecido de las ayudas públicas.

La entonces consejera de la Presidencia, Susana Díaz, anunció esta ley al cumplirse el primer año del Gobierno de coalición PSOE-IU en cumplimiento de los compromisos del presidente andaluz, José Antonio Griñán, y destacó la búsqueda de la "equidad". Sin embargo, la legislatura va a concluir por un adelanto electoral sin que este proyecto vea la luz.

El Consejo Económico y Social, pese a que "valora positivamente la necesidad de profundizar en la lucha contra el fraude fiscal y el establecimiento de requisitos de acceso a los beneficios públicos que garanticen su reparto de modo más equitativo", realiza una serie de observaciones muy críticas con el texto. Éstas van desde el título de la ley, al estimar que el contenido "no se corresponde con su título genérico, ya que en sus líneas generales no incide en medidas especiales para evitar el fraude, sino que principalmente refuerza actuaciones encaminadas al menor gasto".

El departamento de María Jesús Montero heredó esta iniciativa del anterior equipo liderado por Carmen Martínez Aguayo y entendió que el proyecto tal y como estaba redactado no iba a servir para mucho porque el concepto de beneficio público no estaba bien acotado. Los juristas del Consejo Económico consideran que sigue sin definirse claramente el concepto de beneficio público, "ya que en algunos casos implica reducciones en las cargas fiscales del sujeto y en otros casos implica el disfrute de una subvención, una ayuda familiar o una beca".

La intención de Hacienda pasa por endurecer los requisitos para las hasta 70 ayudas públicas que concede la Administración la Junta, con una mayor supervisión en la que además de los requisitos de la renta se compruebe también el patrimonio de los demandantes. Pero la forma en la que Hacienda quiere medir esta capacidad económica de las familias que solicitan una ayuda no convence al Consejo. "Los requisitos de capacidad económica son muy numerosos y muy restrictivos, en relación con el objeto que pretende el beneficio público", señala. Y añade: "El endurecimiento de las condiciones en términos de renta para poder acogerse a ciertos beneficios públicos hace dudar de la efectividad real de los mismos, lo que dejaría sin justificación a esta ley, al dejar sin cobertura a un número importante de familias que hasta ahora contaban con esos beneficios". Además, este órgano dependiente de la Junta de Andalucía señala que "parecen ser excesivos los datos de renta y patrimonio requeridos si se contextualizan en el colectivo de potenciales beneficiarios".

Este órgano asesor recuerda que algunos de los impuestos han experimentado modificaciones con motivo de la reforma fiscal del Gobierno central que entró en vigor el 1 de enero, por lo que recomienda una revisión de concordancia.

Al Consejo no sólo le parece excesiva la intención de la Junta de incrementar los requisitos para este tipo de familias, sino que también censura el seguimiento que pretende hacer a las empresas. Para cumplir con sus obligaciones formales, éstas van a poder presentar sus autoliquidaciones y otros datos requeridos de forma telemática, lo que el Consejo interpreta como "una presión fiscal indirecta excesiva".

El Consejo anota que no puede valorar el impacto económico o el social, en términos de beneficiarios económicos, ya que la memoria económica de la ley no aporta información al respecto. También señala en su exposición que si el objetivo era modificar la normativa existente sobre beneficios fiscales para adaptarla a los nuevos requisitos de capacidad económica, se podía haber resuelto con una modificación del texto que refunde estas ayudas, sin necesidad de crear una nueva ley a la que, según el texto que se le ha remitido, no ve sentido.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública no contestó a las preguntas formuladas por esta redacción sobre el retraso que acumula la ley y las posibles modificaciones a introducir tras las observaciones transmitidas por el Consejo Económico y Social en su dictamen.